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Ayotzinapa | Violencia en Guerrero 2018

 Los niveles de violencia tan exasperantes que vivimos en el estado Guerrero están cobrando la vida de mujeres y hombres e incluso niños, día tras día. Es mentira cuando el gobernador Astudillo admite que en 2017 se redujo la violencia a comparación del año pasado, con la extraordinaria cantidad de 7 ejecuciones menos que el 2016. La sangre sigue derramándose en las calles de Guerrero.

Lo que no reconocen abiertamente las autoridades estatales es que principalmente de su policía y ejército proviene la violencia. Así lo demuestra la masacre en Iguala el 26 de septiembre 2014: corporaciones policiacas, fuerzas castrenses, grupos paramilitares e instituciones de gobierno se coordinaron para ejecutar la desaparición forzada de 43 compañeros de Ayotzinapa y el asesinato extrajudicial de 6 personas (entre ellos 3 hermanos normalistas: Julio Cesar Mondragón, Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava). Luego de más de 3 años la verdad sigue siendo negada para las familias de los 43 hermanos ausentes, la justicia está envuelta en la corrupción dentro de las instituciones haciendo muy difícil que avancen las investigaciones para saber qué fue lo que pasó y quienes son los responsables. Sin justicia ni verdad por parte del gobierno federal y estatal.

Nos consterna entender como la violencia y el terror permanecen y penetran cada aspecto de la vida cotidiana de las personas, como si Ayotzinapa no hubiera pasado, como si los 43 no existieran. Es inadmisible que a más de 3 años del 26 de Septiembre, las fuerzas policiacas en Guerrero sigan actuando con total impunidad y protección, coludidas completamente con grupos criminales de narcotráfico y ejecutando delitos sin castigo alguno: la desaparición forzada de 7 jóvenes en el mes de diciembre del 2017 en varios puntos de la zona centro de Chilpancingo, es una muestra de ello. Prácticamente es el mismo móvil, las patrullas de la policía vigilan, persiguen el auto donde viajaban los jóvenes o los increpan en calles sin visibilidad en las cámaras de seguridad, les dan un “levantón “y no se vuelve a saber de ellos. Algunos de los jóvenes los encontraron en bolsas de basura, con signos de tortura, otros siguen desaparecidos, unos eran hijos de empresarios, otros funcionarios públicos, pero en todos hay algo en común, fueron policías quienes tuvieron el último contacto con ellos, fueron policías quienes los desaparecieron.

En enero del 2018, atendiendo una supuesta llamada del 911, Astudillo ordena a la policía y al ejército montar un enorme operativo para detener al compañero Marco Antonio Suastegui, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). Fue un operativo desmesurado, con una enorme diferencia en armamento y número: más de 100 policías estatales, ministeriales, soldados del ejército, helicópteros de la policía, todos con armas de alto calibre. Supuestamente el operativo era para investigar y hacer peritajes relacionados con los muertos en el enfrentamiento entre policías comunitarios de la CRAC y sujetos armados que intentaron asesinar a Suastegui. Mentira. Cometieron un acto de traición: rodearon la Casa de Seguridad de La Concepción, desarmaron a los policías comunitarios, liberaron a las personas que estaban en proceso de reeducación (incluyendo policías estatales encubiertos y ex militares), detuvieron a más de 30 compañeros, incluso hay testigos que aseguran hubo ejecuciones de comunitarios cuando estos ya estaban sometidos. La policía de Astudillo llegó directamente a detener a Suastegui, disparando a todo aquel quien se interpusiera en su camino.

La cuenta estaba pendiente, el asecho del gobierno y empresarios es antaño, desde hace varios años, pues los hombres y mujeres que habitan en las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec desde hace décadas están organizados para defender su territorio y el rio Papagayo del megaproyecto de la Presa la Parota, impulsado desde el sexenio de Fox por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este proyecto fue cancelado por la férrea defensa de los compañeros y compañeras del CECOP. Sin embargo, además del apetito de las empresas y proyectos capitalistas que buscan adueñarse del agua del rio Papagayo para llevarla a las zonas comerciales y turísticas de Acapulco, también sufren los estragos de la inseguridad y el crimen que se vive en la región: orillados por los asesinatos, secuestros y extorsiones, las y los comuneros de La Concepción ha impulsado el ejercer la autodefensa para hacerle frente a la violencia, organizados bajo los preceptos de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)… ¿Cuántas masacres han ocurrido en la zona rural de Acapulco y Astudillo no recibe de esas llamadas de emergencia?, ¿porque no envió un operativo para detener a los asesinos de la familia de 7 integrantes, incluyendo niños, el 9 de junio de 2017 en la misma comunidad?.

Así está la situación en Guerrero: la policía y grupos armados se coordinan para desaparecer, asesinar, aterrorizar a la población y de paso aprovecha para desmantelar organizaciones sociales. ¿Cómo esperamos seguridad de los mismos que nos están asesinando?, ¿cómo nos van a cuidar, los mismos policías que nos desaparecen?. El control social y la estabilidad del poder político están basadas en el terrorismo de estado y la violencia del crimen. Lamentablemente no sólo en Guerrero, sino en todo el país la oleada de represión e impunidad es una política vigente. En Michoacán recientemente asesinaron a la comunera Guadalupe Campanur Tapia, fue un feminicidio, Guadalupe fue una de las mujeres que iniciaron el levantamiento de Abril del 2011 en Cherán: este levantamiento fue como inició la expulsión de los talamontes que se llevaban la madera del pueblo, y concluyó con el desconocimiento de partidos políticos, la elección del Consejo Comunal (regido bajo una asamblea) y la constitución de la Ronda Comunitaria que protege su territorio.

Compañeras, compañeros: No omitan la descomposición de la sociedad en donde vivimos, hay una guerra en este país y nosotros estamos poniendo los muertos. Reiteradamente hemos señalado que nuestra lucha no solo por los 43 sino por los miles de desaparecidos y desaparecidas en el país, nuestra lucha es en contra de las instituciones corruptas y degradadas que obedecen a intereses mezquinos; luchamos en contra de la impunidad que acuerpa todas las corporaciones policiacas y militares corrompidas, luchamos contra este gobierno en estado de putrefacción. Nuestros 43 compañeros desaparecidos, nuestros hermanos que han caído defendiendo el normalismo rural, son víctimas de la violencia del estado. No podemos permitir quedarnos sin justicia, olvidarlos.

En esta primera jornada de lucha del 2018, continuamos firmes acompañado a nuestros padres y madres de los 43 hermanos desaparecidos en su peregrinaje por verdad y justicia. Las 4 líneas de investigación del GIEI (1° Investigación al 27 batallón de infantería. 2° Investigación de los policías de Huitzuco. 3° Análisis de la telefonía celular de estudiantes, policías y funcionarios. 4° Trasiego de droga Iguala – Chicago), siguen siendo nuestros argumentos contra la “Verdad Histórica” y la protesta en las calles el único medio posible por el cuál podremos arrancar la verdad y justicia a la autoridad.

 

 

¡Por qué vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Nos faltan 43 y miles más!

¡Libertad a Marco Antonio Suasteguí y los presos políticos del CECOP!

¡Libertad a Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y todos los policías comunitarios de la CRAC que sufren la prisión política!

¡Respeto al sistema de justicia comunitario!

¡Fuera policía estatal y militares de La Concepción!

¡Justicia para los policías comunitarios asesinados en La Concepción!

Comité Ejecutivo Estudiantil “Ricardo Flores Magón”

Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

 

 

Ayotzinapa, Guerrero.

Enero combativo 2018

Comunicado de Prensa | Parlamentarios europeos dan la voz de alarma sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guerrero

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
MÉXICO: Parlamentarios europeos dan la voz de alarma sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guerrero
Ginebra-París-Stuttgart-Ciudad de México, 17 de enero de 2018 – Nuestras organizaciones saludan la carta de 35 parlamentarios de 12 Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades mexicanas, que resalta la grave situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, particularmente en el Estado de Guerrero. Esta carta envía una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas, resaltaron el Observatorio (OMCT-FIDH), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Red TDT.
En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores[1], los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, llamando la atención sobre los datos del informe de la Red TDT “La esperanza no se agota”. Este informe documenta 106 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras y 81 desapariciones forzadas, entre otras graves agresiones cometidas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto contra quienes defienden los derechos humanos en México.
Además, los diputados del Parlamento Europeo llamaron la atención sobre el Estado de Guerrero y, particularmente, sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.
Los parlamentarios destacaron especialmente la falta de garantías para la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en Guerrero, así como la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en Guerrero.
La carta, resultado de acciones de incidencia por parte de las organizaciones que suscriben este comunicado, fue promovida con anterioridad a los hechos[2] ocurridos en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, el día 7 de enero cuando se produjo el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Al menos seis personas detenidas han sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.
En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el Estado de Guerrero, el Observatorio, la Coordinación alemana y la Red TDT instan a las autoridades mexicanas y guerrerenses a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, incluyendo el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos. Además, como parte del establecimiento de garantías debería asegurarse la investigación efectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Guerrero incluyendo, entre otros, casos emblemáticos de la situación como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista[3] hace más de seis años.
Para más información, por favor, contacten con:
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
Coordinación Alemana: Sandra Schleimer: +49 – (0)221 25994541
Red TDT: Quetzalcoatl G. Fontanot:  +52 04455 3648 1344
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C.,  Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México vía Berlín A.C., Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
[1]              La carta de los parlamentarios europeos está disponible aquí: http://www.omct.org/files/2018/01/24674/carta_meps_ddhh_mexico_guerrero.pdf.
[2]              Véase CDHM Tlachinollan, FICHA INFORMATIVA – Violaciones graves a los derechos humanos en La Concepción, Guerrero, disponible aquí: http://www.tlachinollan.org/ficha-informativa-violaciones-graves-los-derechos-humanos-la-concepcion-guerrero/. Véase también Llamado Urgente MEX 001 / 0118 / OBS 003 del Observatorio (OMCT-FIDH) de 9 de enero de 2018, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/01/d24656/.
             Véase Comunicado Conjunto del Observatorio (OMCT-FIDH) y el CDHM Tlachinollan de 7 de diciembre de 2017, “México: 6 años de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, 6 años de inacción de las autoridades mexicanas”, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2017/12/d24633/.

Carta a Diputados de la LXI Legislatura del estado de Guerrero

A los Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios

Presente

Señores (as) Diputados de la LXI Legislatura:

Por este medio les participamos nuestra preocupación por su falta de sensibilidad humana que los colocaría del lado de las víctimas que sufren el flagelo de la impunidad con que actúan los grupos de la delincuencia organizada, respaldada con la acción u omisión de la mayoria de los integrantes del poder legislativo, al tomar decisiones en base al cálculo político o al interés personal, como lo constata la intención de querer negociar entre los grupos parlamentarios el retiro por parte del Fiscal General la propuesta para nombrar a la Maestra María Guadalupe Rendón Ramírez para encabezar la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas Desaparecidas sin tomar en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General.

Deben entender que las familias que se encuentran aglutinados en los colectivos de diferentes ciudades de Guerrero necesitan tener a sus familias de vuelta, los niños necesitan vivir la justicia y una certeza de que los próximos desaparecidos no serán ellos u otro familiar, que al salir a la calle puedan hacerlo sin sentir miedo de ser ejecutados o secuestrados porque por fìn las autoridades realizan su trabajo sin conveniencias políticas y esto solo podrá ser posible cuando las autoridades encargadas de investigar e impartir la justicia trabajen con sentido humano.

En este sentido deseamos refrendar públicamente la exigencia de los colectivos para que sean tomados en cuenta y se tome una buena decisión por parte de los Diputados de los diferentes grupos parlamentarios pues en la sesión del jueves 11, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Vicario Castrejón insistió reiteradamente en que la Mtra. Guadalupe Rendón cumple los requisitos para ocupar el puesto manifestando que es responsabilidad del Fiscal General Javier Olea de hacer los nombramientos, sin embargo se conoce que el Fiscal ha enviado un oficio donde retira la propuesta para fiscal en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, tema que se retiró del orden del día de las sesiones anteriores.

Así mismo queremos manifestar nuestro reconocimiento y respaldo a los Diputados que con toda sensibilidad y dignidad retoman el párrafo del artículo 1º Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Sin embargo, hay muchos diputados y diputadas que están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y solo tratan sacar el mejor provecho del encargo que ostentan y para ellas y ellos nuestro repudio y exigencia de que sean más dignos y dejen de provocar con su corrupción más muertes y desapariciones en la impunidad.

Vaya pues un saludo digno y combativo de las madres, padres, esposas e hijos de los desaparecidos que no descansaran hasta encontrarlos y lograr verdad y justicia aunque tengan que enfrentarse a la ambición y hambre de poder.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

¡Por la Verdad y la Justicia de todos los Desaparecidos!

“Colectivos de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo, Gro.”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

 

DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

QUE RENAZCA LA MÍSTICA Y LA CONVICCIÓN, QUE SON FUNDAMENTALES EN TODA REVOLUCIÓN EMANCIPADORA.

DECLARACIÓN POLÍTICA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR

     Ayotzinapa, Guerrero a 13 de enero de 2018.- I. A pesar de los esfuerzos de todos los niveles de gobierno de sepultar el caso Ayotzinapa, esta Asamblea Nacional Popular ratifica la continuidad de la lucha por: la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, castigo a los culpables materiales e intelectuales, libertad a todos los presos políticos del país, fuera Peña Nieto, abrogación de las reformas estructurales.

II. Exigimos se sigan las 4 líneas de investigación propuestas por los expertos internacionales. Investigación del ejército y los involucrados el día 26 y 27 de septiembre de 2014, investigación de la policía de Huitzuco, telefonía celular de los implicados, el trasiego de droga de Iguala a Chicago.

III. La muerte volvió a cimbrar estas tierras guerrerenses, el día 7 de enero. El estado con un operativo descomunal de fuerzas policiacas federales, estatales, ministeriales y el ejército atacó de forma artera y cobarde a la policía comunitaria de Cacahuatepec con un saldo de 5 muertos y 25 detenidos entre ellos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Exigimos Castigo a los responsables materiales e intelectuales de estas ejecuciones extrajudiciales, libertad inmediata a los compañeros detenidos presos políticos.

IV. Muchos son los testimonios históricos de episodios violentos que han teñido de sangre el territorio nacional y que se incrementaron ostensiblemente a partir de la supuesta declaración de guerra contra el crimen organizado, institucionalizándose así una cruenta escalada de represión oficial en contra de luchadores sociales, líderes políticos, organizaciones independientes, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblo en general, por su digna postura de no envilecerse y prostituirse ante el poder perverso de los gobiernos autoritarios y corruptos que han socavado el estado de derecho en nuestro país, sometido a un proceso de involución social y política.

La Ley de Seguridad Interior legaliza las actividades del ejército en tareas de seguridad pública contra lo establecido en el artículo 129 constitucional. Nos sumamos a las voces de protesta contra esta nefasta ley. De igual forma condenamos la contrareforma laboral en puerta que restringe y conculca los derechos de las y los trabajadores del País.

La polarización de la lucha de clases, reclama de nosotros: erradicar el egoísmo y la soberbia, altos niveles de disciplina, militancia, conciencia de clase y voluntad irrestricta al trabajo para dar paso a formas de organización cualitativamente superiores. En eso empeñamos nuestros esfuerzos, por ello llamamos fortalecer los trabajos para la realización de la VI Convención Nacional Popular y a seguir movilizándonos los días 26 de cada mes en el marco de las acciones globales.

Fraternalmente.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Comité de Padres y Madres de los 43.

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

 

COMUNICADO | ONU-DH: hechos de La Concepción deben ser esclarecidos, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades

    Ciudad de México, 11 de enero de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco (Guerrero), en los que fallecieron 11 personas, lamenta la terrible pérdida de vidas y llama a su completo esclarecimiento. Asimismo, la ONU-DH repudia las agresiones contra los periodistas que cubrían estos hechos.

Según la información recabada por la ONU-DH, durante la madrugada del 7 de enero se produjeron enfrentamientos en la comunidad de La Concepción en los que fallecieron ocho personas en circunstancias todavía inciertas. Posteriormente, durante un operativo policial, tres personas más fallecieron y 38 fueron detenidas.

La ONU-DH, en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes. Se recibió incluso información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

Adicionalmente, la ONU-DH considera profundamente preocupantes las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien incluso tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones. También resulta preocupante el robo del material gráfico. Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos. Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La Oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad.

Resulta alarmante que, de acuerdo con la información recabada, el operativo no se llevó a cabo con base en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, añadió que “todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, ya que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias. Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas.”

La ONU-DH recuerda que la investigación de todas las muertes causadas por funcionarios públicos debe realizarse de acuerdo a estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota[1], particularmente relevante en casos donde existan alegaciones de ejecución extrajudicial.

Jan Jarab subrayó que “además, el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo. Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos. Asimismo, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave.”

La ONU-DH desea expresar su preocupación por la situación general de seguridad en La Concepción y llama a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad. Igualmente, las autoridades deben asegurar las condiciones de seguridad de las personas detenidas y de sus familiares, a los abogados y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.

Finalmente, la ONU-DH expresa sus condolencias a las familias de todas las víctimas de estos lamentables hechos y reitera su llamado a las autoridades a garantizar sus derechos a la justicia y la verdad.

TERMINA

Para más información y solicitudes de prensa, contacte a: Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org

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[1] Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol.pdf

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