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COMUNICADO: OSC condenan el ataque de los hechos ocurridos el día 4 de octubre en la carretera Chilpancingo – Tixtla

OSC condenan el ataque de los hechos ocurridos el día 4 de octubre en la carretera Chilpancingo – Tixtla

 

  • En ataque murieron dos estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Es urgente que se realice una pronta investigación para que se esclarezcan los hechos y se castiguen a los responsables.

 

Chilpancingo, Guerrero, 05 de Octubre de 2016.- El día de ayer, 4 de octubre de 2016, en la carretera Chilpancingo-Tixtla, un comando armado arremetió en contra de un vehículo de transporte público que se dirigía a la ciudad de Tixtla, en estos hechos resultaron  6 asesinadas, entre ellas dos mujeres, un menor de edad y los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro.

 

Según los últimos datos recabados los hechos se darían como consecuencia del clima de inseguridad que impera en la zona y resultarían luego de que un grupo de personas armadas asaltara dicha unidad de trasporte; sin embargo, hasta el momento las circunstancias en que se dieron los hechos siguen siendo confusas, por lo que no puede señalarse una versión oficial sobre el ataque.

 

Expresamos nuestra profunda preocupación porque estos graves hechos no sean debidamente investigados, pues hasta ahora, no existe ningún resguardo por parte de las autoridades en el lugar de los hechos ni se han iniciado operativos entorno a la búsqueda y captura de los responsables; lo que deja entrever la inacción del gobierno y la impunidad existente ante la grave crisis de inseguridad y violencia que se vive en la zona.

 

Asimismo, puntualizamos que las circunstancias ahora conocidas de los hechos no nos permiten descartar que los asesinatos en contra de las personas y en especial de los dos normalistas ahora identificados pudieran vincularse con la serie de represalias de las que ha sido objeto la Normal Rural “Isidro Burgos” y que se ha visto agudizada desde la desaparición forzada de 43 estudiantes  en septiembre de 2014, así como de la lucha surgida en torno a la búsqueda de verdad y justicia.
Resaltamos que la situación de violencia e inseguridad que vive el Estado está en aumento, contrario a lo que ha expresado el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones recientes, situación que refleja número de eventos de similar naturaleza y que afectan día con día, las calles, carreteras  y habitantes de diversas zonas de Guerrero, quienes sufren los asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos.

 

Es por eso que las organizaciones firmantes, condenamos energéticamente los hechos ocurridos el día de ayer y manifestamos nuestra total solidaridad a la Normal, así como los habitantes de la zona que sufren diariamente este tipo de hechos. Por todo ello exigimos:

 

  1. Que el Gobierno establezca una narrativa clara y objetiva de la mecánica de los hechos, así como el aseguramiento en la escena del crimen.
  2. Una pronta, imparcial y exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en el tramo carretero Chilpancingo-Tixtla, así como la ubicación de los perpetradores
  3. Que sean atendidas todas y cada una de las víctimas que requieran atención médica, psicológica y/o de otra índole.
  4. Castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona para evitar a que estos actos se repitan.

 

 

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)

 

TOMAS ZERÓN DE LUCIO SIN INVESTIGACIÓN NI CASTIGO.

TOMAS ZERÓN DE LUCIO SIN INVESTIGACIÓN NI CASTIGO.

Chilapa de Álvarez, Gro., 15 de Agosto de 2016.-A días de cumplir 24 meses de los hechos ocurridos en Iguala, donde desaparecieron 43 Normalistas de Ayotzinapa, el Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomas Zerón de Lucio, presentó su renuncia sin explicar motivo alguno, con la que se deslinda de toda responsabilidad que las evidencias existentes lo comprometen al manipular pruebas y sembrar evidencias para desviar la atención de otras líneas de investigación que podrían dar con el paradero de los normalistas.

Por su parte la titular de la Procuraduría General de la Republica acepto la “renuncia” de Zerón de Lucio deseándole mucho éxito quien después de estar bajo investigación por la PGR desde finales de abril, sospechosamente no se le encontró ninguna prueba en su contra, a pesar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descubrieron un video donde se le señala como responsable de manipular el lugar de los hechos y sembrar evidencia.

Para el Centro Morelos, lo que sucedió no fue una renuncia sino un simple movimiento político-administrativo que no resuelve la demanda central de las madres y padres de los 43 Normalistas desaparecidos que es la presentación con vida de sus hijos. ¿Qué más podemos esperar de las autoridades Federales si en lugar de investigar y castigar a todos los que tienen responsabilidad en la desaparición de los estudiantes sólo los cambian de cargo donde siguen ganando una gran suma de dinero?

Es indignante que el Presidente Enrique Peña Nieto de reconocimiento a alguien con una trayectoria de irregularidades como Tomas Zerón de Lucio?,  y lo nombre Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cuando debería ser investigado de manera real y precisa y por consiguiente sancionado.

El derecho a la verdad y a la justicia han sido negadas a todas las personas que han trabajado por dar con el paradero de los 43 jóvenes Normalistas. La desaparición forzada es un delito de lesa naturaleza que no debe quedar en la impunidad, menos aun cuando hay recomendaciones por parte del GIEI donde desmienten la verdad histórica.

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

 

CENTRO REGIONALDE DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”

 

ENTRE EL DOLOR Y LA ESPERANZA: LA MIRADA URGENTE HACIA LA DESAPARICIÓN FORZADA Y POR PARTICULARES EN GUERRERO.

ENTRE EL DOLOR Y LA ESPERANZA: LA MIRADA URGENTE HACIA LA DESAPARICIÓN FORZADA Y POR PARTICULARES EN GUERRERO.

 

La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que se ha vuelto impune en todo el país a lo largo de la memoria. Guerrero es un claro ejemplo de la arbitrariedad y sanguinaria indiferencia gubernamental. El interés y la voluntad de las autoridades para resolver y erradicar la problemática que daña la integridad de miles de familias y a la sociedad en general son nulas.

Hay una crisis institucional de derechos humanos alarmante que nos hace cuestionar ¿Cuál es realmente la función de la recién creada Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas si no tiene recursos humanos, económicos y materiales para investigar? Es importante que la Fiscalía Especializada cumpla con la urgencia que el número de desaparecidos demandan. Por otra parte también se tiene que cuestionar también la atención insensible que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene con los familiares de los desaparecidos que los revictimiza con los tramites desgastantes que no les resuelve de manera oportuna.

Es una guerra lo que se vive en guerrero, y las autoridades se han dejado rebasar por el crimen organizado y se han prestado para cometer delitos de esta naturaleza violando gravemente los derechos humanos no sólo a los desaparecidos, sino también a la de sus familiares, pues no hay indicios de avances en las líneas de investigación aun teniendo recomendaciones muy puntuales como lo ha hecho  el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en el caso de los 43 Normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

La desaparición forzada es un fenómeno de represión social para controlar a base de miedo. Hay cientos de personas esperando a sus familiares en casa, en su mayoría madres y esposas que han tenido que multiplicar sus fuerzas para cumplir funciones de padre y madre para sobrellevar a sus hijos y luchar en la exigencia de la presentación con vida de sus familiares, convirtiéndose en victimas indirectas de la reparación del daño y el acceso a la justicia.

Por ello, en el contexto actual que vive el Estado de Guerrero es importante hablar de desaparición forzada y desapariciones por particulares y la tarea que el gobierno tiene en los dos casos, pues la omisión de las autoridades hace al estado responsable, y para este análisis el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C. convocó a las autoridades y a la sociedad en general a participar en el “Primer Foro Estatal En El Marco Del Día Internacional Del Detenido Desaparecido” que se realizó el 29 de Agosto en el Congreso del Estado.

Los testimonios de los familiares de las víctimas, el panel de expertos y la mirada de los organismos defensores de derechos humanos ayudarón a entender la gravedad que familiares exigen y la obligación que tiene el gobierno para dar seguimiento a las investigaciones.

 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

ATENTADO A PERIODISTAS Y A LA LIBERTAD DE EXPRECIÓN: UNA REALIDAD EN GUERRERO

cm_alta10 de Septiembre de 2016.- el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” se pronuncia en solidaridad del Periodista Gamaliel García Barrera, conductor del Noticiero Noti Sur, transmitida hasta el día viernes 09 de Septiembre a través de la Radio Digital 106.3 FM, quien fue agredido por miembros de la Policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pertenecientes a la Procuraduría General de la Republica  (PGR).

La mañana de ayer los agentes policiacos llegaron al domicilio donde se encuentran las instalaciones de la Radio Digital, bloqueando el transito realizaron todo un operativo con tal agresividad que causaron daños con un marro al candado donde se encontraba la antena de transmisión, dejando un largo lapso a los trabajadores (que se encontraban transmitiendo minutos antes) incomunicados. Posteriormente con tal agresividad intentaron llevarlo detenido, hecho que fue impedido por periodistas y por un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

El contexto violento en guerrero ha sido también un escenario complejo para los periodistas, pues las agresiones y atentados a la libertad de expresión se han presentado en diferentes ocasiones por parte de las autoridades, en este caso Tomas Cerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, mismo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos han estado exigiendo su renuncia por ser uno de los artífices de la verdad histórica sobre los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de Septiembre del 2014.

Son reprobables las formas de actuar de los Policías de la AIC, que no aplican ningún tipo de protocolos para realizar este tipo de acciones, en el que además destruyen y/o “decomisan” el patrimonio de la Radio Digital sin presentar ninguna orden de aprensión, violentando la libertad de expresión.

Los periodistas han tenido un papel muy importante al investigar y dar a conocer los hechos de violencia que se vive en guerrero, su compromiso con la verdad al informar sobre los diferentes movimientos y acontecimientos ha sido notable, por ello no es extraño que sean atacados por servidores o ex servidores públicos como paso en Febrero con el Corresponsal del semanario Proceso Guerrero, que fue amenazado de muerte por el ex Diputado local perredista, Roger Arellano Sotelo o al compañero Gustavo Alberto Nava, periodista del Sur, hostigado por dar a conocer información sobre seguros de vida que el alcalde de Chilapa pago a su círculo cercano.

Ahora más que nunca en Guerrero necesitamos espacios de comunicación objetiva, pero la realidad es que existe una severa criminalización por parte del Estado, sobre todo cuando no se cuenta con una concesión que acredite el Derecho de informar, como sucede con las radios comunitarias.

Es indignante que la peor amenaza para los periodistas sean las autoridades, sin embargo es el contexto que se vive en este Narcoestado, por lo tanto al igual que la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), responsabilizamos al Presidente de LA Republica, Enrique Peña Nieto por cualquier atentado que pudiera recibir el periodista Gamaliel García Barrera.

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

“CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”