“La organización de las familias de los colectivos son la esperanza para los miles de desaparecidos del país”

La organización de las familias de los colectivos son la esperanza para los miles de desaparecidos del país.

          Chilapa de Álvarez, Guerrero, 21 de Noviembre de 2017.- Se cumplen tres años del surgimiento del colectivo “Los otros desaparecidos” en Iguala, Guerrero, a raíz de la desaparición de los 43 Normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Manifestamos nuestro reconocimiento a las familias que con el dolor a cuestas por la desaparición de un familiar, se han organizado para buscar la forma de hacerle frente a la ingobernabilidad del estado de Guerrero. Esta organización de los colectivos representan una esperanza para los miles de desaparecidos en el país.

Como Centro Morelos consideramos que la organización de la sociedad civil siempre es importante, sobre todo en este tiempo de crisis en materia de derechos humanos que en la última década, cientos de familias salen a las calles en exigencia de la presentación de sus desaparecidos pese al terror que, tanto los grupos del crimen organizado como las fuerzas de seguridad siembran día con día.

Van tres años que en Guerrero se han ido formando colectivos de familias que son de comunidades y ciudades de diferentes regiones del estado y que buscan a personas víctimas de desaparición forzada y por particulares y es gracias a la movilización de ellos y ellas que se han encontrado cientos de personas en fosas clandestinas y que algunos han sido entregados a sus familias. Sin embargo las desapariciones no acaban.

En estos tres años de búsqueda, las familias se han vuelto especialistas y en varias ocasiones ellos son quienes indican a los peritos de la fiscalía cómo realizar su trabajo; como lo sucedido en mayo del 2016, en la exhumación de 4 cuerpos en el cerro de Tepehuixco del municipio de Chilapa donde un solo perito iba a realizar las diligencias, sin embargo Mario Vergara y Simón Carranza, que pertenecen a un colectivo de iguala y que apoyaron al colectivo “Siempre Vivos” en la búsqueda de fosas, no lo permitieron, posteriormente, los buscadores regresaron a las fosas para cerciorarse si se habían hecho bien las exhumaciones pero se encontraron con varios huesos, un anillo e incluso una prenda.

Desde aquí enviamos nuestro reconocimiento a las familias que integran el colectivo ”Los otros Desaparecidos” de Iguala por sus tres años de lucha incansable y lo mismo al Colectivo “Siempre Vivos” de Chilapa que en los próximos días también cumplirá los mismos tres años, Admiramos profundamente a esas familias, en su mayoría mujeres que no se dan por vencidas y que han tomado la decisión de enfrentarse a un monstruo llamado corrupción e impunidad con la que las instituciones gubernamentales protegen a los grupos de la delincuencia organizada.

Así mismo les hacemos saber que el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” se ha unido a su exigencia y por ellos cuentan con nuestra solidaridad y respaldo.

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!
Centro Regional d Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Boletín de Prensa | SUSPENDE EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE LOS TRABAJOS PERICIALES DE CASOS DE CHILAPA, ZITLALA Y ATLIXTAC EN LA MORGUE DE CHILPANCINGO

Boletín de Prensa 

 

SUSPENDE EL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE LOS TRABAJOS PERICIALES DE CASOS DE CHILAPA, ZITLALA Y ATLIXTAC EN LA MORGUE DE CHILPANCINGO

  • Por la falta de funcionamiento de sus dos cámaras frigoríficas almacenadoras de cuerpos, así como la saturación de las mismas.
  • A una semana y media de la llegada del EAAF, detonó un malestar que ya se había manifestado anteriormente y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Servicio Médico Forense.
  • En medios de comunicación se ha señalado al EAAF como el responsable de esta situación.

     Chilapa de Álvarez, Guerrero, 20 de noviembre de 2017.- El Equipo Argentino de Antropología Forense suspende sus trabajos periciales a petición de la Fiscalía General de Estado de Guerrero, debido a que no hay condiciones sanitarias dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo por la falta de funcionamiento de sus dos cámaras frigoríficas almacenadoras y la saturación de cadáveres que alberga allí.

El día seis de noviembre del 2017 se realizó la toma de protesta de los miembros del EAAF para comenzar la segunda etapa del proceso de identificación de restos de personas desaparecidas de Chilapa, el cual consiste en examinar y tomar muestras para análisis genéticos a cadáveres que presuntamente pertenecen a familiares del colectivo “Siempre Vivos” y que se encuentran en el servicio médico forense de la ciudad de Chilpancingo a petición de los familiares y el Centro Morelos. Según la Fiscalía de Guerrero, dichos cadáveres si corresponden a personas desaparecidas de Chilapa, Zitlala y Atlixtac que son buscadas por familias del colectivo “Siempre Vivos” de Chilapa.

Coincidentemente, a una semana y media de la llegada del EAAF, detonó un malestar que ya se había manifestado anteriormente y que tiene que ver con las condiciones en que se encuentran las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo que, ante la incapacidad de albergar cientos de cadáveres, y de que no cuenta con las condiciones sanitarias para el desempeño del trabajo pericial, provocó que los trabajadores de la fiscalía del Estado, cuyas instalaciones se encuentran adyacentes al SEMEFO de Chilpancingo, pararan labores en exigencia de que se les proporcionen condiciones dignas para trabajar sin riesgos para su salud. A continuación, la fiscalía solicitó al EAAF que suspenda sus labores dada la falta de condiciones sanitarias para continuar los trabajo y el conflicto con los trabajadores de la Fiscalía del estado, manifestando que intentarían comprar una cámara frigorífica nueva.

Es importante señalar que, aunque en medios de comunicación se ha señalado al EAAF como el responsable de esta situación, las malas condiciones sanitarias del SEMEFO de Chilpancingo, especialmente, la falta de funcionamiento de sus cámaras frigoríficas es anteriores al trabajo pericial del EAAF en las instalaciones y son la causa principal del problema sanitario actual en dicho establecimiento.

Cabe mencionar que el Equipo Argentino de Antropología Forense ha encontrado múltiples obstáculos en la realización de su peritaje independiente sobre casos de personas desaparecidas en Chilapa, Zitlala y Atlixtac.  Esta situación es preocupante porque repercuten en las familias que están esperando los resultados del peritaje independiente que realiza el EAAF.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Equipo Argentino de Antropología Forense

 

LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO REPRUEBA INTENTO DE INTIMIDACIÓN Y CENSURA DEL ALCALDE DE CHILAPA CONTRA REPORTEROS.

LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO REPRUEBA INTENTO DE INTIMIDACIÓN Y CENSURA DEL ALCALDE DE CHILAPA CONTRA REPORTEROS.

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Chilpancingo, Guerrero, a 09 de octubre de 2017

    La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero reprueba el reclamo agresivo que en público hizo del alcalde de Chilapa, Jesús Parra García (PRI) contra el trabajo de los compañeros reporteros Luis Daniel Nava y Jesús Rojas, porque a todas luces se trata de un intento de intimidación y censura.

El jueves 05 de octubre, alrededor de las 12:30 horas, frente a la catedral en el centro de la ciudad de Chilapa, cuando junto a su comitiva instalado en un presídium esperaba a que concluyera una misa, el alcalde fue abordado para ser consultado por el problema del transporte público y el deslinde de los gobiernos federal y estatal en seguridad pública para el municipio, cuando lanzó:

—No, no son profesionales. Ni a ti ni a ti voy a dar entrevista (…). No doy entrevistas, luego de la misa, por favor. Sale. Gracias.

—¿No dará entrevistas?, le preguntó Luis Daniel Nava.

—A lo mejor, no, porque luego (…), estuvimos diez regidores (en el segundo informe de gobierno municipal), no estuvimos cinco, en tu nota dice cinco. Yo nomas lo que te pido que seas congruente con tu información.

La nota a la que se refirió (El Sur (01/10/2017 Pag. 6) asienta claramente en el segundo párrafo: “no se presentaron cinco de los 12 regidores”.

—Tiene la nota, si usted muestra la nota…

—No, pero lo vemos y después les doy notas (a los dos), respondió la autoridad local.

Luego cuando, Jesús Rojas, también colaborador de medios estatales y nacionales, le preguntó si estaba molesto y por qué, el edil respondió:

—Hay unas notas ahí, luego te las enseño también, de la televisora, incongruentes, yo estoy diciendo tal como son, vemos los videos.

Luego, antes de entrar a la catedral, el alcalde mostró al reportero Luis Daniel Nava un mensaje vía WhatsApp de uno de sus colaboradores donde decía que sólo “cinco de 12 regidores” se habían presentado a su informe, cuando lo publicado indica lo inverso.

Al salir del templo, en tono menos agresivo, el presidente municipal atendió la entrevista y no quiso aclarar nada como se le preguntó.

Un caso similar ocurrió la noche del 15 de agosto de 2017, en el baile del Tecuán dentro de La Tigrada en el zócalo de Chilapa, cuando colaboradores de Punto de Partida se le acercaron al alcalde para solicitar una entrevista.

Jesús Parra, tajante les contestó a gritos que no les daría entrevista por mencionarlo en uno de sus reportajes en el programa Punto de Partida y les llamó a los reporteros “extorsionadores”.

El equipo del noticiero de Televisa aclaró a colegas es día que en sus recorridos de trabajo al municipio se han mantenido al margen hasta de las invitaciones a desayunar del personal del Ayuntamiento.

En febrero de 2016, luego de que el periodista Gustavo Alberto Nava en una nota publicada en el portal La Plaza consignara una conferencia de prensa donde regidores del PRD dieron a conocer que el alcalde y su círculo cercano contrataron seguros de vida, se suscitó una serie de amenazas vía redes sociales, lo que orilló a periodistas del estado a responsabilizar a la primera autoridad en caso de algún suceso contra el reportero.

El hecho del jueves constituye un intento de intimidación y censura a la labor de los compañeros en Chilapa, que ahonda más el clima hostil de la región.

Además de que hay formas institucionales y hasta presupuesto público para una dirección de Comunicación para disipar las que consideren imprecisiones, y no tratar a reporteros como si fueran sus empleados, a los cuales intenta humillar en público.

Exigimos al presidente municipal Jesús Parra y a su gabinete, un trato digno a los representantes de los medios, respeto a la labor reporteril y conducirse por las vías formales para aclarar diferencias.

Atentamente

Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero.

Marlen Castro
Vania Pigeonutt
Margena de la O
Beatriz García
Zacarías Cervantes
Sergio Ocampo
Jesús Guerrero
Ulises Domínguez
Kau Sirenio Pioquinto
Eduardo Yener Santos
Arturo de Dios Palma
Jonathan Cuevas
Hercilia Castro
Rogelio Agustín Esteban
Salvador Cisneros
Alejandro Guerrero
Israel Flores
Jaime Irra

Comunicado de prensa | ONG exigen que el gobierno Estatal y Federal atiendan la situación de violencia en el Estado

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Comunicado de Prensa

 ONG exigen que el gobierno Estatal y Federal atiendan la situación de violencia en el Estado

  • En el 2017, la violencia en la entidad ha rebasado las cifras de años pasados.
  • Es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estatal al dejar toda la responsabilidad a policías municipales
  • Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición forzada viven en total vulnerabilidad

      Chilpancingo, Guerrero, 05 de Octubre de 2017.- Ante las respuestas emitidas en materia de seguridad por parte del Gobierno Federal como la Fiscalía General del Estado manifestamos nuestra preocupación al ver la facilidad con la que estas instancias creadas con la finalidad de procurar justicia, así como garantizar nuestra integridad física, se deslindan sin más, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales, de la fuerte violencia que de manera particular el municipio de Chilapa enfrenta desde hace una década.

En el 2017 la violencia ha rebasado las cifras de años pasados, en tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado que se refleja en las casa vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundida por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades  municipales y estatales.

Es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estado al dejar toda la responsabilidad a policías municipales manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales.

Es necesario que el Gobierno Federal cumpla con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa. A la Fiscalía General del Estatal le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetúa la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza.

La  actitud de estos organismos forma parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil  terreno en que esta cimentada  la  militarización del estado de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, como organismos civiles que promueven y defienden derechos humanos consideramos que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad.

Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición viven en total vulnerabilidad, pues el trauma que estos acontecimientos dejan es sumamente grave y que no están siendo atendidos de acuerdo a los estándares internacionales que protege derechos humanos, debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas, por ejemplo; no existe  una ley estatal de declaración de ausencia, no se ha reglamentado la ley número 694, de victimas del estado libre y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido administrada de manera adecuada.

Por lo anterior, para nosotros es muy importante que las autoridades se hagan responsables de las tareas que les corresponde como encargados de construir un ambiente de protección a la vida, la integridad la libertad y el bienestar social. Por ello exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:

  • Que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Publica para proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población de la región de Chilapa.
  • Que la secretaria de Seguridad Pública del Estado ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en Chilapa.
  • Que cumplan con sus atribuciones de persecución del delito en lo que les corresponda tanto del fuero común como federal para terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes en esta zona.
  • Que la Fiscalía General del Estado de seguimiento a la investigación a los casos de desaparición de personas y homicidios.
  • Que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía
  • Que se garantice un transporte público seguro
  • Que los poderes judiciales y estatales impartan justicia apegada a los derechos humanos y
  • Que se aplique y fortalezca el marco legal para la atención de víctimas de desaparición, desplazamiento y homicidios.

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” AC

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA “TLACHINOLLAN”

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Comunicado | Un año de impunidad del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa

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Un año de impunidad del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 4 de Octubre de 2017.- A un año del asesinato de los estudiantes normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, ocurrido en la carretera Chilpancingo-Tlapa cerca de Tixtla, los familiares no tienen verdad, justicia ni reparación.

Jonathan y Filimón cursaban el último año de la licenciatura en educación primaria. Ese año se graduarían. El 4 de abril regresaban de realizar sus prácticas docentes, alrededor de las seis de la tarde de manera coincidente se encontraron en la base de las urvan de Chilpancingo – Tixtla y abordaron la número 41. Al salir de la ciudad cinco personas se subieron a la unidad del transporte público y kilómetros más adelante empezaron a asaltar a los pasajeros. Según testigos del hecho los agresores dispararon contra los estudiantes y les dieron el tiro de gracia. Ese mismo día los agresores mataron e hirieron a otras personas en su ruta de escape.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado lograron identificar a seis personas. De acuerdo a las pesquisas, se trataba de un grupo delictivo que operaba en Chilpancingo y su modus operandi era el asalto con violencia. Estaban involucrados en por lo menos tres hechos violentos más, principalmente de asalto a tiendas Oxxo con saldo de varias personas asesinadas.

Cinco personas fueron detenidas y procesadas bajo el nuevo sistema de justicia penal. El 4 de septiembre de este año les dictaron una sentencia de 60 años de prisión.

No obstante lo anterior las investigaciones no lograron esclarecer el móvil del múltiple homicidio ni establecieron si este grupo delictivo formaba parte orgánica de la delincuencia organizada y si tenían un mando jerárquicamente superior.

Resulta difícil entender que este grupo delictivo tenía meses operando en Chilpancingo con toda impunidad y en plena ciudad y a la luz del día, sin que autoridad alguna actuara. Tuvieron que asesinar a dos Normalistas de Ayotzinapa para que el aparato estatal emprendiera acciones parciales.

El presente caso es emblemático de la violencia que prevalece en el Estado de Guerrero y la inacción de las autoridades para enfrentarla. Las deficiencias de las instituciones de justicia para ofrecer verdad y justicia se hizo patente en el presente asunto. Pese al nuevo sistema de justicia penal no se ha logrado establecer a cabalidad el móvil de la agresión ni la cadena de mando de los agresores.

Tragedias y episodios de violencia como el presente caso no sirven a la autoridad para marcar un punto de no retorno e implementar medidas de no repetición, por eso la violencia en el corredor de Chilpancingo – Chilapa – Tlapa aumenta exponencialmente, esas lugares se han convertido en zona de guerra en las que los grupos delincuenciales mantienen un autogobierno. Las instituciones están desdibujadas y solo son espectadores de los múltiples asesinatos y quemas de unidades del transporte público. Pero lo más preocupante es que abdican de su obligación de brindar seguridad  a los ciudadanos y sin y rubor alguno declaran que esos asuntos no son de su competencia, tal como lo hiciera el Fiscal del Estado de Guerrero, Javier Olea, en días recientes.

La impunidad en los casos como el de los normalistas de Ayotzinapa y la negativa de las autoridades para reconocer la gravedad de la violencia que azota nuestra entidad y emprender acciones para revertirla, tienen a Guerrero en vilo y a la intemperie

Frente a lo anterior exigimos:

  1. Esclarecer el móvil de la agresión a los dos normalistas de Ayotzinapa.
  2. Reparación del daño a familiares.
  3. Alto a la criminalización a los Normalistas de Ayotzinapa.
  4. Garantizar la seguridad de las personas transeúntes de las regiones Centro y Montaña de Guerrero.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”