27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

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Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, acompañados por integrantes de diversa organizaciones sociales recorrieron Iguala y Taxco del estado de Guerrero, Xoxocotla, Cuernavaca, Tepoztlan y Amilcingo del estado de Morelos y hoy están en la Ciudad de México para decirle al gobierno de Enrique peña Nieto que, a pesar de los 27 meses de impunidad en que se ha mantenido el caso, la lucha continua y no se detendrá hasta encontrarlos logrando verdad y justicia. Por eso, acudieron hoy a la Basílica de Guadalupe a renovar la fe y pedir a la virgen que les de fuerza y energía para que el próximo año logren encontrar a sus hijos a pesar de todos los obstáculos pues, saben que el 2017 será un año difícil y se enfrentaran a muchas adversidades, por ejemplo será un año en donde el tema electoral opacara muchas luchas, pues la prensa escrita dedicara mucho espacio y tiempo cubriendo el activismo de quienes pretendan ser candidatos por cualquiera de los partidos políticos o candidatos “independientes”, mientras que, en lugar de investigar a los militares por los hechos de Iguala  se pretende blindar el accionar del ejército mexicano mediante una reforma constitucional para otorgarle una carta de impunidad en su participación en tareas de seguridad pública, impunidad que le permitirá asesinar, desaparecer, torturar, realizar allanamiento de moradas, violar sexualmente a las mujeres, todo esto sin ser castigados, mientras que el proceso de privatización de todos los servicios sociales sigue su marcha concretando las reformas estructurales de este gobierno.

A eso y más tendrán que enfrentarse las miles de familias que buscan a sus seres queridos, por eso requieren fuerza y fortaleza espiritual, para seguir luchando en contra de la impunidad, el olvido y los intentos de las autoridades por desviar la atención y la exigencia de castigo a los verdaderos responsables pero, para esto es necesario no dejarlos solos pues, hoy por hoy la lucha de las 43 madres y padres posee toda la legitimidad para llegar hasta donde sea necesario, sin embargo necesitan que los diferentes movimientos sociales se acuerpen en torno a ellos, no dejarlos solos y blindarlos para que no sean afectados por el gobierno y sus esbirros.

EXIGIMOS:

AVANZAR EN LAS LINEAS DE INVESTIGACION  RECOMENDADAS POR EL GIEI.

INVESTIGAR AL EJERCITO MEXICANO.

DETENER A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO, POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43.

JUZGAR Y CASTIGAR ATODOS LOS RESPONSABLES DE LA MANIPULACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y FABRICACIÓN DE LA INSOSTENIBLE VERDAD HISTORICA.

BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

 

 

ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

BOLETÍN|ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

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  • Esposa e hijos han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.
  • No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia.

Ayutla de los Libre, Diciembre 19 de 2016.- El día domingo 18 de Diciembre hombres armados a bordo de un Tsuru blanco privaron de la vida a Constantino Díaz Pérez, uno de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán desde marzo de 2013. El hecho acontecido aproximadamente a las diez de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados.

Constantino Díaz de 36 años, realizaba trabajos eléctricos, razón por la cual acudió a Ayutla para comprar piezas. De acuerdo a la versión de los testigos, él se encontraba comprando algunas refacciones para arreglar el motor de una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida, cuando  un auto  Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, descendiendo un hombre encapuchado con un ak 47 y le disparo en varias ocasiones asestándole 6 balazos  que terminaron con su vida quedando ahí mismo otra persona herida, de inmediato el auto arranco con dirección a la salida que va hacia Tecoanapa.

Esposa, tres hijas y dos hijos de Constantino, han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.

Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente El día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10:00 el señor Hermelindo Díaz Pérez, se encontraba realizando sus labores del campo, en el paraje denominado La Palma II de la Unión, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la  espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el sujeto que estaba parado se dio la vuelta, y Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le empezó a disparar en ráfaga, por lo que él se tiró al suelo y rodó por la loma hasta que logró escapar, sus hermanos salieron en su defensa y con un rifle calibre .22” que utilizan para cazar animales del campo, repelieron la agresión y ante los disparos acudieron en su apoyo los Policías Ciudadanos de La Unión quienes repelieron la agresión, quedando en el tiroteo dos de los agresores muertos y un detenido.  A uno de los muertos se le encontró su credencial de elector, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de La Barrita, Municipio de Petatlán, Guerrero, por el origen de esta persona se confirmó que era cierta la amenaza de que los iban a seguir hasta donde estuvieran para acabar con ellos.

No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez  sea una represalia, ya que el viernes 9 de Diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de 1ª instancia del ramo penal del  Distrito Judicial de Mina.

Puntualizamos que el Gobierno del Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados de la Unión, pues según sus testimonios recalcan que las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 ha disminuido poco a poco hasta quedar sólo un elemento de la policía Estatal haciendo guardia.

De esta manera es muy importante que el Gobierno del Estado no deje el asesinato de Constantino Díaz Pérez como un hecho aislado, por ello, recalcamos las siguientes demandas:

-Investigación y castigo a los responsables.

-Solución a las necesidades de las familias desplazadas de acuerdo a los estándares internacionales.

 

 

 

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

 

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A. C.

Comunicado: Ley de seguridad Interior, una amenaza a los derechos humanos: OSC-Centro Morelos

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Ley de Seguridad Interior: una amenaza para los derechos humanos OSC

  • La iniciativa de Ley de Seguridad Interna representa una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares.
  • A años de la militarización del Estado de Guerrero la entidad representa el epicentro de la crisis a derechos humanos en el país.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)

 

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, Diciembre 11 de 2016.- A cinco años de la ejecución extrajudicial a manos de policías Judiciales, (ahora ministeriales), de dos normalistas durante un bloqueo que realizaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el periodo del entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero,  que corresponden a los nombres: Gabriel Echeverría de Jesús, originario de Tixtla y Jorge Alexis Herrera Pino, originario Atoyac, de 21 y 22 años de edad respectivamente quienes cursaban el tercer año de la carrera; permanecen en la impunidad.

El bloqueo que realizaron los normalistas el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, específicamente en el lugar conocido como “parador del Marques” se realizó para pedir una audiencia para tratar asuntos relacionados con su pliego petitorio que Aguirre Rivero prometió recibirlos desde el mes de mayo del mismo año cuando acudió a la Normal Rural, donde los Normalistas entregaron sus peticiones para mejorar la calidad de educación, así como la exigencia del cumplimiento de otras necesidades que la escuela tiene como la remodelación de la misma, becas alimenticias y económicas y otras más.

Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero, se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país. Con la muerte de Gabriel y Jorge Alexis, la CNDH realizó recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la realización del juicio político del entonces Procurador, Jorge Alberto López Rosa, mismo a quién no se le encontró responsabilidad. Tres años más tarde, en Iguala, durante la actividad de boteo y la toma de autobuses, los normalistas Julio Cesar Mondragón, Julio Cesar Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo perdieron la vida uno de ellos apareció desollado y 43 más fueron desaparecidos en manos de policías municipales, en el que se vieron involucrados miembros del ejército y de la marina, razón por la cual Aguirre se vio obligado a renunciar su cargo.

Rey David Cortes Flores e Ismael Matadamas Salinas son dos de los policías Judiciales que accionaron sus armas, responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder acceder a la justicia.

Ante la impunidad en que han quedado estos hechos, manifestamos nuestra amplia preocupación por la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el estado y en el país pues debemos recalcar ampliamente que hay una clara criminalización a la institución y se ha reflejado últimamente: el 4 de octubre en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en un supuesto asalto, son ejecutados dos jóvenes normalistas que regresaban de hacer sus prácticas de la capital, posteriormente en septiembre del 2016 durante una movilización en la exigencia de la presentación de los 43 Normalistas desaparecidos, fuera del Palacio de Gobierno, policías de la Fuerza Estatal detienen alrededor de diez estudiantes, mismos que son fuertemente reprimidos y posteriormente entregados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello exigimos:

1.-La presentación con vida de los 43 Normalistas desaparecidos.

2.-Verdad y justicia para los asesinados.

3.-Garantías para la no repetición de los hechos.

4.-Respeto al trabajo del Mecanismo Espacial de Seguimiento.

5.-Alto a la criminalización a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

 

 

CHILAPA SIN SALUD: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

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COMUNICADO

CHILAPA SIN SALUD: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Chilapa de Álvarez, Gro, Diciembre 08 de 2016.- El día de ayer trabajadores del Hospital General del municipio de Chilapa manifestaron su inconformidad por las malas condiciones sanitarias en las que atienden a los pacientes, la escases de equipo y materiales para ofrecer una atención digna a la población, así también el atraso de pagos a 30 enfermeras y enfermeros.
Ante ello manifestamos nuestra preocupación, para que se resuelva de inmediato esta crisis que existe en el sector salud, pues consideramos que es indispensable que se garantice una buena atención médica por parte del hospital general, siendo esté para muchas personas que son de escasos recursos y provenientes de comunidades vulnerables, la primera instancia a la que acuden para que se les dé una atención médica.
Puntualizamos que la falta de interés de las autoridades no es reciente, pues desde el 2011 comenzaron las obras de un nuevo Hospital y actualmente sigue sin estar en funcionamiento. Es imposible concebir que un hospital que cuenta con un poco más de un centenar de trabajadores, se de abasto en atender una población de más de 325,351 habitantes de los municipios de Chilapa, Zitlala, Atlixtac, José Joaquín Herrera y Ahuacotzingo, y que pese a ello se encuentre en condiciones indignantes.
Consideramos que los recursos destinados para la salud deben tener un buen manejo administrativo pues no hay una explicación que manifieste el paradero de los recursos que se destinan para solventar la precariedad del hospital General de Chilapa, ni tampoco la razón por la cual se han detenido los pagos de las enfermeras y enfermeros que laboran en dicho hospital.
La salud es uno de los derechos fundamentales para la humanidad y según la fracción XVI del Artículo 73 Constitucional, dice que es la obligación del Estado garantizar ese derecho, por ello exigimos a las autoridades correspondientes a ofrecer buenas condiciones de salubridad, tanto para los pacientes como los trabajadores de dicho hospital.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”