28 MESES DE IMPUNIDAD A LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS

28 MESES DE IMPUNIDAD A LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS

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Enero 26 de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- Se cumplen 28 meses de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en manos de la policía municipal, con la participación de la policía federal, ministerial y el Ejército mexicano, y en el que otros tres perdieron la vida de manera brutal, dejando a uno de ellos con el rostro desollado.

Cada vez se descubren más indicios que el Estado mexicano es el responsable  de la desaparición de los normalistas y no es descabellado pensar que de muchos desaparecidos más. El hecho de que la PGR haya ocultado información sobre el trasiego de drogas es un indicio de la gran corrupción que cubre a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

El  crimen de Estado cometido en Iguala es uno de los casos más paradigmáticos ya que es un hecho que el Estado no va a castigarse así mismo, por ello es de gran trascendencia  que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se vea obstaculizado como lo fue  el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Es importante mencionar que los padres de los 43 Normalistas desaparecidos se han mantenido en la exigencia de la presentación de sus hijos con vida y han recurrido a muchas acciones de protesta, tocando incluso no solo la puerta de todas las instancias de gobierno sino también a nivel internacional, sin embargo, la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud.

En el transcurso de estos meses, los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales se han enfrentado con un gran número de incidentes promovidos  desde las altas esferas del Estado, que van desde la criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización  del movimiento de los padres, engaños, intentos de corromperlos y dividir el movimiento,  intervención de llamadas e incluso amenazas de muerte.

El caso de los 43 desaparecidos representa el 98% de las violaciones a derechos humanos cometidos en México que siguen sin resolverse mencionado en el informe preliminar de Michel Forst, Relator Especial de la ONU para defensores de derechos humanos, después de visitar el país.

 

EXIGIMOS:

-RESPETO Y FACILIDAD PARA QUE EL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO REALICE SU TRABAJO SIN OBSTACULOS.

-CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE LAS RECOMENDACIONES DEL GIEI

-QUE SE INVESTIGUE AL EJERCITO

-ALTO A LOS INTENTOS DE DIVIDIR A LOS PADRES

 

 

 

Atentamente:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA, MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COMUNICADO|LOS DESPLAZADOS DE QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS OLVIDADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

LOS DESPLAZADOS DE QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS OLVIDADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

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  • el gobierno no ha cumplido con lo que la ley 487 establece para prevenir y atender el desplazamiento interno.
  • los desplazados nahua hablantes firmaron la Acta Circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos.
  • que se cumpla por parte del Estado con los Principios Rectores en Materia de Desplazamiento Interno expedidos por la ONU

Enero 26 de 2017, Chilapa de Álvarez, Gro.- El 06 de enero se cumplió un año de que un grupo de hombres armados entraron a la comunidad nahua de Quetzalcoatlán  de las Palmas municipio de Zitlala, dejando a seis personas privadas de la vida con armas de fuego, donde los pobladores se vieron forzados a desplazarse a la cabecera municipal.

El 15 de julio del mismo año las familias que permanecían en el albergue temporal regresaron a su comunidad después de reunirse con la Directora General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, Mariana Contreras Soto; la Representante de la Subsecretaria del Gobierno de Desarrollo político, Ofelia Morales Jiménez; el Visitador Adjunto de la Comisión de los Derechos Humanos, Adelaido Memije Martínez y, el Secretario General del H. Ayuntamiento y Directora del DIF Municipal, Roberto Panchito y la Enfermera Cecilia Miranda Astudillo, para firmar una Acta Circunstanciada donde el Gobierno del Estado de Guerrero se deslinda por completo de los desplazados.

En esta reunión “como alternativa para dar una solución duradera” a los desplazados, el Gobierno del Estado entregó a las familias la cantidad de 8,000.00 (ocho mil pesos), también se dejaron bajo resguardo del H. Ayuntamiento con el compromiso de hacer entrega a las familias la cantidad de sesenta colchonetas, sesenta cobertores y 48 despensas, mismos que a más de medio año no se les ha entregado.

Con el compromiso verbal del Presidente Municipal de apoyarles con otra cantidad económica que no ha sido entregado, los desplazados nahua-hablantes firmaron la Acta Circunstanciada sin entender los términos donde renuncian a sus derechos.

Actualmente los pobladores de Quetzalcoatlan aun estando en su comunidad, permanecen como si aún estuvieran desplazados, pues el gobierno no ha cumplido con lo que la ley 487 establece para prevenir y atender el desplazamiento interno, ya que en dicha ley se señala  que los desplazados deben gozar todos los derechos dispuestos en la constitución mexicana y que conforme al artículo 1° fracción IV, 5° y 6° de dicha ley, los menores deben vivir en un lugar seguro libre de maltrato y de cualquier tipo de violencia, tener acceso a educación básica. Además estipula que “los desplazados tienen derecho a transitar de manera libre dentro del territorio”, que se les “proporcionará un lugar para su reubicación, caso contrario, será retornado a su lugar de origen brindando se garanticen las condiciones de vida dignas y de seguridad necesarias”.

Sin embargo en la comunidad de difícil acceso carecen de agua potable, educación, personal de salud y medicamentos. Para vender sus productos y comprar alimento los pobladores tienen que salir de la comunidad sin la protección necesaria ya que las medidas cautelares solo contempla el resguardo de la comunidad por parte de la policía estatal y, cuando los pobladores se ven en la necesidad de salir, ponen en riesgo su vida.

Las condiciones de vida donde se encuentran viviendo los desplazados de Quetzalcoatlán son muy precarias, los pobladores manifiestan tener miedo pues en caso de sufrir otro ataque de la misma o mayor magnitud sus viviendas no serán un refugio donde puedan salvaguardar sus vidas.

Por ello exhortamos a las autoridades correspondientes que atiendan las necesidades básicas de las poblaciones que son desplazadas por la delincuencia organizada y que en caso de retornar a su comunidad de origen sea en condiciones de vida digna, pues, en  Quetzalcoatlán de las Palmas se vive en condiciones de extrema pobreza a consecuencia del accionar de la delincuencia organizada.

 

 

Atentamente:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.