COMUNICADO| Visita del Relator Especial de la ONU para defensores de derechos humanos es de suma importancia ante la crisis de seguridad en Guerrero.

COMUNICADO| Visita del Relator Especial para defensores de derechos humanos es de suma importancia ante la crisis de seguridad en Guerrero.

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  • La violencia en guerrero se refleja en desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, torturas e impunidad.
  • La protección de defensores de derechos humanos es un asunto urgente.

Enero 25 de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- El día de ayer el Relator Especial  de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos, Michel Forst, dio a conocer un informe preliminar sobre la reciente visita que realizó al país mexicano acudiendo a cinco entidades federativas, entre ellas Guerrero en la que escucho testimonios de defensores de derechos humanos sobre la situación que viven al realizar su labor como tal.

En dicho informe emitie recomendaciones a los organismos y agencias de la ONU, a las universidades, a empresas y otros actores no estatales, a la comunidad internacional en México y a la sociedad civil, por lo que manifestamos nuestro particular interés para que se tomen en cuenta esencialmente al momento de crear leyes que hasta hoy, como bien lo menciona Michel Forst, solo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

La visita del Relator Especial es de suma importancia ante la crisis de seguridad que se ha vivido de manera general desde el 2014 y que en Guerrero se ha reflejado con las cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas.

La protección para defensores de derechos humanos es un asunto urgente, pues como se constató el Sr. Forst en menos de un día, al escuchar a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones de la sociedad civil, que denominó como: “defensores emergentes” y a periodistas, la situación en que se defienden los derechos humanos son de alto riesgo.

Compartimos que el mecanismo de seguridad sea accesible para quienes corren mayor peligro, pues no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados.

Reiteramos que lo manifestado en el informe preliminar del Relator nos confirma la certeza que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el Gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la ley de seguridad interior no es la solución para acabar con la violencia.

Como Centro de Derechos Humanos respaldamos las recomendaciones del Relator Espacial para defensores de derechos humanos con el fin de disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune.

 

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

 

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país. 

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Reunidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 47 organizaciones sociales y de Derechos Humanos acordamos emitir el siguiente pronunciamiento en relación al riesgo de constitucionalizar la militarización del país.

La cámara de diputados, así como el Senado de la República han acordado que en menos de treinta días estará aprobada la Ley de Seguridad Interior, ante lo cual ya comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de la Ley de Seguridad Interior, lo cual genera mucha preocupación para   las 47 Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos que participamos en la reunión de la Asamblea Nacional Popular realizada este sábado 14 de Enero.                                                                                                                           Nuestra preocupación radica en que, de ser aprobada esta ley, será regresiva para los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana desde el 10 de Junio del 2011, ya que significaría constitucionalizar la dictadura militar que, en los hechos ya existe en nuestro país, y que más la vemos como una medida de contrainsurgencia en contra del pueblo que se organiza para  protestar en contra de las reformas estructurales que afectan gravemente los Derechos Humanos de todos los mexicanos y, que hoy  se manifiestan en  contra del incremento del precio de la gasolina y que ha provocado una inflación galopante de los precios de alimentos, servicios públicos, medicina, educación, así como el pago de mayores impuestos, mientras que el insultante aumento al salario mínimo de quienes tiene la fortuna de contar con algún empleo solo fue del 3.9% y que en nada se compara con la elevación del precio de la gasolina y los aumentos que ha provocado, agregando que desde hace 10 años el país se encuentra colapsado por la crisis humanitaria producto de las violaciones a los derechos humanos generados por las decisiones equivocadas para combatir el narcotráfico, una guerra emprendida por Felipe Calderón que ha empeorado la situación de seguridad, tanto, que las cifras de homicidios, desaparecidos, torturas, feminicidios y desplazados se han multiplicado en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto.

La militarización en el país no es la solución para esta gran problemática que ha rebasado a las autoridades a lo largo de los últimos diez años, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a las víctimas y al pueblo de México nos ha quedado claro que en nuestro país, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares siempre quedan en la impunidad, ya que a pesar de que sean las autoridades civiles las que conozcan del caso, siempre se supeditan a las ordenes castrenses y terminan exonerándolos, lo cual hace que se tenga que buscar justicia en el sistema penal internacional como sucedió en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega  si dejar de mencionar el caso de Tlatlaya y otros homicidios en donde se presume la participación de miembros del ejército mexicano,  por toda la experiencia acumulada a lo largo de la histórica, la sociedad en general tiene una completa desconfianza en que con la presencia del ejército en las calles la seguridad pública esté garantizada y si, por el contrario dicha Ley de Seguridad Interior signifique una garantía de impunidad para cuando el ejército cometa asesinatos, tortura, desapariciones, violación sexual, allanamiento de morada, hostigamiento en contra de la población en general o contra luchadores sociales, trabajadores de los medios de comunicación o defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Reconocemos que se necesitan medidas inmediatas para contrarrestar los riesgos que se viven en nuestro país, sin embargo el camino que se quiere emprender, aprobando leyes de esta naturaleza no conducen a un bienestar social y, lejos de lograr la paz lo que se obtendrá será un país más colapsado.

Lar organizaciones firmantes nos unimos en la exigencia de que esta ley no sea aprobada sin estar debidamente analizada y tomando en cuenta las recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Pedimos que nuestro país avance con políticas públicas que cumplan con las necesidades de cada entidad federativa. Que la Cámara de Diputados tomen decisiones con responsabilidad cuando se trata de salvaguardar la seguridad social.

Por todo lo anterior hacemos un llamado al pueblo en general, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles de derechos humanos, a los integrantes de los congresos locales así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos humanos a pronunciarse en contra de la aprobación de la ley de Seguridad Interna.

 

EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE MÉXICO, A LOS SENADORES Y DIPUTADOS.

Respeto al artículo 21 que  establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.

No confundir los conceptos de seguridad interior y seguridad pública porque pone en grave riesgo los derechos humanos.

No a la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Impulsar un mecanismo de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

Implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública que garantice el respeto a los derechos humanos.

 

Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

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Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

Chilapa de Álvarez, Gro. Enero 12 de 2017.- Ante el incremento del precio de la gasolina que se dio desde el primero de enero se reflejado el incremento al precio de la Gasolina a traído  consigo el incremento generalizado en el precio de otros productos como el gas LP, pasajes y alimentos que afectan el bolcillo de la ciudadanía, pues hay una gran diferencia con el deprimente incremento al salario mínimo de 7.00 pesos, lo cual contrasta con las grandes cantidades que se auto-asignan los diputados, senadores y otros funcionarios. Lo anterior ha dado como resultado que desde los primeros días de enero diversos sectores de la sociedad se manifiesten  en diferentes puntos del Estado y del país, como reflejo de la inconformidad social generalizada, pues con la cadena de incrementos en los precios de los diversos artículos en el mercado, los ciudadanos se verán imposibilitados para atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación, el vestido etc.

Consideramos que la lógica que el Presidente Enrique Peña Nieto, argumenta en su mensaje explicando los motivos por la alza de los precios, está fuera de contexto, pues la moneda mexicana no se puede comparar con la de otros países como Estados Unidos o de Europa. Es ilógico que un país que tiene regiones viviendo en pobreza extrema incremente el precio de la gasolina, pretendiendo igualarlo  a estándares internacionales, por lo tanto es totalmente entendible que la ciudadanía salga a las calles a manifestar su enojo e inconformidad, enfrentando la criminalización y los intentos gubernamentales de deslegitimar, estas manifestaciones no son más que la muestra de la impotencia y la rabia ante un política económica diseñada para seguir beneficiando a los ricos capitalistas a costa de hundir en una mayor miseria al pueblo, por lo tanto  su lucha además de ser legitima demuestra  su hartazgo del mal gobierno que encabezado hoy por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por otra parte, es preocupante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en vez de regular los costos de la gasolina de acuerdo al incremento del salario mínimo anuncie que tomará represalias contra quienes incrementen precios por el “gasolinazo”, cosa que es inevitable.

Por ello manifestamos nuestra solidaridad a los que manifiestan su inconformidad sin ningún interés político electoral de por medio, teniendo claro que los partidos políticos se han aprovechado de esta coyuntura para banderear movilizaciones cuando todos ellos han votado por reformas que afectan a los más pobres.

Consideramos que existen otras formas de contar con los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades utilizadas como justificación para el aumento del precio de la gasolina, como ya se ha manifestado a través de las redes sociales como es acabar con la corrupción y dejar de otorgar recursos a quienes como parte del estado solo han servido para avalar una serie de reformas estructurales a modo del presidente y del sistema capitalista.

Hoy Enrique Peña Nieto acompañado de empresarios, sindicato y partidos políticos, todos ellos cómplices incondicionales, ha anunciado un plan de protección a la economía familiar, que, consiste en medidas y programas que solo quedaran como meros enunciados y que en nada aliviaran la crisis económica de los millones de mexicanos que viven en la miseria.

Finalmente manifestamos que nuestra preocupación reside en las afectaciones que se irán dando en el transcurso del 2017, el llamado “gasolinazo”  es un mal comienzo que traerá consigo un empeoramiento en la crisis de derechos humanos que ya se vive en el país, ya que el gobierno enfrentara el descontento del pueblo con mayor militarización y el huso de la fuerza con tal de no dar marcha atrás con su política económica que lesiona los más elementales derechos humanos.

Por lo que, nos mantendremos alerta ante los posibles actos de represión que se desaten en contra de los manifestantes, para documentar y apoyar las denuncias correspondientes.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

 

 

Comunicado: Ley de seguridad Interior, una amenaza a los derechos humanos: OSC-Centro Morelos

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Ley de Seguridad Interior: una amenaza para los derechos humanos OSC

  • La iniciativa de Ley de Seguridad Interna representa una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares.
  • A años de la militarización del Estado de Guerrero la entidad representa el epicentro de la crisis a derechos humanos en el país.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)

 

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, Diciembre 11 de 2016.- A cinco años de la ejecución extrajudicial a manos de policías Judiciales, (ahora ministeriales), de dos normalistas durante un bloqueo que realizaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el periodo del entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero,  que corresponden a los nombres: Gabriel Echeverría de Jesús, originario de Tixtla y Jorge Alexis Herrera Pino, originario Atoyac, de 21 y 22 años de edad respectivamente quienes cursaban el tercer año de la carrera; permanecen en la impunidad.

El bloqueo que realizaron los normalistas el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, específicamente en el lugar conocido como “parador del Marques” se realizó para pedir una audiencia para tratar asuntos relacionados con su pliego petitorio que Aguirre Rivero prometió recibirlos desde el mes de mayo del mismo año cuando acudió a la Normal Rural, donde los Normalistas entregaron sus peticiones para mejorar la calidad de educación, así como la exigencia del cumplimiento de otras necesidades que la escuela tiene como la remodelación de la misma, becas alimenticias y económicas y otras más.

Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero, se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país. Con la muerte de Gabriel y Jorge Alexis, la CNDH realizó recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la realización del juicio político del entonces Procurador, Jorge Alberto López Rosa, mismo a quién no se le encontró responsabilidad. Tres años más tarde, en Iguala, durante la actividad de boteo y la toma de autobuses, los normalistas Julio Cesar Mondragón, Julio Cesar Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo perdieron la vida uno de ellos apareció desollado y 43 más fueron desaparecidos en manos de policías municipales, en el que se vieron involucrados miembros del ejército y de la marina, razón por la cual Aguirre se vio obligado a renunciar su cargo.

Rey David Cortes Flores e Ismael Matadamas Salinas son dos de los policías Judiciales que accionaron sus armas, responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder acceder a la justicia.

Ante la impunidad en que han quedado estos hechos, manifestamos nuestra amplia preocupación por la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el estado y en el país pues debemos recalcar ampliamente que hay una clara criminalización a la institución y se ha reflejado últimamente: el 4 de octubre en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en un supuesto asalto, son ejecutados dos jóvenes normalistas que regresaban de hacer sus prácticas de la capital, posteriormente en septiembre del 2016 durante una movilización en la exigencia de la presentación de los 43 Normalistas desaparecidos, fuera del Palacio de Gobierno, policías de la Fuerza Estatal detienen alrededor de diez estudiantes, mismos que son fuertemente reprimidos y posteriormente entregados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello exigimos:

1.-La presentación con vida de los 43 Normalistas desaparecidos.

2.-Verdad y justicia para los asesinados.

3.-Garantías para la no repetición de los hechos.

4.-Respeto al trabajo del Mecanismo Espacial de Seguimiento.

5.-Alto a la criminalización a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.