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LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO REPRUEBA INTENTO DE INTIMIDACIÓN Y CENSURA DEL ALCALDE DE CHILAPA CONTRA REPORTEROS.

LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DEL ESTADO DE GUERRERO REPRUEBA INTENTO DE INTIMIDACIÓN Y CENSURA DEL ALCALDE DE CHILAPA CONTRA REPORTEROS.

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Chilpancingo, Guerrero, a 09 de octubre de 2017

    La Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero reprueba el reclamo agresivo que en público hizo del alcalde de Chilapa, Jesús Parra García (PRI) contra el trabajo de los compañeros reporteros Luis Daniel Nava y Jesús Rojas, porque a todas luces se trata de un intento de intimidación y censura.

El jueves 05 de octubre, alrededor de las 12:30 horas, frente a la catedral en el centro de la ciudad de Chilapa, cuando junto a su comitiva instalado en un presídium esperaba a que concluyera una misa, el alcalde fue abordado para ser consultado por el problema del transporte público y el deslinde de los gobiernos federal y estatal en seguridad pública para el municipio, cuando lanzó:

—No, no son profesionales. Ni a ti ni a ti voy a dar entrevista (…). No doy entrevistas, luego de la misa, por favor. Sale. Gracias.

—¿No dará entrevistas?, le preguntó Luis Daniel Nava.

—A lo mejor, no, porque luego (…), estuvimos diez regidores (en el segundo informe de gobierno municipal), no estuvimos cinco, en tu nota dice cinco. Yo nomas lo que te pido que seas congruente con tu información.

La nota a la que se refirió (El Sur (01/10/2017 Pag. 6) asienta claramente en el segundo párrafo: “no se presentaron cinco de los 12 regidores”.

—Tiene la nota, si usted muestra la nota…

—No, pero lo vemos y después les doy notas (a los dos), respondió la autoridad local.

Luego cuando, Jesús Rojas, también colaborador de medios estatales y nacionales, le preguntó si estaba molesto y por qué, el edil respondió:

—Hay unas notas ahí, luego te las enseño también, de la televisora, incongruentes, yo estoy diciendo tal como son, vemos los videos.

Luego, antes de entrar a la catedral, el alcalde mostró al reportero Luis Daniel Nava un mensaje vía WhatsApp de uno de sus colaboradores donde decía que sólo “cinco de 12 regidores” se habían presentado a su informe, cuando lo publicado indica lo inverso.

Al salir del templo, en tono menos agresivo, el presidente municipal atendió la entrevista y no quiso aclarar nada como se le preguntó.

Un caso similar ocurrió la noche del 15 de agosto de 2017, en el baile del Tecuán dentro de La Tigrada en el zócalo de Chilapa, cuando colaboradores de Punto de Partida se le acercaron al alcalde para solicitar una entrevista.

Jesús Parra, tajante les contestó a gritos que no les daría entrevista por mencionarlo en uno de sus reportajes en el programa Punto de Partida y les llamó a los reporteros “extorsionadores”.

El equipo del noticiero de Televisa aclaró a colegas es día que en sus recorridos de trabajo al municipio se han mantenido al margen hasta de las invitaciones a desayunar del personal del Ayuntamiento.

En febrero de 2016, luego de que el periodista Gustavo Alberto Nava en una nota publicada en el portal La Plaza consignara una conferencia de prensa donde regidores del PRD dieron a conocer que el alcalde y su círculo cercano contrataron seguros de vida, se suscitó una serie de amenazas vía redes sociales, lo que orilló a periodistas del estado a responsabilizar a la primera autoridad en caso de algún suceso contra el reportero.

El hecho del jueves constituye un intento de intimidación y censura a la labor de los compañeros en Chilapa, que ahonda más el clima hostil de la región.

Además de que hay formas institucionales y hasta presupuesto público para una dirección de Comunicación para disipar las que consideren imprecisiones, y no tratar a reporteros como si fueran sus empleados, a los cuales intenta humillar en público.

Exigimos al presidente municipal Jesús Parra y a su gabinete, un trato digno a los representantes de los medios, respeto a la labor reporteril y conducirse por las vías formales para aclarar diferencias.

Atentamente

Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero.

Marlen Castro
Vania Pigeonutt
Margena de la O
Beatriz García
Zacarías Cervantes
Sergio Ocampo
Jesús Guerrero
Ulises Domínguez
Kau Sirenio Pioquinto
Eduardo Yener Santos
Arturo de Dios Palma
Jonathan Cuevas
Hercilia Castro
Rogelio Agustín Esteban
Salvador Cisneros
Alejandro Guerrero
Israel Flores
Jaime Irra

Comunicado de prensa | ONG exigen que el gobierno Estatal y Federal atiendan la situación de violencia en el Estado

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Comunicado de Prensa

 ONG exigen que el gobierno Estatal y Federal atiendan la situación de violencia en el Estado

  • En el 2017, la violencia en la entidad ha rebasado las cifras de años pasados.
  • Es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estatal al dejar toda la responsabilidad a policías municipales
  • Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición forzada viven en total vulnerabilidad

      Chilpancingo, Guerrero, 05 de Octubre de 2017.- Ante las respuestas emitidas en materia de seguridad por parte del Gobierno Federal como la Fiscalía General del Estado manifestamos nuestra preocupación al ver la facilidad con la que estas instancias creadas con la finalidad de procurar justicia, así como garantizar nuestra integridad física, se deslindan sin más, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales, de la fuerte violencia que de manera particular el municipio de Chilapa enfrenta desde hace una década.

En el 2017 la violencia ha rebasado las cifras de años pasados, en tan sólo 10 meses se han cometido más de 200 homicidios dolosos que han quedado en la impunidad, además de incrementarse el desplazamiento forzado que se refleja en las casa vacías de Chilapa así como de las comunidades donde el miedo y el terror es infundida por grupos de la delincuencia organizada, tal es el caso de Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuahutla, que en tres días se desplazaron aproximadamente 530 familias bajo el desamparo de las autoridades  municipales y estatales.

Es inaceptable la negligencia con que actúan la Secretaria de Gobernación y la Fiscalía General del Estado al dejar toda la responsabilidad a policías municipales manifestando que ellos son los encargados de la prevención del delito, cuando esta etapa ha sido rebasada y los niveles de violencia requieren la participación de las autoridades federales.

Es necesario que el Gobierno Federal cumpla con sus atribuciones en cuanto a política criminal y persecución del crimen organizado a quien las propias autoridades acusan de ser responsables de la mayor parte de la violencia sucedida en la región de Chilapa. A la Fiscalía General del Estatal le corresponde la investigación de los delitos, la detención de los presuntos responsables y llevarlos ante el Poder Judicial. Si no se persigue a los responsables de los crímenes, se perpetúa la impunidad dejando en indefensión a la población que en su mayoría está compuesta por campesinos e indígenas marginados y en extrema pobreza.

La  actitud de estos organismos forma parte de una estrategia perversa que pretende abonar el débil  terreno en que esta cimentada  la  militarización del estado de Guerrero y por ende lo que se busca es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, como organismos civiles que promueven y defienden derechos humanos consideramos que ese es un camino equivocado para revertir la violencia e inseguridad.

Las familias que sufren por el desplazamiento forzado, las ejecuciones y la desaparición viven en total vulnerabilidad, pues el trauma que estos acontecimientos dejan es sumamente grave y que no están siendo atendidos de acuerdo a los estándares internacionales que protege derechos humanos, debido a la carencia de leyes que deberían ser promovidas con prioridad para dar una mejor atención a las víctimas, por ejemplo; no existe  una ley estatal de declaración de ausencia, no se ha reglamentado la ley número 694, de victimas del estado libre y soberano de Guerrero, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas carece del presupuesto para garantizar la atención de las mismas, ya que el presupuesto actual no ha sido administrada de manera adecuada.

Por lo anterior, para nosotros es muy importante que las autoridades se hagan responsables de las tareas que les corresponde como encargados de construir un ambiente de protección a la vida, la integridad la libertad y el bienestar social. Por ello exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:

  • Que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de Seguridad Publica para proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de la población de la región de Chilapa.
  • Que la secretaria de Seguridad Pública del Estado ponga en marcha estrategias para disminuir la violencia en Chilapa.
  • Que cumplan con sus atribuciones de persecución del delito en lo que les corresponda tanto del fuero común como federal para terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes en esta zona.
  • Que la Fiscalía General del Estado de seguimiento a la investigación a los casos de desaparición de personas y homicidios.
  • Que se garantice el libre tránsito de la ciudadanía
  • Que se garantice un transporte público seguro
  • Que los poderes judiciales y estatales impartan justicia apegada a los derechos humanos y
  • Que se aplique y fortalezca el marco legal para la atención de víctimas de desaparición, desplazamiento y homicidios.

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” AC

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA “TLACHINOLLAN”

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Comunicado | Un año de impunidad del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa

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Un año de impunidad del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 4 de Octubre de 2017.- A un año del asesinato de los estudiantes normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, ocurrido en la carretera Chilpancingo-Tlapa cerca de Tixtla, los familiares no tienen verdad, justicia ni reparación.

Jonathan y Filimón cursaban el último año de la licenciatura en educación primaria. Ese año se graduarían. El 4 de abril regresaban de realizar sus prácticas docentes, alrededor de las seis de la tarde de manera coincidente se encontraron en la base de las urvan de Chilpancingo – Tixtla y abordaron la número 41. Al salir de la ciudad cinco personas se subieron a la unidad del transporte público y kilómetros más adelante empezaron a asaltar a los pasajeros. Según testigos del hecho los agresores dispararon contra los estudiantes y les dieron el tiro de gracia. Ese mismo día los agresores mataron e hirieron a otras personas en su ruta de escape.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado lograron identificar a seis personas. De acuerdo a las pesquisas, se trataba de un grupo delictivo que operaba en Chilpancingo y su modus operandi era el asalto con violencia. Estaban involucrados en por lo menos tres hechos violentos más, principalmente de asalto a tiendas Oxxo con saldo de varias personas asesinadas.

Cinco personas fueron detenidas y procesadas bajo el nuevo sistema de justicia penal. El 4 de septiembre de este año les dictaron una sentencia de 60 años de prisión.

No obstante lo anterior las investigaciones no lograron esclarecer el móvil del múltiple homicidio ni establecieron si este grupo delictivo formaba parte orgánica de la delincuencia organizada y si tenían un mando jerárquicamente superior.

Resulta difícil entender que este grupo delictivo tenía meses operando en Chilpancingo con toda impunidad y en plena ciudad y a la luz del día, sin que autoridad alguna actuara. Tuvieron que asesinar a dos Normalistas de Ayotzinapa para que el aparato estatal emprendiera acciones parciales.

El presente caso es emblemático de la violencia que prevalece en el Estado de Guerrero y la inacción de las autoridades para enfrentarla. Las deficiencias de las instituciones de justicia para ofrecer verdad y justicia se hizo patente en el presente asunto. Pese al nuevo sistema de justicia penal no se ha logrado establecer a cabalidad el móvil de la agresión ni la cadena de mando de los agresores.

Tragedias y episodios de violencia como el presente caso no sirven a la autoridad para marcar un punto de no retorno e implementar medidas de no repetición, por eso la violencia en el corredor de Chilpancingo – Chilapa – Tlapa aumenta exponencialmente, esas lugares se han convertido en zona de guerra en las que los grupos delincuenciales mantienen un autogobierno. Las instituciones están desdibujadas y solo son espectadores de los múltiples asesinatos y quemas de unidades del transporte público. Pero lo más preocupante es que abdican de su obligación de brindar seguridad  a los ciudadanos y sin y rubor alguno declaran que esos asuntos no son de su competencia, tal como lo hiciera el Fiscal del Estado de Guerrero, Javier Olea, en días recientes.

La impunidad en los casos como el de los normalistas de Ayotzinapa y la negativa de las autoridades para reconocer la gravedad de la violencia que azota nuestra entidad y emprender acciones para revertirla, tienen a Guerrero en vilo y a la intemperie

Frente a lo anterior exigimos:

  1. Esclarecer el móvil de la agresión a los dos normalistas de Ayotzinapa.
  2. Reparación del daño a familiares.
  3. Alto a la criminalización a los Normalistas de Ayotzinapa.
  4. Garantizar la seguridad de las personas transeúntes de las regiones Centro y Montaña de Guerrero.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”

 

Boletín de prensa | Lázaro y German Sánchez Reyes, víctimas de la inseguridad en Chilapa de Álvarez.

 

Boletín de prensa

Lázaro y German Sánchez Reyes, víctimas de la inseguridad en Chilapa de Álvarez.

            Chilapa de Álvarez, Guerrero, 29 de Septiembre de 2017.- En la noche de ayer presuntos hombres de la delincuencia organizada asesinaron a dos jóvenes que correspondían a los nombres Lázaro y German Sánchez Reyes en la cancha de la colonia Popular cuando se disponían a regresar a su casa. Los jóvenes contaban con 19 y 17 años respectivamente, ambos medios hermanos de Miguel Sánchez Mateos, desaparecido desde el 12 de diciembre del 2014, caso que se le da seguimiento jurídico desde el Centro Morelos.

Los jóvenes acostumbraban ir a jugar a las canchas (donde ocurrieron los hechos) todas las tardes después de sus jornadas darías y solían regresar a casa a las 19:00 hrs. Según testimonios los dos jóvenes presentaban impactos de arma larga y heridas con arma punzo cortante. Lázaro presentó una herida de bala en la cabeza y German tenía varios impactos en diferentes puntos del cuerpo, así como cortaduras y moretones. Hasta el momento se conoce que se abrió una carpeta de investigación, sin embargo por el momento aún no hemos podido saber el número.

Ante estos hechos lamentables manifestamos nuestra preocupación y nuestro enérgico reclamo a las autoridades Estatales y Federales por no dar resultados que la ciudadanía necesita con la fuerte presencia de elementos policiacos y del Ejército en la sociedad civil. En lo que va del año son más de 200 personas que han sido víctimas de la delincuencia organizada que se disputan el territorio y no hay ningún contrapeso que detenga tanto acto sanguinario, pues todos los operativos de seguridad que ponen en marcha han fracasado.

Hasta el momento se desconoce a cuantos responsables o presuntos responsables han detenido, por los cientos de personas ejecutadas, torturadas o desaparecidas, por otro lado tampoco han podido dar con el paradero de ninguno de los desaparecidos que las familias que conforman el colectivo “Siempre vivos” han reclamado ante la Fiscalía de estado y la PGR. Por lo tanto consideramos que tanta presencia militar en las calles no es más que una simulación, ya que la omisión de las autoridades violenta gravemente los derechos de quienes viven en esta situación de riesgo.

Hace diez días se realizó la Misión Civil de Observación, donde organizaciones nacionales e internacionales hicieron un llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores para tomar medidas que ayudaran a detener esta ola de violencia que está a la orden del día y que sume en terror a la población en general.

Atentemente:

¡Por una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Comunicado de Prensa | CIDH se solidariza con familiares y urge a México a no dejar Ayotzinapa en la impunidad

Comunicado de Prensa

CIDH se solidariza con familiares y urge a México a no dejar Ayotzinapa en la impunidad

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27 de septiembre de 2017

     Washington, D.C. – A tres años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su solidaridad con los familiares, registra que aún no se haya podido establecer la verdad de lo ocurrido ni hacer justicia  y urge al Estado a redoblar esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y evitar que este caso emblemático de grave violación a los derechos humanos quede en la impunidad.

“Son tres años desde la noche trágica del 26 de septiembre, 1.095 días de un dolor inimaginable para los familiares de los 43 estudiantes que aún continúan desaparecidos”, dijo la Relatora para México, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. “En la Comisión Interamericana continuamos trabajando en acompañar a los familiares en su difícil camino de búsqueda de la verdad y no cejaremos hasta encontrarla. Nuestro compromiso con ellos y con los estudiantes desaparecidos está tan vigente como siempre, porque Ayotzinapa no puede quedar sin justicia”, agregó.

“Es admirable la perseverancia y la fuerza de los familiares de los estudiantes. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos dan sentido al trabajo de la CIDH, mantienen viva la memoria de los desaparecidos y contribuyen a la generación de una conciencia colectiva basada en la verdad”, dijo por su parte del Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco Eguiguren. “Ha sido gracias a ellos que se ha logrado abrir nuevas líneas de investigación con base en lo que indica la evidencia que se ha encontrado. Los familiares también fueron fundamentales en la creación de nuestro Mecanismo Especial de Seguimiento. Al cumplirse tres años de la desaparición de los estudiantes, expresamos y renovamos nuestro absoluto compromiso con continuar apoyando a los familiares hasta que sepamos la verdad y se haga justicia. No hay otro final posible”, señaló.

El Mecanismo Especial de Seguimiento es la herramienta creada por la CIDH para monitorear las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como  la medida cautelar otorgada en 3 de octubre de 2014 que se encuentra vigente. La CIDH y el Estado mexicano acordaron en 2016 el financiamiento integral del Mecanismo Especial para la realización de visitas periódicas a México y mantener una interlocución abierta con los familiares y sus representantes, el Estado mexicano y otros actores relevantes. La Comisión Interamericana agradece la información recibida en el marco del funcionamiento del Mecanismo por parte de los familiares y sus representantes, el Estado y otros actores. Su Informe deberá ser presentado en diciembre y las actividades y resultados de su última visita fueron publicados en Comunicado de 30 de agosto de 2017.

La CIDH lamenta que, a tres años de ocurridos los hechos, aún no se tenga conocimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos. La CIDH reitera su preocupación ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI. Asimismo, a la fecha no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación.

La Comisión recuerda que la desaparición forzada o involuntaria constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, que continúa perpetrándose mientras se mantenga la incertidumbre sobre el destino final de la persona desaparecida. En ese marco, resalta la obligación del Estado mexicano de agotar de manera diligente y exhaustiva las líneas de investigación en relación con estos hechos, incluyendo aquellas que vinculen la posible participación de agentes estatales y fuerzas de seguridad en todos los niveles, así como todas las omisiones y las posibles obstrucciones a la justicia.

La CIDH saluda la utilización de la tecnología LIDAR para ampliar las zonas de búsqueda, el fortalecimiento del equipo de la Oficina de Investigación del caso Iguala con más de 90 personas para atender de forma exclusiva este caso, y el tratamiento especializado que han recibido Aldo Gutiérrez y Edgar Vargas. La CIDH reitera al Estado la importancia de priorizar pruebas y diligencias en relación con el quinto autobús.

La CIDH reconoce asimismo el trabajo comprometido y profesional que día a día llevan a cabo los representantes de los familiares y condena los obstáculos que han debido enfrentar, agresiones  a algunos de ellos, así como el presunto intento de infección con software malicioso de espionaje. La Comisión Interamericana urge a investigar a profundidad estos hechos.

“Nuestra determinación institucional es continuar el trabajo con el Mecanismo Especial de Seguimiento hasta que encontremos a los 43 muchachos, se determine qué fue lo que realmente ocurrió, y se haga justicia”, dijo la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia