Comunicado | Alerta máxima para pobladores de Quetzalcoatlan de las Palmas

Comunicado

Alerta máxima para pobladores de Quetzalcoatlan de las palmas

  • Las familias de Quetzalcoatlan confiaron en las autoridades y retornaron a su comunidad creyendo que estaba segura
  • el Centro Morelos, como Organismo Civil que Promueve y Defiende los Derechos Humanos, Insistimos mucho al gobierno el riesgo en que se encuentran las familias desplazadas que acompañamos, particularmente de Quetzalcoatlan de las Palmas.

    Chilapa de Álvarez, Guerrero 13 de Julio de 2017.- A un año y medio de ser atacada la comunidad de Quetzalcoatlan de las Palmas donde perdieron la vida seis personas, se suscitó otro atentado contra dos ciudadanos que permanecían en calidad de desplazados mientras se encontraban en la cabecera municipal de Zitlala, se trata de Benigno Marabel Tlatempa quien perdió la vida y Salomón Lara Tlatempa que resultó herido y permanece inconsciente  en el hospital de Chilapa.

Hace unos meses alertamos al gobierno del estado  de cualquier ataque que pudieran recibir la gente nahua de esta comunidad, pues al no satisfacer sus necesidades básicas establecidas en la Ley General 487 para prevenir y atender el deslazamiento forzado, los pobladores de Quetzalcoatlan se veían obligados a salir del perímetro de seguridad (que solo incluye su comunidad) de las medidas cautelares otorgadas por la CODEHUM, exponiéndose a todo tipo de riesgos.

Ahora, ante los lamentables hechos sucedidos el día de ayer, de los cuales responsabilizamos al  Gobernador Héctor Astudillo Flores, pues en sus discursos no solo ha minimizado el problema del desplazamiento forzado y el tema de la inseguridad, sino también porque ha mostrado un nulo interés por atender integralmente a las víctimas de este delito.

Las familias de Quetzalcoatlan confiaron en las autoridades y retornaron a su comunidad creyendo que estaba segura, lo cual no es así, por esa razón el llamado de las autoridades para que las familias recién desplazadas regresen a sus comunidades argumentado que la instalación de una Base de Operaciones Mixtas garantiza su integridad carece de toda objetividad  tal y como lo sostienen las familias que han decidido no regresar a sus comunidades de origen.

Reiteramos que el Centro Morelos, como Organismo Civil que Promueve y Defiende los Derechos Humanos, Insistimos mucho al gobierno del estado a través de la Dirección de Seguimiento Control y evaluación de derechos humanos, de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el riesgo en que se encuentran las familias desplazadas que acompañamos, particularmente de Quetzalcoatlan de las Palmas, insistimos también para que se les cubrieran sus necesidades y evitar que salieran de su comunidad, sin embargo, los titulares anteriores de estas instancias mostraron poco carácter humano para atender a las víctimas.

Manifestamos nuestra exigencia para que se realice una investigación seria que dé con el paradero de los responsables y sean juzgados; que se atienda de manera eficaz al señor Salomón Lara Tlatempa para que mejore su condición de salud y logre salir adelante, que se  amplíen las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya se les otorgo a los pobladores de Quetzalcoatlan y evitar que pase otro hecho similar, pues la población en estos momentos se encuentra en alto riesgo ya que no se puede descartar que el algún grupo  de hombres armados quieran incursionar nuevamente en la comunidad para atacarlos.

Por lo anterior, el Centro Morelos seguirá manifestando que el desplazamiento forzado es un problema real que están padeciendo cientos de familias de varios municipios del estado y no debe permanecer en la invisibilidad, porque si el gobierno no atiende este problema ahora, es muy probable que en un futuro las consecuencias se multipliquen.

En este sentido, como interlocutores ante las instancias gubernamentales exigimos los siguientes apoyos para las familias de Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa:

1.- Apoyo de la atención medica; gastos del tratamiento especializado.

2.- Apoyo de los gastos de los familiares que van a estar al pendiente del señor Salomón Lara: Traslado, Hospedaje y alimentación.

3.- Apoyo de gastos funerarios: Ataúd, traslado, pago de impuestos o permiso para sepultar al finado

4.- Apoyo para la comunidad: Maíz y víveres.

5.- Ampliación de las medidas cautelares: Alimentación y seguridad

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

Pronunciamiento | Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

Pronunciamiento

Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

 

Chilpancingo, Guerrero, 02 de Julio de 2017.- La realidad de Guerrero, como él en resto del país, nos confirma a cada instante que vivimos en una crisis humanitaria en materia de Derechos Humanos que nos ahoga en sangre e impunidad que, en los últimos años ha sido causada, aparentemente, por grupos del crimen organizado y permitida por  la inacción o aquiescencia de las autoridades y la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Todo este contexto genera terror y desconfianza de la sociedad civil hacia cualquier autoridad o funcionario que  han velado por minimizar la violencia.

En Guerrero, tener autoridades que gobiernan de manera paralela a los poderes fácticos, pone en riesgo la vida y la integridad física  de quienes visibilizan los daños que ha causado la irresponsabilidad política del Gobernador Héctor Astudillo Flores para cumplir con sus compromisos de campaña y menos como gobernante en la entidad y, bajo estas circunstancias el rol de muchos trabajadores de los medios de comunicación  ha cambiado de manera drástica, así como para los Defensores de derechos humanos, ya que realizan su trabajo bajo condiciones de alto riesgo  al dar a conocer la realidad del estado y las graves violaciones cometidas principalmente por funcionarios públicos al tener una actitud omisa e impune.

Consideramos que defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente dando voz a los invisibles, por ello condenamos que no exista una investigación real para castigar las 21 agresiones a trabajadores de la prensa en los dos últimos meses y el asesinato de los periodistas Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, el marzo pasado y Francisco  Pacheco, en Taxco,  en abril del 2016, condenamos también que el Mecanismo de protección se encuentre rebasado por el gran número de casos que se han quedado sin resolver, y lo cual dificulta cumplir con un funcionamiento eficaz e inmediato para evitar que más periodistas y defensores sean agredidos o asesinados.

Y es así, bajo toda esta red de omisión que queda impune una situación grave como el asesinato de periodistas y como lo ocurrido el 13 de mayo donde Sergio Ocampo, Jorge Martínez,  Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por hombres armados que les despojaron de su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas, con la intención total de censurar la desvergüenza y salvajismo bajo la que viven.

Como organización que defiende y promueve derechos humanos, nos preocupa las amenazas de muerte, el hostigamiento, la discriminación, las agresiones, los asesinatos, la privación de la libertad y hasta el espionaje por parte de quienes deben garantizar una vida digna a la ciudadanía, entre ellos, a periodistas y defensores de derechos humanos.

En ese aspecto reiteramos que la creación de la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas no garantiza la seguridad y la salvaguarda de la integridad física y psicológica de quienes realizan la labor de informar, más bien lo que busca el gobierno federal al crear estos nuevos espacios, es deslindarse de los casos de violaciones de derechos humanos a periodistas. Dejar la responsabilidad a las entidades que no cuentan con los recursos humanos y económicos suficientes para resolver este tipo de delitos contra comunicadores, traerá como resultado más casos impunes y menos visibles.

Tenemos claro que el gobierno federal tiene la finalidad de acallar o en su caso exterminar todas las voces que exigen verdad y justicia inhibiendo la labor de  los medios que conservan su compromiso de informar con objetividad los hechos reales, por eso ha invertido tanto en programas de espionaje, para poder tener bajo control la información que pueda evidenciar al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a la Marina o al Ejército mexicano así como a las autoridades estatales.

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” se suma a las demandas de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, porque es violentado el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, Lo cual no ocurre y por eso es urgente que los organismos internacionales miren este problema grave de inseguridad que ha cobrado la vida de periodistas que se dedican a investigar a fondo e informar diferentes temas como la creciente violencia en el estado

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.