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COMUNICADO | Falsa la información de la supuesta aparición de nuestros hijos: madres y padres de #Ayotzinapa

Ayotzinapa, Guerrero a 31 de enero de 2018.- Los Padres y Madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, agradecemos de antemano su solidaridad con nuestra lucha por la presentación con vida de los 43.

Queremos informarles que la nota de un portal digital de noticias que circula desde la tarde de este día y que dice: ” Localizan a 24 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Calcinados en una bodega…” es totalmente falsa hemos corroborado el sustento de esta información con datos oficiales y no existe tal hallazgo.

Queremos expresar que no es la primera vez que portales electrónicos de noticias dan este tipo información falsa y carente de sustento.

Las madres y padres de los 43 respetamos el ejercicio de libre expresión, sin embargo solicitamos que cualquier información relacionada con el paradero de los 43 que viertan esté sustentada, que parta de acontecimientos fácticos objetivos y no sea producto del sensacionalismo y falsedad.

Una noticia de este carácter debe estar precedida de un mínimo de responsabilidad, porque causa un impacto y sufrimiento adicional a los familiares.

FRATERNALMENTE

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Comité de Padres y Madres de los 43

COMUNICADO | Red TDT: Gobierno de Guerrero indiferente ante la violencia y la situación de derechos humanos en el estado

● Con feminicidios, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales inicia el primer mes del año
● Los hechos violentos en La Concepción han mostrado claramente el actuar violento de las fuerzas de seguridad del Estado, así como la participación de las fuerzas armadas en graves violaciones a derechos humanos
● El gobernador Héctor Astudillo se sigue mostrando renuente a hablar con la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos 
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) expresa su preocupación por la grave situación de derechos humanos que presenta el Estado de Guerrero y que en este inicio de año se ha incrementado notoriamente. Condenamos que en lugar de hacer frente a la violencia endémica que existe en el Estado, las instituciones de seguridad pública estén vinculadas en casos de graves violaciones a derechos humanos como fueron los hechos del 7 de enero en la Concepción y el involucramiento de elementos policiales en la desaparición de personas.
Esta preocupación existe en la Red TDT desde el año anterior, por lo que a fin de visibilizar la grave situación de violencia en el Estado se convocó a una Misión de Observación a Guerrero (MOG) en octubre del 2017, que hizo especial énfasis en la zona de Chilapa, uno de los municipios más violentos del Estado y en donde pudimos documentar varios casos de desaparición forzada y del desplazamiento de varias comunidades.
Ante este grave deterioro del tejido comunitario vimos la necesidad urgente de entablar una comunicación directa con el ejecutivo estatal, por lo que solicitamos una audiencia. La ausencia de una respuesta real a nuestro planteamiento expresa el desinterés del Gobernador hacía el tema de los derechos humanos. Al mismo tiempo los funcionarios del gobierno han sido omisos ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. En lugar de mostrar disposición para investigar estas violaciones, han llegado a impedir que se apliquen protocolos internacionales para deslindar responsabilidades en torno a hechos donde se ha violentado el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal.
Una muestra de esta actitud inaceptable, es la posición del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, quien expresó que “no es admisible aplicar el protocolo de Minnesota [en la investigación de los hechos del 7 de enero acaecidos en La Concepción], debido a que no se trata de delitos de lesa humanidad ni de ejecuciones extrajudiciales”, respondiendo al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que los instaba a actuar de manera eficaz, imparcial e inmediata en la investigación de los hechos.
Hechos como los del 7 de enero donde se documentaron tres ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes policiales del Estado, donde más de 38 personas fueron detenidas arbitraria e ilegalmente, donde se catearon ilegalmente varios domicilios y se incurrió en actos de tortura y agresiones contra periodistas son claros ejemplos de la grave crisis de derechos humanos que nos muestran las prácticas sistemáticas y recurrentes de las autoridades que violentan los derechos humanos y que se mantienen en la impunidad.
Por todo lo anterior, es que desde la Red TDT exigimos que se pueda abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil a fin de atender la situación grave por la que está pasando el estado y en especial se pueda abordar el grave riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos que realizan su labor en la entidad. El Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” (Centro Morelos) en Chilapa con su acompañamiento a víctimas y familiares de personas desaparecidas, así como de comunidades desplazadas por la violencia; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en la Montaña, que acompaña el caso La Concepción; así como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en Acapulco (CCTI) que acompaña a víctimas de tortura.
Como Red TDT, exigimos a las autoridades que atiendan las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos para contener esta espiral de violencia. Asimismo que apliquen los estándares más altos de derechos humanos para garantizar justicia a las víctimas y realicen investigaciones exhaustivas de hechos tan lamentables como los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la Concepción, el pasado 7 de enero. De la misma manera demandamos que se atienda a las víctimas de desaparición forzada y desplazamiento forzado que documentamos en un informe próximo a publicarse donde demandamos una atención urgente e integral al problema de inseguridad que se vive en la región de Chilapa.
En concreto, le solicitamos lo siguiente:
1. Esclarecer los hechos del 7 de enero en La Concepción, especialmente las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y las agresiones a la prensa.
2. Garantizar la seguridad y permitir un proceso jurídico adecuado para el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui que reconozca las acciones estatales orientadas a inculparlo, así como la tortura a la que fue sometido.
3. Abstenerse de criminalizar al CECOP y reconocer su legítimo derecho a la defensa de su territorio.
4. Garantizar la seguridad y posibilidad de realizar su trabajo para las personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero.
5. Responder a la solicitud de la Misión de Observación a Guerrero para tener una reunión con el Gobernador.
Es urgente un cambio en las posturas de las autoridades que ante su indiferencia sigue en ascenso la violencia que ubican a Guerrero como el Estado más inseguro a nivel nacional. Esperamos que el Gobierno del Estado esta vez sí demuestre su disposición a un diálogo público en términos de responsabilidades estatales y garantías a los derechos de la población.
Para más información contactar a:
Quetzalcoatl g. Fontanot
Cel. 55 3648 1344
Atentamente, 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Ayotzinapa | Violencia en Guerrero 2018

 Los niveles de violencia tan exasperantes que vivimos en el estado Guerrero están cobrando la vida de mujeres y hombres e incluso niños, día tras día. Es mentira cuando el gobernador Astudillo admite que en 2017 se redujo la violencia a comparación del año pasado, con la extraordinaria cantidad de 7 ejecuciones menos que el 2016. La sangre sigue derramándose en las calles de Guerrero.

Lo que no reconocen abiertamente las autoridades estatales es que principalmente de su policía y ejército proviene la violencia. Así lo demuestra la masacre en Iguala el 26 de septiembre 2014: corporaciones policiacas, fuerzas castrenses, grupos paramilitares e instituciones de gobierno se coordinaron para ejecutar la desaparición forzada de 43 compañeros de Ayotzinapa y el asesinato extrajudicial de 6 personas (entre ellos 3 hermanos normalistas: Julio Cesar Mondragón, Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava). Luego de más de 3 años la verdad sigue siendo negada para las familias de los 43 hermanos ausentes, la justicia está envuelta en la corrupción dentro de las instituciones haciendo muy difícil que avancen las investigaciones para saber qué fue lo que pasó y quienes son los responsables. Sin justicia ni verdad por parte del gobierno federal y estatal.

Nos consterna entender como la violencia y el terror permanecen y penetran cada aspecto de la vida cotidiana de las personas, como si Ayotzinapa no hubiera pasado, como si los 43 no existieran. Es inadmisible que a más de 3 años del 26 de Septiembre, las fuerzas policiacas en Guerrero sigan actuando con total impunidad y protección, coludidas completamente con grupos criminales de narcotráfico y ejecutando delitos sin castigo alguno: la desaparición forzada de 7 jóvenes en el mes de diciembre del 2017 en varios puntos de la zona centro de Chilpancingo, es una muestra de ello. Prácticamente es el mismo móvil, las patrullas de la policía vigilan, persiguen el auto donde viajaban los jóvenes o los increpan en calles sin visibilidad en las cámaras de seguridad, les dan un “levantón “y no se vuelve a saber de ellos. Algunos de los jóvenes los encontraron en bolsas de basura, con signos de tortura, otros siguen desaparecidos, unos eran hijos de empresarios, otros funcionarios públicos, pero en todos hay algo en común, fueron policías quienes tuvieron el último contacto con ellos, fueron policías quienes los desaparecieron.

En enero del 2018, atendiendo una supuesta llamada del 911, Astudillo ordena a la policía y al ejército montar un enorme operativo para detener al compañero Marco Antonio Suastegui, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). Fue un operativo desmesurado, con una enorme diferencia en armamento y número: más de 100 policías estatales, ministeriales, soldados del ejército, helicópteros de la policía, todos con armas de alto calibre. Supuestamente el operativo era para investigar y hacer peritajes relacionados con los muertos en el enfrentamiento entre policías comunitarios de la CRAC y sujetos armados que intentaron asesinar a Suastegui. Mentira. Cometieron un acto de traición: rodearon la Casa de Seguridad de La Concepción, desarmaron a los policías comunitarios, liberaron a las personas que estaban en proceso de reeducación (incluyendo policías estatales encubiertos y ex militares), detuvieron a más de 30 compañeros, incluso hay testigos que aseguran hubo ejecuciones de comunitarios cuando estos ya estaban sometidos. La policía de Astudillo llegó directamente a detener a Suastegui, disparando a todo aquel quien se interpusiera en su camino.

La cuenta estaba pendiente, el asecho del gobierno y empresarios es antaño, desde hace varios años, pues los hombres y mujeres que habitan en las tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec desde hace décadas están organizados para defender su territorio y el rio Papagayo del megaproyecto de la Presa la Parota, impulsado desde el sexenio de Fox por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), este proyecto fue cancelado por la férrea defensa de los compañeros y compañeras del CECOP. Sin embargo, además del apetito de las empresas y proyectos capitalistas que buscan adueñarse del agua del rio Papagayo para llevarla a las zonas comerciales y turísticas de Acapulco, también sufren los estragos de la inseguridad y el crimen que se vive en la región: orillados por los asesinatos, secuestros y extorsiones, las y los comuneros de La Concepción ha impulsado el ejercer la autodefensa para hacerle frente a la violencia, organizados bajo los preceptos de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)… ¿Cuántas masacres han ocurrido en la zona rural de Acapulco y Astudillo no recibe de esas llamadas de emergencia?, ¿porque no envió un operativo para detener a los asesinos de la familia de 7 integrantes, incluyendo niños, el 9 de junio de 2017 en la misma comunidad?.

Así está la situación en Guerrero: la policía y grupos armados se coordinan para desaparecer, asesinar, aterrorizar a la población y de paso aprovecha para desmantelar organizaciones sociales. ¿Cómo esperamos seguridad de los mismos que nos están asesinando?, ¿cómo nos van a cuidar, los mismos policías que nos desaparecen?. El control social y la estabilidad del poder político están basadas en el terrorismo de estado y la violencia del crimen. Lamentablemente no sólo en Guerrero, sino en todo el país la oleada de represión e impunidad es una política vigente. En Michoacán recientemente asesinaron a la comunera Guadalupe Campanur Tapia, fue un feminicidio, Guadalupe fue una de las mujeres que iniciaron el levantamiento de Abril del 2011 en Cherán: este levantamiento fue como inició la expulsión de los talamontes que se llevaban la madera del pueblo, y concluyó con el desconocimiento de partidos políticos, la elección del Consejo Comunal (regido bajo una asamblea) y la constitución de la Ronda Comunitaria que protege su territorio.

Compañeras, compañeros: No omitan la descomposición de la sociedad en donde vivimos, hay una guerra en este país y nosotros estamos poniendo los muertos. Reiteradamente hemos señalado que nuestra lucha no solo por los 43 sino por los miles de desaparecidos y desaparecidas en el país, nuestra lucha es en contra de las instituciones corruptas y degradadas que obedecen a intereses mezquinos; luchamos en contra de la impunidad que acuerpa todas las corporaciones policiacas y militares corrompidas, luchamos contra este gobierno en estado de putrefacción. Nuestros 43 compañeros desaparecidos, nuestros hermanos que han caído defendiendo el normalismo rural, son víctimas de la violencia del estado. No podemos permitir quedarnos sin justicia, olvidarlos.

En esta primera jornada de lucha del 2018, continuamos firmes acompañado a nuestros padres y madres de los 43 hermanos desaparecidos en su peregrinaje por verdad y justicia. Las 4 líneas de investigación del GIEI (1° Investigación al 27 batallón de infantería. 2° Investigación de los policías de Huitzuco. 3° Análisis de la telefonía celular de estudiantes, policías y funcionarios. 4° Trasiego de droga Iguala – Chicago), siguen siendo nuestros argumentos contra la “Verdad Histórica” y la protesta en las calles el único medio posible por el cuál podremos arrancar la verdad y justicia a la autoridad.

 

 

¡Por qué vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Nos faltan 43 y miles más!

¡Libertad a Marco Antonio Suasteguí y los presos políticos del CECOP!

¡Libertad a Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y todos los policías comunitarios de la CRAC que sufren la prisión política!

¡Respeto al sistema de justicia comunitario!

¡Fuera policía estatal y militares de La Concepción!

¡Justicia para los policías comunitarios asesinados en La Concepción!

Comité Ejecutivo Estudiantil “Ricardo Flores Magón”

Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

 

 

Ayotzinapa, Guerrero.

Enero combativo 2018

Comunicado de Prensa | Parlamentarios europeos dan la voz de alarma sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guerrero

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
MÉXICO: Parlamentarios europeos dan la voz de alarma sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en Guerrero
Ginebra-París-Stuttgart-Ciudad de México, 17 de enero de 2018 – Nuestras organizaciones saludan la carta de 35 parlamentarios de 12 Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades mexicanas, que resalta la grave situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, particularmente en el Estado de Guerrero. Esta carta envía una importante señal sobre el nivel de urgencia con el que México debería tomar medidas, resaltaron el Observatorio (OMCT-FIDH), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Red TDT.
En una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero Héctor Astudillo Flores[1], los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, llamando la atención sobre los datos del informe de la Red TDT “La esperanza no se agota”. Este informe documenta 106 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras y 81 desapariciones forzadas, entre otras graves agresiones cometidas durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto contra quienes defienden los derechos humanos en México.
Además, los diputados del Parlamento Europeo llamaron la atención sobre el Estado de Guerrero y, particularmente, sobre la grave situación de riesgo que viven los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan.
Los parlamentarios destacaron especialmente la falta de garantías para la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en Guerrero, así como la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en Guerrero.
La carta, resultado de acciones de incidencia por parte de las organizaciones que suscriben este comunicado, fue promovida con anterioridad a los hechos[2] ocurridos en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco, el día 7 de enero cuando se produjo el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), así como la detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Al menos seis personas detenidas han sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.
En este contexto y ante la intensificación de la evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el Estado de Guerrero, el Observatorio, la Coordinación alemana y la Red TDT instan a las autoridades mexicanas y guerrerenses a tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero, incluyendo el establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos. Además, como parte del establecimiento de garantías debería asegurarse la investigación efectiva de las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Guerrero incluyendo, entre otros, casos emblemáticos de la situación como los recientes hechos en Acapulco o la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista[3] hace más de seis años.
Para más información, por favor, contacten con:
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
Coordinación Alemana: Sandra Schleimer: +49 – (0)221 25994541
Red TDT: Quetzalcoatl G. Fontanot:  +52 04455 3648 1344
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C.,  Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México vía Berlín A.C., Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).
[1]              La carta de los parlamentarios europeos está disponible aquí: http://www.omct.org/files/2018/01/24674/carta_meps_ddhh_mexico_guerrero.pdf.
[2]              Véase CDHM Tlachinollan, FICHA INFORMATIVA – Violaciones graves a los derechos humanos en La Concepción, Guerrero, disponible aquí: http://www.tlachinollan.org/ficha-informativa-violaciones-graves-los-derechos-humanos-la-concepcion-guerrero/. Véase también Llamado Urgente MEX 001 / 0118 / OBS 003 del Observatorio (OMCT-FIDH) de 9 de enero de 2018, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/01/d24656/.
             Véase Comunicado Conjunto del Observatorio (OMCT-FIDH) y el CDHM Tlachinollan de 7 de diciembre de 2017, “México: 6 años de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, 6 años de inacción de las autoridades mexicanas”, disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2017/12/d24633/.

Carta a Diputados de la LXI Legislatura del estado de Guerrero

A los Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios

Presente

Señores (as) Diputados de la LXI Legislatura:

Por este medio les participamos nuestra preocupación por su falta de sensibilidad humana que los colocaría del lado de las víctimas que sufren el flagelo de la impunidad con que actúan los grupos de la delincuencia organizada, respaldada con la acción u omisión de la mayoria de los integrantes del poder legislativo, al tomar decisiones en base al cálculo político o al interés personal, como lo constata la intención de querer negociar entre los grupos parlamentarios el retiro por parte del Fiscal General la propuesta para nombrar a la Maestra María Guadalupe Rendón Ramírez para encabezar la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas Desaparecidas sin tomar en cuenta la voz de las familias de desaparecidos que han manifestado su inconformidad por los resultados nulos que han obtenido por parte de esta servidora pública que actualmente se encuentra en la Fiscalía General.

Deben entender que las familias que se encuentran aglutinados en los colectivos de diferentes ciudades de Guerrero necesitan tener a sus familias de vuelta, los niños necesitan vivir la justicia y una certeza de que los próximos desaparecidos no serán ellos u otro familiar, que al salir a la calle puedan hacerlo sin sentir miedo de ser ejecutados o secuestrados porque por fìn las autoridades realizan su trabajo sin conveniencias políticas y esto solo podrá ser posible cuando las autoridades encargadas de investigar e impartir la justicia trabajen con sentido humano.

En este sentido deseamos refrendar públicamente la exigencia de los colectivos para que sean tomados en cuenta y se tome una buena decisión por parte de los Diputados de los diferentes grupos parlamentarios pues en la sesión del jueves 11, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Vicario Castrejón insistió reiteradamente en que la Mtra. Guadalupe Rendón cumple los requisitos para ocupar el puesto manifestando que es responsabilidad del Fiscal General Javier Olea de hacer los nombramientos, sin embargo se conoce que el Fiscal ha enviado un oficio donde retira la propuesta para fiscal en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, tema que se retiró del orden del día de las sesiones anteriores.

Así mismo queremos manifestar nuestro reconocimiento y respaldo a los Diputados que con toda sensibilidad y dignidad retoman el párrafo del artículo 1º Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Sin embargo, hay muchos diputados y diputadas que están muy lejos de representar en los hechos al pueblo, y solo tratan sacar el mejor provecho del encargo que ostentan y para ellas y ellos nuestro repudio y exigencia de que sean más dignos y dejen de provocar con su corrupción más muertes y desapariciones en la impunidad.

Vaya pues un saludo digno y combativo de las madres, padres, esposas e hijos de los desaparecidos que no descansaran hasta encontrarlos y lograr verdad y justicia aunque tengan que enfrentarse a la ambición y hambre de poder.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

¡Por la Verdad y la Justicia de todos los Desaparecidos!

“Colectivos de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo, Gro.”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”