Comunicado: Ley de seguridad Interior, una amenaza a los derechos humanos: OSC-Centro Morelos

dsc01727

Ley de Seguridad Interior: una amenaza para los derechos humanos OSC

  • La iniciativa de Ley de Seguridad Interna representa una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares.
  • A años de la militarización del Estado de Guerrero la entidad representa el epicentro de la crisis a derechos humanos en el país.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)

 

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

cm_baja 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, Diciembre 11 de 2016.- A cinco años de la ejecución extrajudicial a manos de policías Judiciales, (ahora ministeriales), de dos normalistas durante un bloqueo que realizaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el periodo del entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero,  que corresponden a los nombres: Gabriel Echeverría de Jesús, originario de Tixtla y Jorge Alexis Herrera Pino, originario Atoyac, de 21 y 22 años de edad respectivamente quienes cursaban el tercer año de la carrera; permanecen en la impunidad.

El bloqueo que realizaron los normalistas el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, específicamente en el lugar conocido como “parador del Marques” se realizó para pedir una audiencia para tratar asuntos relacionados con su pliego petitorio que Aguirre Rivero prometió recibirlos desde el mes de mayo del mismo año cuando acudió a la Normal Rural, donde los Normalistas entregaron sus peticiones para mejorar la calidad de educación, así como la exigencia del cumplimiento de otras necesidades que la escuela tiene como la remodelación de la misma, becas alimenticias y económicas y otras más.

Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero, se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país. Con la muerte de Gabriel y Jorge Alexis, la CNDH realizó recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la realización del juicio político del entonces Procurador, Jorge Alberto López Rosa, mismo a quién no se le encontró responsabilidad. Tres años más tarde, en Iguala, durante la actividad de boteo y la toma de autobuses, los normalistas Julio Cesar Mondragón, Julio Cesar Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo perdieron la vida uno de ellos apareció desollado y 43 más fueron desaparecidos en manos de policías municipales, en el que se vieron involucrados miembros del ejército y de la marina, razón por la cual Aguirre se vio obligado a renunciar su cargo.

Rey David Cortes Flores e Ismael Matadamas Salinas son dos de los policías Judiciales que accionaron sus armas, responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder acceder a la justicia.

Ante la impunidad en que han quedado estos hechos, manifestamos nuestra amplia preocupación por la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el estado y en el país pues debemos recalcar ampliamente que hay una clara criminalización a la institución y se ha reflejado últimamente: el 4 de octubre en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en un supuesto asalto, son ejecutados dos jóvenes normalistas que regresaban de hacer sus prácticas de la capital, posteriormente en septiembre del 2016 durante una movilización en la exigencia de la presentación de los 43 Normalistas desaparecidos, fuera del Palacio de Gobierno, policías de la Fuerza Estatal detienen alrededor de diez estudiantes, mismos que son fuertemente reprimidos y posteriormente entregados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello exigimos:

1.-La presentación con vida de los 43 Normalistas desaparecidos.

2.-Verdad y justicia para los asesinados.

3.-Garantías para la no repetición de los hechos.

4.-Respeto al trabajo del Mecanismo Espacial de Seguimiento.

5.-Alto a la criminalización a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

 

 

CHILAPA SIN SALUD: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

cm_baja

COMUNICADO

CHILAPA SIN SALUD: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Chilapa de Álvarez, Gro, Diciembre 08 de 2016.- El día de ayer trabajadores del Hospital General del municipio de Chilapa manifestaron su inconformidad por las malas condiciones sanitarias en las que atienden a los pacientes, la escases de equipo y materiales para ofrecer una atención digna a la población, así también el atraso de pagos a 30 enfermeras y enfermeros.
Ante ello manifestamos nuestra preocupación, para que se resuelva de inmediato esta crisis que existe en el sector salud, pues consideramos que es indispensable que se garantice una buena atención médica por parte del hospital general, siendo esté para muchas personas que son de escasos recursos y provenientes de comunidades vulnerables, la primera instancia a la que acuden para que se les dé una atención médica.
Puntualizamos que la falta de interés de las autoridades no es reciente, pues desde el 2011 comenzaron las obras de un nuevo Hospital y actualmente sigue sin estar en funcionamiento. Es imposible concebir que un hospital que cuenta con un poco más de un centenar de trabajadores, se de abasto en atender una población de más de 325,351 habitantes de los municipios de Chilapa, Zitlala, Atlixtac, José Joaquín Herrera y Ahuacotzingo, y que pese a ello se encuentre en condiciones indignantes.
Consideramos que los recursos destinados para la salud deben tener un buen manejo administrativo pues no hay una explicación que manifieste el paradero de los recursos que se destinan para solventar la precariedad del hospital General de Chilapa, ni tampoco la razón por la cual se han detenido los pagos de las enfermeras y enfermeros que laboran en dicho hospital.
La salud es uno de los derechos fundamentales para la humanidad y según la fracción XVI del Artículo 73 Constitucional, dice que es la obligación del Estado garantizar ese derecho, por ello exigimos a las autoridades correspondientes a ofrecer buenas condiciones de salubridad, tanto para los pacientes como los trabajadores de dicho hospital.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”

COMUNICADO| VISITA CONJUNTA DE ONUDH Y CNDH, COMO RESULTADO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

cm_baja

 

COMUNICADO

• El Centro Morelos, aprueba que estos Organismos Nacional e internacionales acudieran a Guerrero
• los colectivos que se reunieron con el Representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado.

Chilapa de Álvarez, Gro, Diciembre 08 de 2016.-La ONUDH y la CNDH manifiestan su preocupación en la visita que realizaron a los colectivos de familiares de desaparecidos y desplazados del estado de Guerrero, víctimas de la crisis de seguridad que se vive a causa de la delincuencia organizada y la omisión de las autoridades.
El 6 y 7 de diciembre Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Ismael Eslava, Primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, escucharon con atención testimonios y demandas, particularmente de las víctimas de desplazamiento forzado, desaparición forzada y por particulares, reafirmando su preocupación por la grave crisis de derechos humanos, la fragilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos y la inacción de las autoridades.
Consideramos que esta visita conjunta de las dos más grandes instituciones en materia de derechos humanos, no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los Guerrerenses, fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades, por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, extorsiones van a la alza. Además la saturación de cuerpos y restos en el SEMEFO en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes. La psicosis que vive el resto de la población y en la omisión y aquiescencia de las autoridades. Mismas que se han visto minimizadas en los discursos que ha manejado el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, al decir que en Guerrero todo está bien.
El Centro Morelos, aprueba que estos Organismos Nacional e internacionales acudieran a Guerrero, a conocer de voz de las victimas el contexto de violencia que se vive y que se hayan comprometido a incidir en favor de las víctimas, que hasta el momento se han mantenido vulnerables, desprotegidas, sin acceso a la verdad y justicia y sin atención por parte de las dependencias del Estado como son la reciente creada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaria de Asuntos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desde luego la propia Fiscalía General de Justicia.
Es importante mencionar que los colectivos que se reunieron con el Representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas. Tan solo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada, aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa. El 04 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia, y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre, un día después de la privación de libertad del Coordinador del Comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de comando de hombres armados.
Por ello exhortamos a la ONUDH y la CNDH cumplan con los compromisos que hicieron con las víctimas, entre esos, el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre.

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

Comunicado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa Matriz de San Luis Acatlán ante el asesinato del Coordinador de Comité de Enlace profesor Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.

Comunicado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la Casa Matriz de San Luis Acatlán ante el asesinato del Coordinador de Comité de Enlace profesor Irineo Salmerón Dircio de Tixtla.

El día de ayer fue encontrado asesinado el profesor Irineo Salmerón Dircio en un camino secundario del vecino municipio de Chilapa. Junto a su cuerpo fue dejada una cartulina con el mensaje de un supuesto grupo criminal que decía: “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va para todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”. El profesor Irineo estuvo desaparecido por dos días después de que hombres armados lo privaran de su libertad el miércoles 23 a las 6:45 de la mañana.

El cargo de Coordinador del Comité de Enlace que desempeñaba el profesor Irineo Salmerón es un nivel de dirección, que se deposito en el mejor hombre que la asamblea eligió, por ser la mejor carta que tenía en la región. Reconocemos su entrega y coraje al proyecto comunitario.

A pesar de que la familia del Coordinador y profesor Irineo Salmerón Dircio hizo denuncia penal de la desaparición, las autoridades  municipales, estatales y judiciales no actuaron ni participaron en la búsqueda de Irineo Salmerón Dircio con el argumento de que el protocolo de búsqueda marca que se deben esperar 72 horas (tres días) para dar inicio a los tramites y a las investigaciones. Esta falta de búsqueda e investigación permitió la libre movilidad y acción de los perpetradores que han ejecutado a nuestro compañero Irineo. Por tal omisión y la sabida colusión de las autoridades con el crimen organizado en la zona es que consideramos que este caso se enmarca en una ejecución extrajudicial pues además se ve claro que este hecho busca atentar directamente en contra de la CRAC-PC y criminalizar sus actividades en todo el territorio comunitario, situación que ha sido incluso realizada y tolerada por el Estado.

El municipio de Tixtla de Guerrero, ubicado en la región centro del estado, ha sido escenario a últimas fechas de una escalada de violencia generalizada, caracterizada por la actuación impune de grupos armados supuestamente vinculados a bandas del crimen organizado que se disputan el control del territorio y vías de comunicación. En respuesta la población se ha organizado y existen en el municipio de Tixtla dos expresiones de Policía Comunitaria. El pasado fin de semana, 19 y 20 de noviembre fueron encontrados 9 cuerpos decapitados y desmembrados con señales de violencia física en el distribuidor vial que conecta a este municipio con Chilpancingo, Chilapa y Atliaca.

Sin embargo, es también obvio y muy preocupante que esa violencia ha afectado a las organizaciones sociales y miembros del sector educativo en la región:

1.- Los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos de los cuales, 14 son tixtlecos, 3 estudiantes ejecutados y otros dos heridos de gravedad;

2.- Hace exactamente un año, el 26 de noviembre de 2015, fueron ejecutado 4 miembros de la Policía Comunitaria del Barrio de El Fortín “La Patria es Primero”.

3.- El lunes 4 de Julio del 2016, fue ejecutado el profesor de la normal rural de Ayotzinapa Gelasio Navarrete Morales, fue privado de su libertad en el centro e Tixtla y su cuerpo fue hallado horas después en las inmediaciones de un basurero sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla;

4.- El 18 de septiembre del presente año fue encontrado ejecutado el segundo Comandante de la Policía Comunitaria de la Colonia El Zapote Celso Nava Isidro en el libramiento Tierras Prietas, cerca de la caseta de cobro ubicada en Tixtla.

El 4 de octubre de 2016 fueron ejecutados en un supuesto asalto dos estudiantes normalistas de cuarto grado de Ayotzinapa Jonatán Hernández Morales y Filimon Tacuba Castro, originarios de Tecoanapa y Ayutla respectivamente.

5.- El 28 de octubre fue encontrado asesinado el policía comunitario de la colonia de El Zapote, Albert Rafael Navarrete Reynada en el camino que conduce al basurero de Chilpancingo.

En los colindantes municipios de Chilapa y Zitlala existe un grave problema de desapariciones forzadas. Solo en Zitlala en los últimos tres días fueron encontrados doce cuerpos, cuatro cabezas humanas dentro de una hielera y dieciséis fosas clandestinas.

Con estos ejemplos se comprueba que se aprovecha la violencia generalizada para atacar a integrantes de la Policía Comunitaria, defensores de derechos humanos, de la educación y de los pueblos.

Queremos preguntar a los Pueblos originarios de Guerrero ¿hasta cuándo van a permitir que sigan los asesinatos y ejecuciones de los guerrerenses? Nosotros responderemos como CRAC-PC a esta agresión directa organizando màs comunidades; es hora que el pueblo tome en sus manos el ejercicio de sus derechos de manera directa y contundente, no basta con gritar en las calles.

Por lo anterior y en conclusión, ante la ejecución extrajudicial del profesor IRINEO SALMERON DIRCIO, urgimos y exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales para que:

  • Exigimos el esclarecimiento de la ejecución extrajudicial del coordinador del comité de enlace de Tixtla profesor Irineo Salmerón Dircio, para que sean castigados tanto de los autores materiales e intelectuales.
  • Exigimos al gobierno justicia con una respuesta inmediata del estado mexicano para que no quede impune la ejecución de nuestro compañero coordinador Irineo Salmerón Dircio.