NO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

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NO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

#SeguridadSinGuerra.

         La militarización en Chilapa no es nueva, prácticamente desde que apareció el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, los militares se desplegaron por toda la región, torturando a los hombres principalmente de comunidades del municipio de Ahuacuotzingo,  violando sexualmente a 2 mujeres me`phaa de una comunidad del municipio de Atlixtac a principios de diciembre, los derechos humanos de la población indígena principalmente fueron conculcados por los militares, con mayor crueldad en 1997 al combatir a la guerrilla del EPR y,    de hecho los militares nunca regresaron a sus cuarteles, a diez años, en el 2006 al declarar la guerra contra las drogas, se reactiva la presencia del ejército, supuestamente para dar seguridad a la población pero contrariamente a lo que se dijo, el problema de las desapariciones y la ejecuciones cobra cifras alarmantes y hoy son decenas de víctimas directas y mayor el número de víctimas indirectas, mientras cientos de militares y policías van y vienen, aun recordamos como del 9 al 14 de mayo del 2015 aun con la presencia de elementos de la gendarmería, militares, policías estatales y municipales, un grupo de civiles armados tomo la Ciudad de Chilapa y en presencia de policías y militares desaparecieron a más de 30 personas, lo cual por la manera en que sucedieron estas desapariciones deben ser consideradas como desapariciones forzadas.

De nada han servido las muestras de preocupación ante esta realidad por parte de organismos internacionales que han venido a Chilapa para conocer la crisis de derechos humanos que se vive en la región.

A todos nos queda claro que la estrategia del gobierno fue la de permitir que los grupos de la delincuencia organizada sembraran el terror para que la población aterrorizada por tanta violencia y las víctimas vean con simpatía la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la presencia de los militares haciendo tareas de seguridad como si fueran policías.

Aun recordamos que a escasos 4 días de que el 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a pesar de la presencia de militares y policías, la niña Diana Paulina Rendon Alcaraz a quien ninguna ley nacional, ni recomendación internacional, sirvió para proteger su derecho a la vida y a la integridad física, fue desaparecida y posteriormente asesinada.

Lo que indigno a propios y extraños es que esto ocurriera a pesar de que Chilapa se encuentra militarizado.

Para la ciudadanía no pasa desapercibido el aparatoso despliegue militar del lunes 13 de noviembre, cuando el gobernador encabezó una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, en las instalaciones de la Casa del Campesino en esta cabecera municipal, a la que asistieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR), en ese momento el ministerio público estaba negando a la familia de Diana Laura tomar la denuncia por desaparición.

Repetimos, la perversa intención de permitir que el terror se impusiera la manera mas sangrienta posible, la vimos cuando los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior sin que les importara que su contenido contravenga el articulo primero constitucional y, sin tomar en cuenta que existen otros artículos que podrían ser aplicables en contextos como el de Chilapa y otros municipios de Guerrero, lo cual significa que esta puesta en marcha una estrategia de contrainsurgencia con miras no solo a los posibles conflictos poselectorales del próximo año sino que saben que las reformas estructurales apenas empiezan a poner de manifiesto el gran daño hacia la población mas vulnerable y el ejercito es el ultimo recurso para el control social, ante las manifestaciones de protesta.

No podemos permitir ni aceptar una ley que dará marcha atrás a los avances en materia de derechos humanos, pues las intenciones más visibles en lo inmediato son:  Neutralizar actos de resistencia no agresiva, Intervenir comunicaciones privadas, Utilizar cualquier método de recolección de información, Autoriza acciones preventivas con base en su criterio, No se plantean mecanismos efectivos de respeto de los derechos humanos, Intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas, No marca límites de tiempo a las afectaciones, Utiliza definiciones imprecisas, Vulnera los derechos humanos y por último,  El ejército no debe ser usado como mecanismo de persecución política.

 

Atentamente:

¡Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.!

 

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