Foro sobre la Ley de Seguridad Interior

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Derechos humanos y seguridad: una falsa dicotomía

28 de Marzo de 2017

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En meses recientes, el poder legislativo ha iniciado un debate poco efectivo y serio en el marco de varias propuestas legislativas para aprobar una Ley de Seguridad interior. Existe una tendencia de los poderes públicos de crear una Ley que de facto establecería un régimen de militarización de la seguridad pública y crearía estados de excepción, contraviniendo las recomendaciones y otros estándares internacionales de derechos humanos.

Desde la sociedad civil hemos expresado nuestra preocupación por la existencia de un marco legal que faculta a las fuerzas armadas a ejercer tareas que le son ajenas y que generan violaciones a los derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, perpetuando la impunidad.

Desde los años setentas el Estado de Guerrero ha sufrido en carne propia la militarización. El 70 por ciento de los desaparecidos de la época denominada “la guerra sucia”, tuvieron ocasión en esta Entidad y el Ejército Mexicano jugó un papel central en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Un caso emblemático que ilustra este contexto es el de Rosendo Radilla que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiendo una sentencia contra el Estado Mexicano. En años recientes la militarización en el Estado de Guerrero ha continuado, aconteciendo violaciones graves a los derechos humanos de mujeres indígenas y otras personas, como es el caso de las mujeres Me’phha Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. En todos estos casos la Corte Interamericana analizó el contexto de militarización que existe en Guerrero y declaró la existencia de un contexto de violencia institucional castrense, sobre todo en los casos de la indígenas Me’phaa.  No es casual que de los  cinco casos que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuatro son del Estado de Guerrero y los responsables son elementos del Ejército Mexicano.

En el marco de la violencia producida por los grupos de la delincuencia organizada y el combate que el estado dice desplegar, la militarización se ha extendido a todo el país, sin que el problema se logre revertir, por el contrario, lo que han aumentado son los índices de violaciones a los derechos humanos, sin que las mismas sean investigadas.

La experiencia empírica y el trabajo diario de las organizaciones de la sociedad civil y  de derechos humanos nos muestra que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vulnera los derechos humanos de las personas, pues a menudo cometen abusos contra la población, pero además, es una institución hermética, que se conduce en la opacidad en sus actuaciones y carece de controles civiles para que rinda cuentas.  Por ello vemos necesario que las afectaciones de la iniciativa, sus impactos y estrategias puedan ser discutidos en Guerrero que ha sufrido los embates de la militarización y sus efectos y en ese marco dar voz a todas las víctimas.