28 MESES DE IMPUNIDAD A LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS

28 MESES DE IMPUNIDAD A LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS

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Enero 26 de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- Se cumplen 28 meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en manos de la policía municipal, con la participación de la policía federal, ministerial y el Ejército mexicano, y en el que otros tres perdieron la vida de manera brutal, dejando a uno de ellos con el rostro desollado.

Cada vez se descubren más indicios que el Estado mexicano es el responsable  de la desaparición de los normalistas y no es descabellado pensar que de muchos desaparecidos más. El hecho de que la PGR haya ocultado información sobre el trasiego de drogas es un indicio de la gran corrupción que cubre a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

El  crimen de Estado cometido en Iguala es uno de los casos más paradigmáticos ya que es un hecho que el Estado no va a castigarse así mismo, por ello es de gran trascendencia  que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se vea obstaculizado como lo fue  el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Es importante mencionar que los padres de los 43 Normalistas desaparecidos se han mantenido en la exigencia de la presentación de sus hijos con vida y han recurrido a muchas acciones de protesta, tocando incluso no solo la puerta de todas las instancias de gobierno sino también a nivel internacional, sin embargo, la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud.

En el transcurso de estos meses, los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales se han enfrentado con un gran número de incidentes promovidos  desde las altas esferas del Estado, que van desde la criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización  del movimiento de los padres, engaños, intentos de corromperlos y dividir el movimiento,  intervención de llamadas e incluso amenazas de muerte.

El caso de los 43 desaparecidos representa el 98% de las violaciones a derechos humanos cometidos en México que siguen sin resolverse mencionado en el informe preliminar de Michel Forst, Relator Especial de la ONU para defensores de derechos humanos, después de visitar el país.

 

EXIGIMOS:

-RESPETO Y FACILIDAD PARA QUE EL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO REALICE SU TRABAJO SIN OBSTACULOS.

-CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL GIEI

-QUE SE INVESTIGUE AL EJERCITO

-ALTO A LOS INTENTOS DE DIVIDIR A LOS PADRES

 

 

 

Atentamente:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA, MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COMUNICADO|LOS DESPLAZADOS DE QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS OLVIDADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

LOS DESPLAZADOS DE QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS OLVIDADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

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  • el gobierno no ha cumplido con lo que la ley 487 establece para prevenir y atender el desplazamiento interno.
  • los desplazados nahua hablantes firmaron la Acta Circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos.
  • que se cumpla por parte del Estado con los Principios Rectores en Materia de Desplazamiento Interno expedidos por la ONU

Enero 26 de 2017, Chilapa de Álvarez, Gro.- El 06 de enero se cumplió un año de que un grupo de hombres armados entraron a la comunidad nahua de Quetzalcoatlán  de las Palmas municipio de Zitlala, dejando a seis personas privadas de la vida con armas de fuego, donde los pobladores se vieron forzados a desplazarse a la cabecera municipal.

El 15 de julio del mismo año las familias que permanecían en el albergue temporal regresaron a su comunidad después de reunirse con la Directora General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, Mariana Contreras Soto; la Representante de la Subsecretaria del Gobierno de Desarrollo político, Ofelia Morales Jiménez; el Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos, Adelaido Memije Martínez y, el Secretario General del H. Ayuntamiento y Directora del DIF Municipal, Roberto Panchito y la Enfermera Cecilia Miranda Astudillo, para firmar una Acta Circunstanciada donde el Gobierno del Estado de Guerrero se deslinda por completo de los desplazados.

En esta reunión “como alternativa para dar una solución duradera” a los desplazados, el Gobierno del Estado entregó a las familias la cantidad de 8,000.00 (ocho mil pesos), también se dejaron bajo resguardo del H. Ayuntamiento con el compromiso de hacer entrega a las familias la cantidad de sesenta colchonetas, sesenta cobertores y 48 despensas, mismos que a más de medio año no se les ha entregado.

Con el compromiso verbal del Presidente Municipal de apoyarles con otra cantidad económica que no ha sido entregado, los desplazados nahua-hablantes firmaron la Acta Circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos.

Actualmente los pobladores de Quetzalcoatlan aun estando en su comunidad, permanecen como si aún estuvieran desplazados, pues el gobierno no ha cumplido con lo que la ley 487 establece para prevenir y atender el desplazamiento interno, ya que en dicha ley se señala  que los desplazados deben gozar todos los derechos dispuestos en la constitución mexicana y que conforme al artículo 1° fracción IV, 5° y 6° de dicha ley, los menores deben vivir en un lugar seguro libre de maltrato y de cualquier tipo de violencia, tener acceso a educación básica. Además estipula que “los desplazados tienen derecho a transitar de manera libre dentro del territorio”, que se les “proporcionará un lugar para su reubicación, caso contrario, será retornado a su lugar de origen brindando se garanticen las condiciones de vida dignas y de seguridad necesarias”.

Sin embargo en la comunidad de difícil acceso carecen de agua potable, educación, personal de salud y medicamentos. Para vender sus productos y comprar alimento los pobladores tienen que salir de la comunidad sin la protección necesaria ya que las medidas cautelares solo contempla el resguardo de la comunidad por parte de la policía estatal y, cuando los pobladores se ven en la necesidad de salir, ponen en riesgo su vida.

Las condiciones de vida donde se encuentran viviendo los desplazados de Quetzalcoatlán son muy precarias, los pobladores manifiestan tener miedo pues en caso de sufrir otro ataque de la misma o mayor magnitud sus viviendas no serán un refugio donde puedan salvaguardar sus vidas.

Por ello exhortamos a las autoridades correspondientes que atiendan las necesidades básicas de las poblaciones que son desplazadas por la delincuencia organizada y que en caso de retornar a su comunidad de origen sea en condiciones de vida digna, pues, en  Quetzalcoatlán de las Palmas se vive en condiciones de extrema pobreza a consecuencia del accionar de la delincuencia organizada.

 

 

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¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COMUNICADO| Visita del Relator Especial de la ONU para defensores de derechos humanos es de suma importancia ante la crisis de seguridad en Guerrero.

COMUNICADO| Visita del Relator Especial para defensores de derechos humanos es de suma importancia ante la crisis de seguridad en Guerrero.

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  • La violencia en guerrero se refleja en desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, torturas e impunidad.
  • La protección de defensores de derechos humanos es un asunto urgente.

Enero 25 de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- El día de ayer el Relator Especial  de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos, Michel Forst, dio a conocer un informe preliminar sobre la reciente visita que realizó al país mexicano acudiendo a cinco entidades federativas, entre ellas Guerrero en la que escucho testimonios de defensores de derechos humanos sobre la situación que viven al realizar su labor como tal.

En dicho informe emitie recomendaciones a los organismos y agencias de la ONU, a las universidades, a empresas y otros actores no estatales, a la comunidad internacional en México y a la sociedad civil, por lo que manifestamos nuestro particular interés para que se tomen en cuenta esencialmente al momento de crear leyes que hasta hoy, como bien lo menciona Michel Forst, solo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

La visita del Relator Especial es de suma importancia ante la crisis de seguridad que se ha vivido de manera general desde el 2014 y que en Guerrero se ha reflejado con las cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas.

La protección para defensores de derechos humanos es un asunto urgente, pues como se constató el Sr. Forst en menos de un día, al escuchar a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones de la sociedad civil, que denominó como: “defensores emergentes” y a periodistas, la situación en que se defienden los derechos humanos son de alto riesgo.

Compartimos que el mecanismo de seguridad sea accesible para quienes corren mayor peligro, pues no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados.

Reiteramos que lo manifestado en el informe preliminar del Relator nos confirma la certeza que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el Gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la ley de seguridad interior no es la solución para acabar con la violencia.

Como Centro de Derechos Humanos respaldamos las recomendaciones del Relator Espacial para defensores de derechos humanos con el fin de disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune.

 

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

 

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país. 

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Reunidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 47 organizaciones sociales y de Derechos Humanos acordamos emitir el siguiente pronunciamiento en relación al riesgo de constitucionalizar la militarización del país.

La cámara de diputados, así como el Senado de la República han acordado que en menos de treinta días estará aprobada la Ley de Seguridad Interior, ante lo cual ya comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de la Ley de Seguridad Interior, lo cual genera mucha preocupación para   las 47 Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos que participamos en la reunión de la Asamblea Nacional Popular realizada este sábado 14 de Enero.                                                                                                                           Nuestra preocupación radica en que, de ser aprobada esta ley, será regresiva para los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana desde el 10 de Junio del 2011, ya que significaría constitucionalizar la dictadura militar que, en los hechos ya existe en nuestro país, y que más la vemos como una medida de contrainsurgencia en contra del pueblo que se organiza para  protestar en contra de las reformas estructurales que afectan gravemente los Derechos Humanos de todos los mexicanos y, que hoy  se manifiestan en  contra del incremento del precio de la gasolina y que ha provocado una inflación galopante de los precios de alimentos, servicios públicos, medicina, educación, así como el pago de mayores impuestos, mientras que el insultante aumento al salario mínimo de quienes tiene la fortuna de contar con algún empleo solo fue del 3.9% y que en nada se compara con la elevación del precio de la gasolina y los aumentos que ha provocado, agregando que desde hace 10 años el país se encuentra colapsado por la crisis humanitaria producto de las violaciones a los derechos humanos generados por las decisiones equivocadas para combatir el narcotráfico, una guerra emprendida por Felipe Calderón que ha empeorado la situación de seguridad, tanto, que las cifras de homicidios, desaparecidos, torturas, feminicidios y desplazados se han multiplicado en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto.

La militarización en el país no es la solución para esta gran problemática que ha rebasado a las autoridades a lo largo de los últimos diez años, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a las víctimas y al pueblo de México nos ha quedado claro que en nuestro país, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares siempre quedan en la impunidad, ya que a pesar de que sean las autoridades civiles las que conozcan del caso, siempre se supeditan a las ordenes castrenses y terminan exonerándolos, lo cual hace que se tenga que buscar justicia en el sistema penal internacional como sucedió en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega  si dejar de mencionar el caso de Tlatlaya y otros homicidios en donde se presume la participación de miembros del ejército mexicano,  por toda la experiencia acumulada a lo largo de la histórica, la sociedad en general tiene una completa desconfianza en que con la presencia del ejército en las calles la seguridad pública esté garantizada y si, por el contrario dicha Ley de Seguridad Interior signifique una garantía de impunidad para cuando el ejército cometa asesinatos, tortura, desapariciones, violación sexual, allanamiento de morada, hostigamiento en contra de la población en general o contra luchadores sociales, trabajadores de los medios de comunicación o defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Reconocemos que se necesitan medidas inmediatas para contrarrestar los riesgos que se viven en nuestro país, sin embargo el camino que se quiere emprender, aprobando leyes de esta naturaleza no conducen a un bienestar social y, lejos de lograr la paz lo que se obtendrá será un país más colapsado.

Lar organizaciones firmantes nos unimos en la exigencia de que esta ley no sea aprobada sin estar debidamente analizada y tomando en cuenta las recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Pedimos que nuestro país avance con políticas públicas que cumplan con las necesidades de cada entidad federativa. Que la Cámara de Diputados tomen decisiones con responsabilidad cuando se trata de salvaguardar la seguridad social.

Por todo lo anterior hacemos un llamado al pueblo en general, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles de derechos humanos, a los integrantes de los congresos locales así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos humanos a pronunciarse en contra de la aprobación de la ley de Seguridad Interna.

 

EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE MÉXICO, A LOS SENADORES Y DIPUTADOS.

Respeto al artículo 21 que  establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.

No confundir los conceptos de seguridad interior y seguridad pública porque pone en grave riesgo los derechos humanos.

No a la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Impulsar un mecanismo de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

Implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública que garantice el respeto a los derechos humanos.

 

Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

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Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

Chilapa de Álvarez, Gro. Enero 12 de 2017.- Ante el incremento del precio de la gasolina que se dio desde el primero de enero se reflejado el incremento al precio de la Gasolina a traído  consigo el incremento generalizado en el precio de otros productos como el gas LP, pasajes y alimentos que afectan el bolcillo de la ciudadanía, pues hay una gran diferencia con el deprimente incremento al salario mínimo de 7.00 pesos, lo cual contrasta con las grandes cantidades que se auto-asignan los diputados, senadores y otros funcionarios. Lo anterior ha dado como resultado que desde los primeros días de enero diversos sectores de la sociedad se manifiesten  en diferentes puntos del Estado y del país, como reflejo de la inconformidad social generalizada, pues con la cadena de incrementos en los precios de los diversos artículos en el mercado, los ciudadanos se verán imposibilitados para atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación, el vestido etc.

Consideramos que la lógica que el Presidente Enrique Peña Nieto, argumenta en su mensaje explicando los motivos por la alza de los precios, está fuera de contexto, pues la moneda mexicana no se puede comparar con la de otros países como Estados Unidos o de Europa. Es ilógico que un país que tiene regiones viviendo en pobreza extrema incremente el precio de la gasolina, pretendiendo igualarlo  a estándares internacionales, por lo tanto es totalmente entendible que la ciudadanía salga a las calles a manifestar su enojo e inconformidad, enfrentando la criminalización y los intentos gubernamentales de deslegitimar, estas manifestaciones no son más que la muestra de la impotencia y la rabia ante un política económica diseñada para seguir beneficiando a los ricos capitalistas a costa de hundir en una mayor miseria al pueblo, por lo tanto  su lucha además de ser legitima demuestra  su hartazgo del mal gobierno que encabezado hoy por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por otra parte, es preocupante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en vez de regular los costos de la gasolina de acuerdo al incremento del salario mínimo anuncie que tomará represalias contra quienes incrementen precios por el “gasolinazo”, cosa que es inevitable.

Por ello manifestamos nuestra solidaridad a los que manifiestan su inconformidad sin ningún interés político electoral de por medio, teniendo claro que los partidos políticos se han aprovechado de esta coyuntura para banderear movilizaciones cuando todos ellos han votado por reformas que afectan a los más pobres.

Consideramos que existen otras formas de contar con los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades utilizadas como justificación para el aumento del precio de la gasolina, como ya se ha manifestado a través de las redes sociales como es acabar con la corrupción y dejar de otorgar recursos a quienes como parte del estado solo han servido para avalar una serie de reformas estructurales a modo del presidente y del sistema capitalista.

Hoy Enrique Peña Nieto acompañado de empresarios, sindicato y partidos políticos, todos ellos cómplices incondicionales, ha anunciado un plan de protección a la economía familiar, que, consiste en medidas y programas que solo quedaran como meros enunciados y que en nada aliviaran la crisis económica de los millones de mexicanos que viven en la miseria.

Finalmente manifestamos que nuestra preocupación reside en las afectaciones que se irán dando en el transcurso del 2017, el llamado “gasolinazo”  es un mal comienzo que traerá consigo un empeoramiento en la crisis de derechos humanos que ya se vive en el país, ya que el gobierno enfrentara el descontento del pueblo con mayor militarización y el huso de la fuerza con tal de no dar marcha atrás con su política económica que lesiona los más elementales derechos humanos.

Por lo que, nos mantendremos alerta ante los posibles actos de represión que se desaten en contra de los manifestantes, para documentar y apoyar las denuncias correspondientes.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.