Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

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Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

  • Es una ley que definitivamente no debe ponerse en marcha porque de ser así los derechos humanos individuales y colectivos estarían doblemente violados.
  • Preocupa el incremento a la criminalización y agresión no sólo de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también a los movimientos de protesta social, y a la población en general.

      Chilapa de Álvarez, Guerrero, 17 de Dic de 2017.- De manera apresurada y después de un dialogo simulado se aprobó la LSI que será publicada sin dilación en el Diario Oficial de la Federación, en contra de las recomendaciones de quienes han tenido que luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en otros países y en México, cuando se les permite actuar en tareas que no le son propias, por lo que, como Organismo Civil no compartimos la aprobación de esta ley anticonstitucional que suspende todos nuestros derechos humanos instaurando un régimen militar.

Durante el presente año, personas expertas en la materia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales hemos manifestado nuestro rechazo a esta ley porque, al ser aprobada los derechos humanos estarían doble o triplemente violados y con las garantías individuales totalmente suspendidas.

Sabemos que se instaura un estado de excepción al legalizar la presencia del Ejército en las calles para llevar a cabo acciones de contención social y, por eso insistimos en que ninguna reglamentación de esta ley serviría para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y mucho menos garantiza la seguridad pública porque sí eso fuera el objetivo hubieran aplicado el artículo 39 constitucional previa reglamentación, por otro lado, no va a solucionarse la violencia que ha generado el narcotráfico porque esto se debe a la corrupción de funcionarios o ex funcionarios que se han visto involucrados con los delincuenciales, funcionarios que incluso son responsables de haber participado en crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales además de que se incrementaran estos actos sin ningún contrapeso que regule el actuar de los militares.

Sin duda existen grandes intereses de por medio, pues es claro el sometimiento del poder Legislativo ante los poderes fácticos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina pasando por encima de los derechos humanos.

Varias regiones del estado de Guerrero, en la actualidad, están viviendo verdaderas crisis humanitarias, producto de la corrupción de los tres niveles de gobierno, e históricamente es una de las entidades que ha sufrido diferentes violaciones de derechos humanos en las que el ejército es el responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y tortura, como consecuencia de la extrema militarización desde el periodo conocido como “la década de la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

 Es importante insistir en que, desde el estado se generó una Crisis de seguridad pública en donde las instituciones civiles por acción u omisión dejaron a los grupos delincuenciales actuar libremente para generar las condiciones en las cuales la ciudadanía viera con simpatía la presencia del ejército en las calles e incluso llegara a solicitar la aprobación de la ley de seguridad interior sin saber las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, además de que nuestra preocupación no está descontextualizada, pues en la visita de relatores de las Naciones Unidas, han advertido que, tener a los militares en las calles representa un peligro grave.

Por otra parte nos preocupa el incremento de la criminalización y agresión no sólo en contra de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también contra los movimientos de protesta social, y a la población en general pues, absolutamente todos vamos a ser vistos como enemigos o un riesgo para la seguridad interior, por lo tanto siempre estaremos en riesgo de sufrir alguna agresión o un allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura u ejecución extrajudicial ya que nadie podrá contenerlos.

Por todo lo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de manera inmediata en contra de la publicación de esta “ley de seguridad Interior” en el diario oficial de la federación y los invitamos a organizar reuniones organizativas para definir las actividades a realizar.

 

ATENTAMENTE:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C

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