La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país. 

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Reunidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 47 organizaciones sociales y de Derechos Humanos acordamos emitir el siguiente pronunciamiento en relación al riesgo de constitucionalizar la militarización del país.

La cámara de diputados, así como el Senado de la República han acordado que en menos de treinta días estará aprobada la Ley de Seguridad Interior, ante lo cual ya comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de la Ley de Seguridad Interior, lo cual genera mucha preocupación para   las 47 Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos que participamos en la reunión de la Asamblea Nacional Popular realizada este sábado 14 de Enero.                                                                                                                           Nuestra preocupación radica en que, de ser aprobada esta ley, será regresiva para los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana desde el 10 de Junio del 2011, ya que significaría constitucionalizar la dictadura militar que, en los hechos ya existe en nuestro país, y que más la vemos como una medida de contrainsurgencia en contra del pueblo que se organiza para  protestar en contra de las reformas estructurales que afectan gravemente los Derechos Humanos de todos los mexicanos y, que hoy  se manifiestan en  contra del incremento del precio de la gasolina y que ha provocado una inflación galopante de los precios de alimentos, servicios públicos, medicina, educación, así como el pago de mayores impuestos, mientras que el insultante aumento al salario mínimo de quienes tiene la fortuna de contar con algún empleo solo fue del 3.9% y que en nada se compara con la elevación del precio de la gasolina y los aumentos que ha provocado, agregando que desde hace 10 años el país se encuentra colapsado por la crisis humanitaria producto de las violaciones a los derechos humanos generados por las decisiones equivocadas para combatir el narcotráfico, una guerra emprendida por Felipe Calderón que ha empeorado la situación de seguridad, tanto, que las cifras de homicidios, desaparecidos, torturas, feminicidios y desplazados se han multiplicado en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto.

La militarización en el país no es la solución para esta gran problemática que ha rebasado a las autoridades a lo largo de los últimos diez años, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a las víctimas y al pueblo de México nos ha quedado claro que en nuestro país, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares siempre quedan en la impunidad, ya que a pesar de que sean las autoridades civiles las que conozcan del caso, siempre se supeditan a las ordenes castrenses y terminan exonerándolos, lo cual hace que se tenga que buscar justicia en el sistema penal internacional como sucedió en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega  si dejar de mencionar el caso de Tlatlaya y otros homicidios en donde se presume la participación de miembros del ejército mexicano,  por toda la experiencia acumulada a lo largo de la histórica, la sociedad en general tiene una completa desconfianza en que con la presencia del ejército en las calles la seguridad pública esté garantizada y si, por el contrario dicha Ley de Seguridad Interior signifique una garantía de impunidad para cuando el ejército cometa asesinatos, tortura, desapariciones, violación sexual, allanamiento de morada, hostigamiento en contra de la población en general o contra luchadores sociales, trabajadores de los medios de comunicación o defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Reconocemos que se necesitan medidas inmediatas para contrarrestar los riesgos que se viven en nuestro país, sin embargo el camino que se quiere emprender, aprobando leyes de esta naturaleza no conducen a un bienestar social y, lejos de lograr la paz lo que se obtendrá será un país más colapsado.

Lar organizaciones firmantes nos unimos en la exigencia de que esta ley no sea aprobada sin estar debidamente analizada y tomando en cuenta las recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Pedimos que nuestro país avance con políticas públicas que cumplan con las necesidades de cada entidad federativa. Que la Cámara de Diputados tomen decisiones con responsabilidad cuando se trata de salvaguardar la seguridad social.

Por todo lo anterior hacemos un llamado al pueblo en general, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles de derechos humanos, a los integrantes de los congresos locales así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos humanos a pronunciarse en contra de la aprobación de la ley de Seguridad Interna.

 

EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE MÉXICO, A LOS SENADORES Y DIPUTADOS.

Respeto al artículo 21 que  establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.

No confundir los conceptos de seguridad interior y seguridad pública porque pone en grave riesgo los derechos humanos.

No a la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Impulsar un mecanismo de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

Implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública que garantice el respeto a los derechos humanos.