Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

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Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

Sin duda el año  2016 fue de lucha y grandes experiencias para el pueblo pero también  ocurrieron irreparables pérdidas de vidas humanas  para el movimiento social y popular de Guerrero la muerte de líderes históricos que forjaron un camino de lucha y dignidad, entre estas pérdidas tenemos la del líder campesino, Benigno Guzmán Martínez, uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; le siguió el Lic. José Sánchez Sánchez, quien participó en la lucha social de los años 90’s, particularmente en la denuncia de la masacre de Aguas Blancas, también perdimos al Doctor Bertoldo Martínez Cruz, fundador de varias organizaciones de carácter local, regional y estatal. Los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados. Benigno y Bertoldo sobrevivieron a la tortura y a la cárcel de exterminio de máxima seguridad y retomaron su activismo al recuperar su libertad.

Para quienes hemos alcanzado a ver el fin del 2016, es necesario hacer un balance del tema de Derechos Humanos en el estado de Guerrero.

Empecemos por el respeto al derecho a la vida: 2016 ha sido un año en que ha repuntado la violencia con más de 2, 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011, el año más violento desde 2006. Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicídios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género. Como ha sido norma en estos diez años de violencia en el país (11 en Guerrero si se considera el inicio de la violencia con la balacera de La Garita), la mayor parte de los ejecutados son hombres jóvenes, en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. No eludimos ni olvidaremos mencionar que ha habido muertos de todas las edades, de ambos sexos y de las diferentes preferencias sexuales.

Muy preocupante es el hecho de las ejecuciones de maestros y  alumnos (Jhonatan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro) de la normal rural de Ayotzinapa, de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla,

Otro atentado al derecho a la vida son las desapariciones forzadas, tanto aquellas en que se sospecha la participación de elementos del estado, como las realizadas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos. Solo para darnos una idea de la gravedad del problema podemos decir que las asociaciones de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco tienen en sus registros casi mil casos de desaparecidos, y no se tiene un cálculo real del número de casos dentro del estado.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse ni en la búsqueda ni en la investigación. El GIEI logró demostrar grandes y muy graves intenciones de desviar líneas de investigación,  en el proceso jurídico contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura. La resistencia del Estado mexicano a permitir la coadyuvancia del GIEI y aceptar las recomendaciones que dejaron ante su cuasi-expulsión, así como las acciones para retrasar al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas. Y así, han dejado a los familiares, igual que en todos los casos de desapariciones forzadas, en total indefensión y sin acceso a la justicia y la verdad.

Es obligatorio mencionar los casos de desaparición  que han culminado trágicamente con el hallazgo de cadáveres a los pocos días de la desaparición: como en el caso del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la CETIG Juan Mendoza Tapia y su esposa; de estudiantes y trabajadores de la UAGro.

Otro fenómeno que contribuye a la crisis del “estado de derecho” y la crisis humanitaria en que vivimos en Guerrero es el desplazamiento forzoso interno; ubicamos este fenómeno desde 2007 por lo menos en que se daba un desplazamiento “hormiga” en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente. En 2016 el fenómeno ha afectado más a las regiones de Centro, Norte y Tierra Caliente. Estas regiones se caracterizan por la ausencia de Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado. Ejemplo de ello son los pueblos fantasma que se van multiplicando en el campo guerrerense. Los desplazados logran salir por sus medios a algún pueblo o ciudad y son puestos en algún espacio público y los van dejando en el olvido a pesar de haber una ley sobre desplazamiento a nivel estatal.

En los tres temas: ejecuciones, desapariciones y desplazamiento se dan algunas constantes como son la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno. Otro eje que atraviesa esta problemática es la militarización de la seguridad pública y de la vida civil: La propuesta de crear un marco inconstitucional  para avalar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es prácticamente una garantía de impunidad. Hay que mencionar la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, ordenamiento que permitiría al presidente de la República declarar el estado de excepción, o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna. Además la falta de aprobación de leyes generales en materia de desaparición forzada y de tortura  le sigue dejando al Estado mexicano un amplio margen de discrecionalidad contraria a la protección y defensa de los derechos humanos.

El tema de seguridad tiene otras facetas no menos importantes como las extorsiones o “derecho de piso”, los secuestros y los robos.  A diferencia de la opinión de las autoridades, que lo tratan como un asunto de percepción, el problema ha aumentado.

Si bien aparentemente la reforma educativa fue frenada en el estado, el costo para la organización magisterial (CETEG y otros sindicatos) ha sido muy alto en relación a su división y fragmentación, lo que los ha dejado en un alto grado de vulnerabilidad. Basta ver como a 3 años de la escalada gubernamental (en 2013) contra la CRAC-PC aun ha dejado secuelas de división, desconfianza y reflujo de las bases sociales. Tal circunstancia ha sido aprovechada por otras formas de organización, como la UPOEG, FUSDEG y otras policías o guardias comunitarias que no necesariamente se mantienen en el ámbito de la ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios presentes en Guerrero (nahua,  me’phaa, na savi, ñomndaa). Lo que conlleva al riesgo evidente de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de Derechos Humanos. De esta impunidad, complicidad dan cuenta las relaciones de la clase política estatal y nacional con el crimen organizado, de tal manera vinculados que no puede haber crimen organizado sin participación del Estado o de un gran número de agentes del estado (ejecutivos, legislativo y judicial; federal, estatal y municipal).

De alguna forma, dicha agresión gubernamental hizo lo mismo con el CECOP, que se encuentra  disminuido y dividido.

En el campo del derecho a la salud tampoco se ven avances significativos, más bien lo que fue palpable fue la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento del estado de impulsar la “universalización de la salud” que tarde o temprano privatizara no solo el acceso sino el derecho a la salud.

En lo relativo a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los Derechos de los Pueblos no existe ningún avance significativo: Guerrero sigue en los últimos lugares de desarrollo humano, expulsando a migrantes que de otra forma morirían de hambre o por falta de servicios básicos.

Las oportunidades perdidas por el Estado mexicano en 2016 están marcadas por el discurso triunfalista de que nada pasa,  todo está bien, las reformas funcionan y la negación de una realidad que indigna y lastima a la mayoría del pueblo. El gobierno de México pierde las oportunidades de avanzar a un real estado de derecho, con separación e independencia de poderes, transparencia y rendición de cuentas, respeto a la voluntad popular emitida a través del voto y la protección y defensa de los derechos humanos.

El 2017 inicia con una profundización de la pobreza representada en el gasolinazo y el aumento de precio de gas y electricidad que inevitablemente alejara las líneas de bienestar a varios millones de mexicanos.

2017 puede ser una oportunidad para que los millones de mexicanos empobrecidos se decidan a organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sea a tendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno.

Por lo anterior externamos las siguientes:

 

EXIGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS

 

  • Que la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realmente funcione, que se le dote de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el Estado de Guerrero.
  • Que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de Ley presentada por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la Declaración de Ausencia de personas desaparecidas, para que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
  • Que a la Dirección General de Servicios Periciales se le dote de Autonomía e independencia y por lo tanto deje de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
  • Que en vista de que el análisis de ADN desempeña una función primordial para la identificación de cuerpos o restos y cuya confronta con el ADN de las familias de personas desaparecidas nos puede dar con la localización de las personas desaparecidas, es de suma importancia que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, que posibilite obtener los resultados de las confrontas en menor tiempo posible y asi mismo poder identificar los más de 400 cuerpos que hay en los SEMEFOS de Guerrero en calidad de desconocidos.
  • Que las familias de las personas desaparecidas sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y se les proporcionen los apoyos que estable la Ley General de Victimas.
  • Que la Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, ya que hasta estas fechas no han tenido la sensibilidad para acercarse y apoyarlas de acuerdo a sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
  • Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con solo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual, debe de estar más completa las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense.

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

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Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, acompañados por integrantes de diversa organizaciones sociales recorrieron Iguala y Taxco del estado de Guerrero, Xoxocotla, Cuernavaca, Tepoztlan y Amilcingo del estado de Morelos y hoy están en la Ciudad de México para decirle al gobierno de Enrique peña Nieto que, a pesar de los 27 meses de impunidad en que se ha mantenido el caso, la lucha continua y no se detendrá hasta encontrarlos logrando verdad y justicia. Por eso, acudieron hoy a la Basílica de Guadalupe a renovar la fe y pedir a la virgen que les de fuerza y energía para que el próximo año logren encontrar a sus hijos a pesar de todos los obstáculos pues, saben que el 2017 será un año difícil y se enfrentaran a muchas adversidades, por ejemplo será un año en donde el tema electoral opacara muchas luchas, pues la prensa escrita dedicara mucho espacio y tiempo cubriendo el activismo de quienes pretendan ser candidatos por cualquiera de los partidos políticos o candidatos “independientes”, mientras que, en lugar de investigar a los militares por los hechos de Iguala  se pretende blindar el accionar del ejército mexicano mediante una reforma constitucional para otorgarle una carta de impunidad en su participación en tareas de seguridad pública, impunidad que le permitirá asesinar, desaparecer, torturar, realizar allanamiento de moradas, violar sexualmente a las mujeres, todo esto sin ser castigados, mientras que el proceso de privatización de todos los servicios sociales sigue su marcha concretando las reformas estructurales de este gobierno.

A eso y más tendrán que enfrentarse las miles de familias que buscan a sus seres queridos, por eso requieren fuerza y fortaleza espiritual, para seguir luchando en contra de la impunidad, el olvido y los intentos de las autoridades por desviar la atención y la exigencia de castigo a los verdaderos responsables pero, para esto es necesario no dejarlos solos pues, hoy por hoy la lucha de las 43 madres y padres posee toda la legitimidad para llegar hasta donde sea necesario, sin embargo necesitan que los diferentes movimientos sociales se acuerpen en torno a ellos, no dejarlos solos y blindarlos para que no sean afectados por el gobierno y sus esbirros.

EXIGIMOS:

AVANZAR EN LAS LINEAS DE INVESTIGACION  RECOMENDADAS POR EL GIEI.

INVESTIGAR AL EJERCITO MEXICANO.

DETENER A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO, POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43.

JUZGAR Y CASTIGAR ATODOS LOS RESPONSABLES DE LA MANIPULACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y FABRICACIÓN DE LA INSOSTENIBLE VERDAD HISTORICA.

BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

 

 

ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

BOLETÍN|ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

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  • Esposa e hijos han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.
  • No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia.

Ayutla de los Libre, Diciembre 19 de 2016.- El día domingo 18 de Diciembre hombres armados a bordo de un Tsuru blanco privaron de la vida a Constantino Díaz Pérez, uno de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán desde marzo de 2013. El hecho acontecido aproximadamente a las diez de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados.

Constantino Díaz de 36 años, realizaba trabajos eléctricos, razón por la cual acudió a Ayutla para comprar piezas. De acuerdo a la versión de los testigos, él se encontraba comprando algunas refacciones para arreglar el motor de una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida, cuando  un auto  Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, descendiendo un hombre encapuchado con un ak 47 y le disparo en varias ocasiones asestándole 6 balazos  que terminaron con su vida quedando ahí mismo otra persona herida, de inmediato el auto arranco con dirección a la salida que va hacia Tecoanapa.

Esposa, tres hijas y dos hijos de Constantino, han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.

Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente El día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10:00 el señor Hermelindo Díaz Pérez, se encontraba realizando sus labores del campo, en el paraje denominado La Palma II de la Unión, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la  espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el sujeto que estaba parado se dio la vuelta, y Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le empezó a disparar en ráfaga, por lo que él se tiró al suelo y rodó por la loma hasta que logró escapar, sus hermanos salieron en su defensa y con un rifle calibre .22” que utilizan para cazar animales del campo, repelieron la agresión y ante los disparos acudieron en su apoyo los Policías Ciudadanos de La Unión quienes repelieron la agresión, quedando en el tiroteo dos de los agresores muertos y un detenido.  A uno de los muertos se le encontró su credencial de elector, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de La Barrita, Municipio de Petatlán, Guerrero, por el origen de esta persona se confirmó que era cierta la amenaza de que los iban a seguir hasta donde estuvieran para acabar con ellos.

No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez  sea una represalia, ya que el viernes 9 de Diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de 1ª instancia del ramo penal del  Distrito Judicial de Mina.

Puntualizamos que el Gobierno del Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados de la Unión, pues según sus testimonios recalcan que las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 ha disminuido poco a poco hasta quedar sólo un elemento de la policía Estatal haciendo guardia.

De esta manera es muy importante que el Gobierno del Estado no deje el asesinato de Constantino Díaz Pérez como un hecho aislado, por ello, recalcamos las siguientes demandas:

-Investigación y castigo a los responsables.

-Solución a las necesidades de las familias desplazadas de acuerdo a los estándares internacionales.

 

 

 

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

 

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A. C.

Comunicado: Ley de seguridad Interior, una amenaza a los derechos humanos: OSC-Centro Morelos

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Ley de Seguridad Interior: una amenaza para los derechos humanos OSC

  • La iniciativa de Ley de Seguridad Interna representa una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares.
  • A años de la militarización del Estado de Guerrero la entidad representa el epicentro de la crisis a derechos humanos en el país.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)

 

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

Cinco años de impunidad para Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera: Normalistas de Ayotzinapa caídos el 12 de Diciembre.

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, Diciembre 11 de 2016.- A cinco años de la ejecución extrajudicial a manos de policías Judiciales, (ahora ministeriales), de dos normalistas durante un bloqueo que realizaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el periodo del entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero,  que corresponden a los nombres: Gabriel Echeverría de Jesús, originario de Tixtla y Jorge Alexis Herrera Pino, originario Atoyac, de 21 y 22 años de edad respectivamente quienes cursaban el tercer año de la carrera; permanecen en la impunidad.

El bloqueo que realizaron los normalistas el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, específicamente en el lugar conocido como “parador del Marques” se realizó para pedir una audiencia para tratar asuntos relacionados con su pliego petitorio que Aguirre Rivero prometió recibirlos desde el mes de mayo del mismo año cuando acudió a la Normal Rural, donde los Normalistas entregaron sus peticiones para mejorar la calidad de educación, así como la exigencia del cumplimiento de otras necesidades que la escuela tiene como la remodelación de la misma, becas alimenticias y económicas y otras más.

Es muy importante señalar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sufrido una criminalización por su movimiento estudiantil a lo largo de los años, sin embargo, en la administración de Aguirre Rivero, se cometieron crímenes de lesa humanidad que marcan la historia del país. Con la muerte de Gabriel y Jorge Alexis, la CNDH realizó recomendaciones para dignificar las instalaciones y para la realización del juicio político del entonces Procurador, Jorge Alberto López Rosa, mismo a quién no se le encontró responsabilidad. Tres años más tarde, en Iguala, durante la actividad de boteo y la toma de autobuses, los normalistas Julio Cesar Mondragón, Julio Cesar Ramírez Mora y Daniel Solís Gallardo perdieron la vida uno de ellos apareció desollado y 43 más fueron desaparecidos en manos de policías municipales, en el que se vieron involucrados miembros del ejército y de la marina, razón por la cual Aguirre se vio obligado a renunciar su cargo.

Rey David Cortes Flores e Ismael Matadamas Salinas son dos de los policías Judiciales que accionaron sus armas, responsables de la muerte de los dos normalistas, caso del que se han tenido que agotar todos los recursos legales hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder acceder a la justicia.

Ante la impunidad en que han quedado estos hechos, manifestamos nuestra amplia preocupación por la profunda crisis de derechos humanos que se vive en el estado y en el país pues debemos recalcar ampliamente que hay una clara criminalización a la institución y se ha reflejado últimamente: el 4 de octubre en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, en un supuesto asalto, son ejecutados dos jóvenes normalistas que regresaban de hacer sus prácticas de la capital, posteriormente en septiembre del 2016 durante una movilización en la exigencia de la presentación de los 43 Normalistas desaparecidos, fuera del Palacio de Gobierno, policías de la Fuerza Estatal detienen alrededor de diez estudiantes, mismos que son fuertemente reprimidos y posteriormente entregados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por ello exigimos:

1.-La presentación con vida de los 43 Normalistas desaparecidos.

2.-Verdad y justicia para los asesinados.

3.-Garantías para la no repetición de los hechos.

4.-Respeto al trabajo del Mecanismo Espacial de Seguimiento.

5.-Alto a la criminalización a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.