Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

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Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

Sin duda el año  2016 fue de lucha y grandes experiencias para el pueblo pero también  ocurrieron irreparables pérdidas de vidas humanas  para el movimiento social y popular de Guerrero la muerte de líderes históricos que forjaron un camino de lucha y dignidad, entre estas pérdidas tenemos la del líder campesino, Benigno Guzmán Martínez, uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; le siguió el Lic. José Sánchez Sánchez, quien participó en la lucha social de los años 90’s, particularmente en la denuncia de la masacre de Aguas Blancas, también perdimos al Doctor Bertoldo Martínez Cruz, fundador de varias organizaciones de carácter local, regional y estatal. Los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados. Benigno y Bertoldo sobrevivieron a la tortura y a la cárcel de exterminio de máxima seguridad y retomaron su activismo al recuperar su libertad.

Para quienes hemos alcanzado a ver el fin del 2016, es necesario hacer un balance del tema de Derechos Humanos en el estado de Guerrero.

Empecemos por el respeto al derecho a la vida: 2016 ha sido un año en que ha repuntado la violencia con más de 2, 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011, el año más violento desde 2006. Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicídios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género. Como ha sido norma en estos diez años de violencia en el país (11 en Guerrero si se considera el inicio de la violencia con la balacera de La Garita), la mayor parte de los ejecutados son hombres jóvenes, en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. No eludimos ni olvidaremos mencionar que ha habido muertos de todas las edades, de ambos sexos y de las diferentes preferencias sexuales.

Muy preocupante es el hecho de las ejecuciones de maestros y  alumnos (Jhonatan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro) de la normal rural de Ayotzinapa, de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla,

Otro atentado al derecho a la vida son las desapariciones forzadas, tanto aquellas en que se sospecha la participación de elementos del estado, como las realizadas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos. Solo para darnos una idea de la gravedad del problema podemos decir que las asociaciones de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco tienen en sus registros casi mil casos de desaparecidos, y no se tiene un cálculo real del número de casos dentro del estado.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse ni en la búsqueda ni en la investigación. El GIEI logró demostrar grandes y muy graves intenciones de desviar líneas de investigación,  en el proceso jurídico contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura. La resistencia del Estado mexicano a permitir la coadyuvancia del GIEI y aceptar las recomendaciones que dejaron ante su cuasi-expulsión, así como las acciones para retrasar al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas. Y así, han dejado a los familiares, igual que en todos los casos de desapariciones forzadas, en total indefensión y sin acceso a la justicia y la verdad.

Es obligatorio mencionar los casos de desaparición  que han culminado trágicamente con el hallazgo de cadáveres a los pocos días de la desaparición: como en el caso del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la CETIG Juan Mendoza Tapia y su esposa; de estudiantes y trabajadores de la UAGro.

Otro fenómeno que contribuye a la crisis del “estado de derecho” y la crisis humanitaria en que vivimos en Guerrero es el desplazamiento forzoso interno; ubicamos este fenómeno desde 2007 por lo menos en que se daba un desplazamiento “hormiga” en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente. En 2016 el fenómeno ha afectado más a las regiones de Centro, Norte y Tierra Caliente. Estas regiones se caracterizan por la ausencia de Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado. Ejemplo de ello son los pueblos fantasma que se van multiplicando en el campo guerrerense. Los desplazados logran salir por sus medios a algún pueblo o ciudad y son puestos en algún espacio público y los van dejando en el olvido a pesar de haber una ley sobre desplazamiento a nivel estatal.

En los tres temas: ejecuciones, desapariciones y desplazamiento se dan algunas constantes como son la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno. Otro eje que atraviesa esta problemática es la militarización de la seguridad pública y de la vida civil: La propuesta de crear un marco inconstitucional  para avalar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es prácticamente una garantía de impunidad. Hay que mencionar la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, ordenamiento que permitiría al presidente de la República declarar el estado de excepción, o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna. Además la falta de aprobación de leyes generales en materia de desaparición forzada y de tortura  le sigue dejando al Estado mexicano un amplio margen de discrecionalidad contraria a la protección y defensa de los derechos humanos.

El tema de seguridad tiene otras facetas no menos importantes como las extorsiones o “derecho de piso”, los secuestros y los robos.  A diferencia de la opinión de las autoridades, que lo tratan como un asunto de percepción, el problema ha aumentado.

Si bien aparentemente la reforma educativa fue frenada en el estado, el costo para la organización magisterial (CETEG y otros sindicatos) ha sido muy alto en relación a su división y fragmentación, lo que los ha dejado en un alto grado de vulnerabilidad. Basta ver como a 3 años de la escalada gubernamental (en 2013) contra la CRAC-PC aun ha dejado secuelas de división, desconfianza y reflujo de las bases sociales. Tal circunstancia ha sido aprovechada por otras formas de organización, como la UPOEG, FUSDEG y otras policías o guardias comunitarias que no necesariamente se mantienen en el ámbito de la ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios presentes en Guerrero (nahua,  me’phaa, na savi, ñomndaa). Lo que conlleva al riesgo evidente de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de Derechos Humanos. De esta impunidad, complicidad dan cuenta las relaciones de la clase política estatal y nacional con el crimen organizado, de tal manera vinculados que no puede haber crimen organizado sin participación del Estado o de un gran número de agentes del estado (ejecutivos, legislativo y judicial; federal, estatal y municipal).

De alguna forma, dicha agresión gubernamental hizo lo mismo con el CECOP, que se encuentra  disminuido y dividido.

En el campo del derecho a la salud tampoco se ven avances significativos, más bien lo que fue palpable fue la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento del estado de impulsar la “universalización de la salud” que tarde o temprano privatizara no solo el acceso sino el derecho a la salud.

En lo relativo a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los Derechos de los Pueblos no existe ningún avance significativo: Guerrero sigue en los últimos lugares de desarrollo humano, expulsando a migrantes que de otra forma morirían de hambre o por falta de servicios básicos.

Las oportunidades perdidas por el Estado mexicano en 2016 están marcadas por el discurso triunfalista de que nada pasa,  todo está bien, las reformas funcionan y la negación de una realidad que indigna y lastima a la mayoría del pueblo. El gobierno de México pierde las oportunidades de avanzar a un real estado de derecho, con separación e independencia de poderes, transparencia y rendición de cuentas, respeto a la voluntad popular emitida a través del voto y la protección y defensa de los derechos humanos.

El 2017 inicia con una profundización de la pobreza representada en el gasolinazo y el aumento de precio de gas y electricidad que inevitablemente alejara las líneas de bienestar a varios millones de mexicanos.

2017 puede ser una oportunidad para que los millones de mexicanos empobrecidos se decidan a organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sea a tendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno.

Por lo anterior externamos las siguientes:

 

EXIGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS

 

  • Que la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realmente funcione, que se le dote de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el Estado de Guerrero.
  • Que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de Ley presentada por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la Declaración de Ausencia de personas desaparecidas, para que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
  • Que a la Dirección General de Servicios Periciales se le dote de Autonomía e independencia y por lo tanto deje de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
  • Que en vista de que el análisis de ADN desempeña una función primordial para la identificación de cuerpos o restos y cuya confronta con el ADN de las familias de personas desaparecidas nos puede dar con la localización de las personas desaparecidas, es de suma importancia que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, que posibilite obtener los resultados de las confrontas en menor tiempo posible y asi mismo poder identificar los más de 400 cuerpos que hay en los SEMEFOS de Guerrero en calidad de desconocidos.
  • Que las familias de las personas desaparecidas sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y se les proporcionen los apoyos que estable la Ley General de Victimas.
  • Que la Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, ya que hasta estas fechas no han tenido la sensibilidad para acercarse y apoyarlas de acuerdo a sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
  • Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con solo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual, debe de estar más completa las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense.

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

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