DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

QUE RENAZCA LA MÍSTICA Y LA CONVICCIÓN, QUE SON FUNDAMENTALES EN TODA REVOLUCIÓN EMANCIPADORA.

DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

     Ayotzinapa, Guerrero a 13 de enero de 2018.- I. A pesar de los esfuerzos de todos los niveles de gobierno de sepultar el caso Ayotzinapa, esta Asamblea Nacional Popular ratifica la continuidad de la lucha por: la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, castigo a los culpables materiales e intelectuales, libertad a todos los presos políticos del país, fuera Peña Nieto, abrogación de las reformas estructurales.

II. Exigimos se sigan las 4 líneas de investigación propuestas por los expertos internacionales. Investigación del ejército y los involucrados el día 26 y 27 de septiembre de 2014, investigación de la policía de Huitzuco, telefonía celular de los implicados, el trasiego de droga de Iguala a Chicago.

III. La muerte volvió a cimbrar estas tierras guerrerenses, el día 7 de enero. El estado con un operativo descomunal de fuerzas policiacas federales, estatales, ministeriales y el ejército atacó de forma artera y cobarde a la policía comunitaria de Cacahuatepec con un saldo de 5 muertos y 25 detenidos entre ellos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Exigimos Castigo a los responsables materiales e intelectuales de estas ejecuciones extrajudiciales, libertad inmediata a los compañeros detenidos presos políticos.

IV. Muchos son los testimonios históricos de episodios violentos que han teñido de sangre el territorio nacional y que se incrementaron ostensiblemente a partir de la supuesta declaración de guerra contra el crimen organizado, institucionalizándose así una cruenta escalada de represión oficial en contra de luchadores sociales, líderes políticos, organizaciones independientes, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblo en general, por su digna postura de no envilecerse y prostituirse ante el poder perverso de los gobiernos autoritarios y corruptos que han socavado el estado de derecho en nuestro país, sometido a un proceso de involución social y política.

La Ley de Seguridad Interior legaliza las actividades del ejército en tareas de seguridad pública contra lo establecido en el artículo 129 constitucional. Nos sumamos a las voces de protesta contra esta nefasta ley. De igual forma condenamos la contrareforma laboral en puerta que restringe y conculca los derechos de las y los trabajadores del País.

La polarización de la lucha de clases, reclama de nosotros: erradicar el egoísmo y la soberbia, altos niveles de disciplina, militancia, conciencia de clase y voluntad irrestricta al trabajo para dar paso a formas de organización cualitativamente superiores. En eso empeñamos nuestros esfuerzos, por ello llamamos fortalecer los trabajos para la realización de la VI Convención Nacional Popular y a seguir movilizándonos los días 26 de cada mes en el marco de las acciones globales.

Fraternalmente.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de Padres y Madres de los 43.

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

 

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

    Ciudad de México, 11 de enero de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco (Guerrero), en los que fallecieron 11 personas, lamenta la terrible pérdida de vidas y llama a su completo esclarecimiento. Asimismo, la ONU-DH repudia las agresiones contra los periodistas que cubrían estos hechos.

Según la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas.

La ONU-DH, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes. Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

Adicionalmente, la ONU-DH considera profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. También resulta preocupante el robo del material gráfico. Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos. Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad.

Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, añadió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias. Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas.”

La ONU-DH recuerda que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota[1], particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.

Jan Jarab subrayó que “además, el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo. Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos. Asimismo, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave.”

La ONU-DH desea expresar su preocupación por la situación general de seguridad en La Concepción y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad. Igualmente, las autoridades deben asegurar las condiciones de seguridad de las personas detenidas y de sus familiares, a los abogados y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos y reitera su llamado a las autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.

TERMINA

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a: Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org

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[1] Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf

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COMUNICADO DE PRENSA | Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

COMUNICADO DE PRENSA

Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

 

      Chilpancingo, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Siguiendo con la estrategia de imponer el proyecto hidroeléctrico “La Parota” el gobierno federal y estatal, pretende acabar con la resistencia de los opositores a ceder sus tierras para este megaproyecto, en ese contexto, la madrugada del domingo 07 de enero fueron asesinados dos policías comunitarios, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC de la comunidad la Concepción, municipio de Acapulco, durante un enfrentamiento luego de ser emboscados por hombres armados que podrían pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada. Este hecho ocurrió durante la festividad en la población mientras las autoridades comunitarias realizaban sus rondines como parte de la seguridad.

Horas después fueron detenidos 38 policías comunitarios de la CRAC-PC, entre ellos Marco Antonio Suastegui Muñoz y Vicente Suastegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, tras un operativo del gobierno del estado de Guerrero, donde aproximadamente 100 elementos de la policía estatal, ministerial y militares arribaron a la comunidad donde además de proceder a realizar las primeras diligencias se desplegaron a los domicilios de los miembros de la CECOP para ser cateados de manera arbitraria, sin ninguna orden que así lo señalara y posteriormente durante un tiroteo provocado por un policía estatal dieron lugar a tres ejecuciones extrajudiciales.

Ante esos hechos manifestamos nuestra profunda preocupación pues el actuar sangriento de los elementos castrenses violan todos los derechos humanos de quienes se organizan para mantener sus comunidades a salvo de la violencia pese a las miradas nacionales e internacionales de organismos de Derechos Humanos que han manifestado su preocupación por la crisis de derechos humanos que ha prevalecido en Guerrero y que ahora aumenta.

Como colectivos de familias de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos consideramos que estos actos son una amenaza para el futuro de todos los que se organizan, pues Marco Antonio Suastegui ha sido detenido anteriormente por defender a su comunidad y ahora vuelve a ser detenido y criminalizado por las autoridades, estigmatizando la existencia de la CRAC-PC mientras que a los grupos de supuestos policías comunitarios que han sido señalados de pertenecer a la delincuencia organizada permanecen intactos.

Por si fuera poco, los policías estatales agredieron a más de 5 periodistas y foto periodistas que se encontraban cubriendo los hechos con insultos, uno de ellos Bernardino Hernández quien fue golpeado por dos elementos de la policía estatal, fue despojado de memorias SD y amenazando de ser desaparecido.

Lo anterior es una pequeña muestra de cómo se aplicara la Ley de Seguridad Interior en contra de todo movimiento de resistencia y contra los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, por lo tanto exigimos:

1.- Libertad inmediata de todos los detenidos.

2.- Garantías para el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia.

3.- Alto a la represión en contra del CECOP y el sistema de justicia Comunitario CRAC-PC.

4.- Respeto a la labor de los comunicadores.

5.- Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior.

 

Atentamente:

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

“Colectivo de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

 

La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior

Por la verdad y la justicia: ¡No a la Ley de Seguridad Interior!

 

  • La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior
  • Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada.

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre de 2017. El pasado 15 de diciembre de 2017 después de una sesión de más de 15 horas la Cámara de Senadores aprobó el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, en una discusión que careció de un debate profundo, transparente y honesto sobre las implicaciones de una legislación de esta naturaleza y sin que se realizaran cambios significativos.

Las voces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de cientos de organizaciones nacionales y cientos de miles de personas no fueron escuchadas.

Para un estado que ha sufrido los embates del ejército durante años, el avance de esta ley representa la legitimación de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y que tribunales internacionales han condenado. La desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en Atoyac, la ejecución extrajudicial de 11 campesinos indígenas en El Charco, la tortura a los campesinos ecologistas en Ajuchitán, la tortura sexual de las mujeres indígenas me’ phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa son algunos de los ejemplos de que las fuerzas armadas no son aptas para las tareas de seguridad pública y por el contrario, su despliegue representa una amenaza clara a los derechos humanos.

El falso discurso de seguridad con el que se está promoviendo esta ley no tiene sustento. Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada. Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Chilapa y Coyuca de Benítez, las cinco ciudades más peligrosas del estado, cuentan con un gran número de militares; sin embargo, la violencia ha hecho que muchos de estos territorios sean intransitables. Las miles de víctimas de la violencia claman por el fin de la impunidad y el clima de permisividad en favor de los perpetradores.

Por ello, ante la falta de responsabilidad expresada por el Congreso mexicano en la aprobación de esta ley exigimos a Enrique Peña Nieto que en su facultad de veto señalada en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de promulgarla y se abra un proceso de diálogo adecuado con la sociedad para crear una legislación que permita hacer frente a la situación de inseguridad del país apuntalando sus causas más profundas, el fortalecimiento de las policías y del sistema de justicia, así como la progresiva retirada de las fuerzas armadas de la seguridad pública.

 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

  • Es una ley que definitivamente no debe ponerse en marcha porque de ser así los derechos humanos individuales y colectivos estarían doblemente violados.
  • Preocupa el incremento a la criminalización y agresión no sólo de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también a los movimientos de protesta social, y a la población en general.

      Chilapa de Álvarez, Guerrero, 17 de Dic de 2017.- De manera apresurada y después de un dialogo simulado se aprobó la LSI que será publicada sin dilación en el Diario Oficial de la Federación, en contra de las recomendaciones de quienes han tenido que luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en otros países y en México, cuando se les permite actuar en tareas que no le son propias, por lo que, como Organismo Civil no compartimos la aprobación de esta ley anticonstitucional que suspende todos nuestros derechos humanos instaurando un régimen militar.

Durante el presente año, personas expertas en la materia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales hemos manifestado nuestro rechazo a esta ley porque, al ser aprobada los derechos humanos estarían doble o triplemente violados y con las garantías individuales totalmente suspendidas.

Sabemos que se instaura un estado de excepción al legalizar la presencia del Ejército en las calles para llevar a cabo acciones de contención social y, por eso insistimos en que ninguna reglamentación de esta ley serviría para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y mucho menos garantiza la seguridad pública porque sí eso fuera el objetivo hubieran aplicado el artículo 39 constitucional previa reglamentación, por otro lado, no va a solucionarse la violencia que ha generado el narcotráfico porque esto se debe a la corrupción de funcionarios o ex funcionarios que se han visto involucrados con los delincuenciales, funcionarios que incluso son responsables de haber participado en crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales además de que se incrementaran estos actos sin ningún contrapeso que regule el actuar de los militares.

Sin duda existen grandes intereses de por medio, pues es claro el sometimiento del poder Legislativo ante los poderes fácticos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina pasando por encima de los derechos humanos.

Varias regiones del estado de Guerrero, en la actualidad, están viviendo verdaderas crisis humanitarias, producto de la corrupción de los tres niveles de gobierno, e históricamente es una de las entidades que ha sufrido diferentes violaciones de derechos humanos en las que el ejército es el responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y tortura, como consecuencia de la extrema militarización desde el periodo conocido como “la década de la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

 Es importante insistir en que, desde el estado se generó una Crisis de seguridad pública en donde las instituciones civiles por acción u omisión dejaron a los grupos delincuenciales actuar libremente para generar las condiciones en las cuales la ciudadanía viera con simpatía la presencia del ejército en las calles e incluso llegara a solicitar la aprobación de la ley de seguridad interior sin saber las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, además de que nuestra preocupación no está descontextualizada, pues en la visita de relatores de las Naciones Unidas, han advertido que, tener a los militares en las calles representa un peligro grave.

Por otra parte nos preocupa el incremento de la criminalización y agresión no sólo en contra de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también contra los movimientos de protesta social, y a la población en general pues, absolutamente todos vamos a ser vistos como enemigos o un riesgo para la seguridad interior, por lo tanto siempre estaremos en riesgo de sufrir alguna agresión o un allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura u ejecución extrajudicial ya que nadie podrá contenerlos.

Por todo lo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de manera inmediata en contra de la publicación de esta “ley de seguridad Interior” en el diario oficial de la federación y los invitamos a organizar reuniones organizativas para definir las actividades a realizar.

 

ATENTAMENTE:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C