DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

QUE RENAZCA LA MÍSTICA Y LA CONVICCIÓN, QUE SON FUNDAMENTALES EN TODA REVOLUCIÓN EMANCIPADORA.

DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

     Ayotzinapa, Guerrero a 13 de enero de 2018.- I. A pesar de los esfuerzos de todos los niveles de gobierno de sepultar el caso Ayotzinapa, esta Asamblea Nacional Popular ratifica la continuidad de la lucha por: la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, castigo a los culpables materiales e intelectuales, libertad a todos los presos políticos del país, fuera Peña Nieto, abrogación de las reformas estructurales.

II. Exigimos se sigan las 4 líneas de investigación propuestas por los expertos internacionales. Investigación del ejército y los involucrados el día 26 y 27 de septiembre de 2014, investigación de la policía de Huitzuco, telefonía celular de los implicados, el trasiego de droga de Iguala a Chicago.

III. La muerte volvió a cimbrar estas tierras guerrerenses, el día 7 de enero. El estado con un operativo descomunal de fuerzas policiacas federales, estatales, ministeriales y el ejército atacó de forma artera y cobarde a la policía comunitaria de Cacahuatepec con un saldo de 5 muertos y 25 detenidos entre ellos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Exigimos Castigo a los responsables materiales e intelectuales de estas ejecuciones extrajudiciales, libertad inmediata a los compañeros detenidos presos políticos.

IV. Muchos son los testimonios históricos de episodios violentos que han teñido de sangre el territorio nacional y que se incrementaron ostensiblemente a partir de la supuesta declaración de guerra contra el crimen organizado, institucionalizándose así una cruenta escalada de represión oficial en contra de luchadores sociales, líderes políticos, organizaciones independientes, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblo en general, por su digna postura de no envilecerse y prostituirse ante el poder perverso de los gobiernos autoritarios y corruptos que han socavado el estado de derecho en nuestro país, sometido a un proceso de involución social y política.

La Ley de Seguridad Interior legaliza las actividades del ejército en tareas de seguridad pública contra lo establecido en el artículo 129 constitucional. Nos sumamos a las voces de protesta contra esta nefasta ley. De igual forma condenamos la contrareforma laboral en puerta que restringe y conculca los derechos de las y los trabajadores del País.

La polarización de la lucha de clases, reclama de nosotros: erradicar el egoísmo y la soberbia, altos niveles de disciplina, militancia, conciencia de clase y voluntad irrestricta al trabajo para dar paso a formas de organización cualitativamente superiores. En eso empeñamos nuestros esfuerzos, por ello llamamos fortalecer los trabajos para la realización de la VI Convención Nacional Popular y a seguir movilizándonos los días 26 de cada mes en el marco de las acciones globales.

Fraternalmente.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de Padres y Madres de los 43.

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

 

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

    Ciudad de México, 11 de enero de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco (Guerrero), en los que fallecieron 11 personas, lamenta la terrible pérdida de vidas y llama a su completo esclarecimiento. Asimismo, la ONU-DH repudia las agresiones contra los periodistas que cubrían estos hechos.

Según la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas.

La ONU-DH, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes. Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

Adicionalmente, la ONU-DH considera profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. También resulta preocupante el robo del material gráfico. Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos. Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad.

Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, añadió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias. Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas.”

La ONU-DH recuerda que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota[1], particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.

Jan Jarab subrayó que “además, el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo. Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos. Asimismo, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave.”

La ONU-DH desea expresar su preocupación por la situación general de seguridad en La Concepción y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad. Igualmente, las autoridades deben asegurar las condiciones de seguridad de las personas detenidas y de sus familiares, a los abogados y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos y reitera su llamado a las autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.

TERMINA

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a: Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org

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[1] Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf

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Comunicado de Prensa | LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS SIGUEN ESPERANDO RESPUESTA DE DIPUTADOS SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Comunicado de Prensa

 

LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS SIGUEN ESPERANDO RESPUESTA DE DIPUTADOS SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

 

      Chilapa de Álvarez, Guerrero a 10 de enero de 2018.- El lunes pasado representantes de los colectivos de familiares de desparecidos de Chilapa, Chilpancingo, Iguala y Acapulco, respaldados por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón,  realizaron ”La marcha de los reyes” donde participaron principalmente niños y niñas que, en su mayoria han vivido años con la desesperación  de tener a un familiar desaparecido, sin que la Unidad Especializada en Busqueda de Personas no Localizadas de la cual aún es titular la Lic. Guadalupe Rendon Ramírez haya implementado estrategias de busqueda y localización de los desaparecidos.

La marcha de los reyes concluyo en el Congreso del estado de Guerrero donde se entregó un documento a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para sugerirle que se abra una convocatoria de tal manera que los colectivos de familias de desaparecidos sean tomados en cuenta al momento de nombrar a quien esté al frente de la fiscalía.

El día de ayer los Diputados realizaron la primer sesión del año y no incluyeron el tema de la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo si en 30 días hábiles no se da el visto bueno o se rechaza la propuesta, automáticamente se da por  aprobada la propuesta enviada por el Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, para poner al frente a María Guadalupe Rendón Ramírez en dicha fiscalía especializada.

El plazo de los 30 días hábiles vence el 12 de enero y el día de mañana 11 sesionara nuevamente el congreso y existe el fundado temor de que se avale la propuesta del fiscal pues,  hasta el momento ningún miembro de la Junta de Coordinación Política ha dado respuesta, ni de manera pública ni particular a las familias de los colectivos para informar sobre las decisiones que han tomado con respecto a este tema, que es de suma importancia para garantizar a las familias el derecho al acceso a la justicia.

Esta situación es sumamente preocupante porque las familias de los colectivos han recurrido a todas las instancias del estado de Guerrero y en ninguna han tenido respuestas favorables, por el contrario, han sido revictimizados y estigmatizados además de que se ven obligados a ser ellos quienes realicen las investigaciones, dando todos los elementos a las autoridades siendo esta información lo único que aparece en las averiguaciones previas o carpetas de investigación.

La desesperación e impotencia de las familias que enfrentan el dolor inmenso que representa la ausencia de un familiar se vio reflejado en los rostros de los niños que deberían estar en la escuela regresando a clases y sin embargo estaban en las calles acompañando a sus mamás con la esperanza de recibir una buena noticia de los diputados pero solo se encontraron con las puertas del congreso cerradas pues los elementos de seguridad que resguardaban la entrada colocaron candados para evitar el acceso.

Por consiguiente, nuevamente exhortamos a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todos los diputados a que se sensibilicen y que consideren las peticiones que hacen las familias que viven con el martirio de tener a un familiar desaparecido.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

“Colectivos de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo, Gro.”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

COMUNICADO DE PRENSA | Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

COMUNICADO DE PRENSA

Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

 

      Chilpancingo, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Siguiendo con la estrategia de imponer el proyecto hidroeléctrico “La Parota” el gobierno federal y estatal, pretende acabar con la resistencia de los opositores a ceder sus tierras para este megaproyecto, en ese contexto, la madrugada del domingo 07 de enero fueron asesinados dos policías comunitarios, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC de la comunidad la Concepción, municipio de Acapulco, durante un enfrentamiento luego de ser emboscados por hombres armados que podrían pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada. Este hecho ocurrió durante la festividad en la población mientras las autoridades comunitarias realizaban sus rondines como parte de la seguridad.

Horas después fueron detenidos 38 policías comunitarios de la CRAC-PC, entre ellos Marco Antonio Suastegui Muñoz y Vicente Suastegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, tras un operativo del gobierno del estado de Guerrero, donde aproximadamente 100 elementos de la policía estatal, ministerial y militares arribaron a la comunidad donde además de proceder a realizar las primeras diligencias se desplegaron a los domicilios de los miembros de la CECOP para ser cateados de manera arbitraria, sin ninguna orden que así lo señalara y posteriormente durante un tiroteo provocado por un policía estatal dieron lugar a tres ejecuciones extrajudiciales.

Ante esos hechos manifestamos nuestra profunda preocupación pues el actuar sangriento de los elementos castrenses violan todos los derechos humanos de quienes se organizan para mantener sus comunidades a salvo de la violencia pese a las miradas nacionales e internacionales de organismos de Derechos Humanos que han manifestado su preocupación por la crisis de derechos humanos que ha prevalecido en Guerrero y que ahora aumenta.

Como colectivos de familias de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos consideramos que estos actos son una amenaza para el futuro de todos los que se organizan, pues Marco Antonio Suastegui ha sido detenido anteriormente por defender a su comunidad y ahora vuelve a ser detenido y criminalizado por las autoridades, estigmatizando la existencia de la CRAC-PC mientras que a los grupos de supuestos policías comunitarios que han sido señalados de pertenecer a la delincuencia organizada permanecen intactos.

Por si fuera poco, los policías estatales agredieron a más de 5 periodistas y foto periodistas que se encontraban cubriendo los hechos con insultos, uno de ellos Bernardino Hernández quien fue golpeado por dos elementos de la policía estatal, fue despojado de memorias SD y amenazando de ser desaparecido.

Lo anterior es una pequeña muestra de cómo se aplicara la Ley de Seguridad Interior en contra de todo movimiento de resistencia y contra los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, por lo tanto exigimos:

1.- Libertad inmediata de todos los detenidos.

2.- Garantías para el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia.

3.- Alto a la represión en contra del CECOP y el sistema de justicia Comunitario CRAC-PC.

4.- Respeto a la labor de los comunicadores.

5.- Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior.

 

Atentamente:

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

“Colectivo de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

 

Veto a la palabra presidencial

Veto a la palabra presidencial

  • La promulgación de la Ley de Seguridad Interior significa un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos en México

Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre de 2017.- La tarde de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad