Comunicado | LA CEAV DE GUERRERO NACE MUERTA Y SIN AVAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

LA CEAV DE GUERRERO NACE MUERTA Y SIN AVAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

-Sin legitimidad y sin trayectoria en derechos humanos se nombra al nuevo titular

-Denuncian ONG falta de compromiso del Ejecutivo Estatal para atender las propuestas de los colectivos de familiares, sobre el nombramiento del nuevo titular 

-Hacen falta acciones eficaces y autónomas para garantizar el acceso a la justicia, la debida reparación del daño y de no repetición

Chilpancingo, Guerrero a 22 de Junio de 2017.- Luis Camacho Mancilla fue nombrado como Titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero el pasado 19 de junio de 2017, sin embargo, su nombramiento se da en un contexto estatal en donde la violencia se ha enseñoreado, dejando en un estado de indefensión a las familias que a diario dan la batalla para dar con el paradero de sus hijos.

Es un nombramiento que nace muerto porque no cuenta con el respaldo de las personas que son directamente afectadas, y porque estos nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso diario con las personas que sufren el flagelo de la violencia.

Si bien la Ley de Atención a Víctimas establece que por única ocasión el Comisionado puede ser propuesto por el Gobernador al Congreso Local, y para el siguiente periodo deberá enviar una terna previa consulta a las y los familiares de las víctimas; ni el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ni el Congreso Local tuvieron a bien incluir en el proceso a quienes se han visto directamente afectados por las omisiones del estado, la violencia y la impunidad.

De manera unilateral y dejando de lado los planteamientos de los colectivos de víctimas se impuso la titularidad de Camacho Mancilla, de quien se desconoce una trayectoria a favor de los derechos humanos y no cuenta con antecedentes de trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino más bien su trabajo se reduce a haber sido parte de la Comisión para la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado.

Por otra parte, es preocupante el incremento de los desplazamientos forzados, los feminicidios, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de fosas clandestinas, lo que sin duda implica un reto en el que las víctimas deben ser tratadas con profesionalidad, sensibilidad y eficacia y no con acciones supeditadas al Gobierno Estatal, como se prevé con el reciente nombramiento.

Es indispensable que el titular de esta institución tenga un verdadero compromiso con las víctimas, sensibilidad humana, experiencia en ese tipo de atención, autonomía de decisión y los recursos necesarios para demostrar una atención profesional y con compromiso ético a favor de las víctimas y para dar una buena atención a las demandas de sus familias, pues ante la falta de estas características la población en general no confía en los elementos de seguridad ni en las autoridades.

A diferencia de la burocracia que persiste en nuestro estado, este cargo debe de cimentarse en la confianza y cercanía de la gente que ha sido ignorada y re victimizada en su lucha por defender su derecho a ser atendidos con respeto y dignidad.

Es preocupante que tanto el Gobernador de Guerrero como el Congreso Estatal, no hayan tomado en cuenta los criterios que han planteado los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la atención a víctimas y que hayan prevalecido más los intereses de grupo, una actitud irresponsable, insensible y autoritaria frente al dolor y las necesidades urgentes de las víctimas.

En ese sentido, las organizaciones civiles nos solidarizamos y hacemos eco de esta demanda dolida de las víctimas, por no sentirse representados y escuchados ante las instancias gubernamentales, por lo que pugnaremos para que el centro de la acción gubernamental sean las víctimas y sus familias y para que no se denigre ni se trivialice su lucha. Son ellos y ellas, las que hoy marcan el derrotero de lo que representa un cambio en el sistema de justicia y en la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, es importante mencionar que ante la ausencia de soluciones reales a las problemáticas que incrementan la violencia e impunidad en el estado, el número de víctimas continúa en aumento, sin que hasta la fecha se garantice su acceso a la justicia, la debida reparación del daño y mucho menos existen garantías de no repetición, por lo que desde los tres niveles de gobierno, de manera autónoma y de acuerdo a su competencia, es urgente que se tomen acciones que se encaminen hacia ese objetivo.

ATENTAMENTE:

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON”

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA”TLACHINOLLAN”

MARIO VERGARA HERNÁNDEZ

COLECTIVO “BUSCADORES DE FOSAS” DE IGUALA

EL COLECTIVO DE PADRES Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS SECUESTRADOS Y ASESINADOS EN EL ESTADO DE GUERRERO Y EL PAÍS.

COLECTIVO “FAMILIAS DE ACAPULCO EN BUSCA DE SUS DESAPARECIDOS”

 

Comunicado | Las agresiones contra las Normales Rurales que no cesan.

Las agresiones contra las Normales Rurales que no cesan.

Ayotzinapa, Guerrero a 21 de junio del año 2017.- El día de hoy alrededor de las trece horas, estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, protestaban en las inmediaciones de este poblado por el retraso en el pago de sus becas y otros adeudos que el gobierno tiene con la Escuela, cuando llegó la Policía Estatal y Federal y sin mediar diálogo alguno los agredieron. Los estudiantes se replegaron a su escuela. Los policías intentaron ingresar violentamente a las instalaciones de la Normal pero los normalistas lo evitaron intentando increpar a la Policía. Las fuerzas de seguridad al no lograr allanar la escuela empezaron a dispararles con armas de fuego de manera indiscriminada. En la agresión resultaron dos heridos y un estudiante detenido que hasta el momento se desconoce su paradero. El estudiante Gael Solorio Cruz de tercer grado, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo y se encuentra hospitalizado. Su estado de salud es grave, con un pronóstico médico reservado.

La acción anterior es atentado grave al derecho a la protesta social y la libertad de expresión que tienen todas las personas, en particular los estudiantes de las Normales Rurales. Estas prerrogativas, son los canales adecuados para dar a conocer la inacción y el incumplimiento del Gobierno Estatal y Federal con el derecho a una educación de calidad para los Normalistas Rurales de Tiripetío. Sin embargo, al dispararles con armas letales, se conculcan flagrantemente estos derechos, se silencian las voces de los estudiantes inconformes y se manda un mensaje que inhibe el derecho de asociación y organización estudiantil.

Hacer un uso desproporcionado de la fuerza pública y armas letales para contener las manifestaciones públicas es una acción ilegal, proscrita y prohibida por las Leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos, por lo tanto el proceder del Gobierno Estatal y Federal contra los Normalistas de Michoacán merece una investigación y una sanción correspondiente.

Aunado a lo anterior, esta agresión a los estudiantes de Tiripetío se inscribe en el marco de una criminalización y represión sistemática y generalizada que viven los Normalistas Rurales y que en los últimos años ha ido en ascenso. La estigmatización a los normalistas rurales y las agresiones que han sufrido seguidas de la impunidad que las caracteriza, crearon un marco permisible para la desaparición de los 43, el asesinato de 3 y las lesiones de 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Las propias palabras del Gobernador  de Michoacán Silvano Aureoles – “espero que después de la garrotiza que les pusieron en Aguas Calientes ya también le piensen un poco” – son una evidencia del desprecio a la educación pública y a los Normalistas Rurales y forman parte de la causa de estigmatización que se cierne contra los estudiantes.

No podemos permitir que graves violaciones a los derechos humanos como estas pasen desapercibidas, tenemos la obligación de denunciar y evidenciar que las agresiones de los gobiernos contra las normales rurales son ilegítimas e ilegales, que en nombre de un concepto abstracto y ambiguo de “orden público” se tiene permiso para disparar, matar, desaparecer y lesionar a jóvenes que lo que buscan es estudiar y contribuir al mejoramiento de la educación de este País.

Por todo lo anterior exigimos:

–        Una investigación pronta e imparcial para ubicar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los normalistas de Tiripetío, Michoacán.

–        Atención pronta de calidad para Gael Solorio Cruz

–        Resolver las demandas de los estudiantes Normalistas de Tiripetío.

–        Que la Cámara de Diputados abra de oficio un juicio Político contra el Gobernador de Michoacán para que se investigue su responsabilidad en los presentes actos violatorios a los derechos humanos.

–        Cese la represión contra la Normal de Tiripetío Michoacán y todas las Normales Rurales del País.

ATENTAMENTE

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humano “José María Morelos y Pavón

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

 

 

Comunicado | El desplazamiento forzado una realidad en comunidades de Chilapa de Álvarez

El desplazamiento forzado: Una realidad en comunidades de Chilapa de Álvarez

  • Nos encontramos ante un Estado Fallido, rebasado por la corrupción que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada.
  • Existe la ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, una ley general, la cual urge que el Congreso promulgue la ley reglamentaria.
  • El Gobernador tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias

         Chilapa de Álvarez, Guerrero, 14 de Junio de 2017.- Hace unos días pobladores de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco  y Tetitlan de la lima  se vieron obligados a desplazarse ante amenazas de un grupo de la delincuencia organizada, para salvaguardar su vida y la de su familia, dejando todo su patrimonio a la deriva. Posteriormente habitantes de la comunidad Lodo Grande también se desplazaron a causa del miedo y la psicosis que se vive en comunidades donde la violencia ha llegado a tal grado que la única opción para las familias es refugiarse en otros lugares. Hasta el momento se conoce por declaraciones del presidente municipal que 580 familias huyeron de sus hogares en un lapso de tres días.

 Lo anterior es una muestra más de que nos encontramos ante un Estado Fallido, rebasado por la corrupción que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, ya que en los últimos meses en estas comunidades y sus alrededores han sido asesinados varios hombres,  y mujeres, incluidos niños, también ha sido notorio el dominio de algún grupo de la delincuencia organizada que incluso controla la salida de las personas que tienen que realizar sus compras en la cabecera municipal, checando quienes viajan en las camionetas del servicio público y quienes regresan, además ya en Chilapa las vigilan con quien platican o se relacionan.

El desplazamiento forzado es una problemática que están enfrentado los municipios y comunidades de Chilapa y Zitlala, y tienen que ser atendidas como lo marcan los estándares internacionales, para eso en el estado existe la ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, una ley general, la cual urge que el Congreso promulgue la ley reglamentaria, pues hasta el momento las víctimas no han sido atendidas de manera digna y el desplazamiento forzado aumenta ante la inacción o aquiescencia de las autoridades con respecto a la violencia generada por grupos delictivos.

El Gobernador tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias, porque el problema siempre va a existir mientras no se atienda de fondo la causa del desplazamiento forzado. Es muy complicado que la población confié en la Base de Operaciones Mixtas como garantía de seguridad, pues la militarización en Chilapa y en zitlala no han frenado el incremento de la violencia causada por la guerra entre grupos delictivos en este último año.

Nos preocupa ampliamente que el gobierno del estado minimice y no le dé la atención que requiere el fenómeno del desplazamiento a causa del accionar de los grupos de la delincuencia organizada y, ahora insistan a las familias a regresar a sus hogares cuando desde su desplazamiento solo se acompañó a las familias en su salida, dejando que cada una de ellas busque refugio o acomodo como mejor pueda, ya sea con familiares o amigos, sin que  exista el menor interés por solucionar el problema de fondo y con las familias, de manera colectiva, es decir buscando brindar todos los apoyos acordes a los estándares internacionales en materia de desplazamiento forzado, esta omisión por parte del gobierno se traduce en una violación a sus derechos humanos.

Queremos hacer hincapié que el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” ha insistido para que se atienda y se prevenga el desplazamiento forzado por que son muchas familias de comunidades y de la cabecera municipal de Chilapa que se han desplazado, lo mismo ha ocurrido en Zitlala, como el caso de Quetzalcoatlan de las palmas, que hasta la fecha ha permanecido sin ningún apoyo para sobrevivir.

 

Atentamente:

¡Por una sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

LA PROBABLE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL Y SUMARIA DEL LIC. EDUARDO CATARINO DIRCIO DEBE SER INVESTIGADA Y SUS PERPETRADORES LLEVADOS ANTE LA JUSTICIA.

BOLETÍN DE PRENSA

LA PROBABLE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL Y SUMARIA DEL LIC. EDUARDO CATARINO DIRCIO DEBE SER INVESTIGADA Y SUS PERPETRADORES LLEVADOS ANTE LA JUSTICIA.

ES OBLIGACION DEL ESTADO PROTEGER A LOS TESTIGOS Y FAMILIARES, OTORGANDO EFECTIVAS MEDIDAS CAUTELARES.

     Chilpancingo, Guerrero, 06 de Junio de 2017.- El día domingo 4 de junio, hacia las 13:30 horas en el transcurso de una persecución y enfrentamiento entre grupos de civiles armados y policía estatal en la ciudad de Tixtla, y  según testimonios públicos, el Lic. Eduardo Catarino Dircio, fue ejecutado de manera extrajudicial dentro de su domicilio frente a su esposa Hilda Vázquez Cipriano, su hija y un sobrino, mismos que suplicaron por su vida.

Los hechos ocurrieron en el barrio del Santuario, en una de las principales avenidas de Tixtla. De acuerdo al testimonio de la Sra. Hilda Vázquez, cuando inició el enfrentamiento y escucharon que las detonaciones eran cada vez más cercanas, el Lic. Eduardo Catarino y su familia se resguardaron en uno de los cuartos de su casa. Posteriormente policías estatales irrumpieron en el domicilio de la familia Catarino Dircio, mismo que ante las amenazas de los policías de disparar a las puertas del lugar donde se refugiaban, les abrió y cuando se encontraba acostado boca abajo, sin representar ningún riesgo para los policías y explicando que era el dueño de la casa y estaba con su familia, un policía estatal llegó y le disparando con su arma de cargo. Al decir de la esposa, el lic. Eduardo Catarino no falleció de inmediato y agonizó por varios minutos, mismos en que los policías impidieron que fuera auxiliado, sin llamar a una ambulancia para que lo atendiera. Después de morir, y de acuerdo al testimonio de Hilda Vázquez, al cuerpo del Lic. Eduardo Catarino, le fue colocada un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, ante la mirada de los dos menores, hija y sobrino y la impotencia de Hilda quienes fueron amenazados para evitar el auxilio al Lic. Eduardo.

Han pasado más de dos días y el gobierno del Estado no ha detenido a ningún responsable de la ejecución extrajudicial de Eduardo Catarino Dircio; la Comisión de los derechos humanos del estado no ha solicitado al Gobierno del Estatal medidas cautelares para la familia Catarino Cipriano, quienes al denunciar de manera pública la ejecución extrajudicial y sumaria de Eduardo Catarino Dircio, así como las amenazas y agresiones verbales en contra de los familiares y testigos se encuentran en una situación alto riesgo. Situación que se ve agravada porque el vocero del estado en un afán de ocultar los hechos, en sus declaraciones señalando al Lic. Eduardo Catarino Dircio lo criminaliza  al identificarlo como “Sicario”. Dicha criminalización es un agravio más para la familia, sus compañeros  de Tixtla y  abogados de Guerrero.

A Eduardo Catarino Dircio, originario de Tixtla de Guerrero, que tenía 45 años, sus familiares le describen como una “una persona seria y trabajadora”; miembro del Colegio de Abogados de Guerrero, y que en sus tiempos libres se dedicaba a las labores del campo.

Condenamos enérgicamente los hechos ocurridos y reprobamos que se minimice un crimen de lesa humanidad y, por el contrario se dé la criminalización y re-victimización que sufrió el abogado y su familia en los boletines emitidos por el vocero oficial en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Se comprende la oposición de la familia para que el cuerpo del Lic. Eduardo Catarino fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Chilpancingo pues existía la desconfianza de que los agentes del Estado fabricaran más pruebas.

Es sumamente importante y urgente que la Fiscalía del Estado realice una investigación eficaz que permita dar con el responsable intelectual y material de este asesinato que ha fracturado una familia entera dejando secuelas psicológicas  irreversibles, por lo tanto, lo mínimo que debe recibir la familia de Eduardo Catarino en estos casos es el acceso a la justicia y la reparación del daño.

La preocupación de las Organizaciones firmantes va más allá de lo que ha sucedido con este asesinato extrajudicial que no debe quedar impune: nos preocupa la falta de sensibilidad de quienes están al frente de salvaguardar la seguridad de todos los guerrerenses; el rezago de la implementación de los protocolos de actuación no solo de elementos de la policía estatal, sino de todos los niveles de seguridad; nos preocupa que a pesar de la militarización en varios puntos violentos del estado como Chilpancingo, Tixtla y Chilapa sigan ocurriendo ejecuciones y asesinatos cada día; que los elementos policiales y del ejercito sigan dando motivos para generar desconfianza ante la ciudadanía, por esa razón una vez más rechazamos la Ley de Seguridad Interior, porque con actuaciones como esta nos demuestra que la insensibilidad los ha rebasado

Hacemos hincapié en la exigencia de que el  Lic. Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debe solicitar y supervisar las medidas cautelares para la familia de Catarino Dircio, pues es urgente les sean otorgados en estos momentos que se encuentran en alto riesgo.

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.