La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior

Por la verdad y la justicia: ¡No a la Ley de Seguridad Interior!

 

  • La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior
  • Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada.

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre de 2017. El pasado 15 de diciembre de 2017 después de una sesión de más de 15 horas la Cámara de Senadores aprobó el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, en una discusión que careció de un debate profundo, transparente y honesto sobre las implicaciones de una legislación de esta naturaleza y sin que se realizaran cambios significativos.

Las voces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de cientos de organizaciones nacionales y cientos de miles de personas no fueron escuchadas.

Para un estado que ha sufrido los embates del ejército durante años, el avance de esta ley representa la legitimación de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y que tribunales internacionales han condenado. La desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en Atoyac, la ejecución extrajudicial de 11 campesinos indígenas en El Charco, la tortura a los campesinos ecologistas en Ajuchitán, la tortura sexual de las mujeres indígenas me’ phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa son algunos de los ejemplos de que las fuerzas armadas no son aptas para las tareas de seguridad pública y por el contrario, su despliegue representa una amenaza clara a los derechos humanos.

El falso discurso de seguridad con el que se está promoviendo esta ley no tiene sustento. Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada. Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Chilapa y Coyuca de Benítez, las cinco ciudades más peligrosas del estado, cuentan con un gran número de militares; sin embargo, la violencia ha hecho que muchos de estos territorios sean intransitables. Las miles de víctimas de la violencia claman por el fin de la impunidad y el clima de permisividad en favor de los perpetradores.

Por ello, ante la falta de responsabilidad expresada por el Congreso mexicano en la aprobación de esta ley exigimos a Enrique Peña Nieto que en su facultad de veto señalada en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de promulgarla y se abra un proceso de diálogo adecuado con la sociedad para crear una legislación que permita hacer frente a la situación de inseguridad del país apuntalando sus causas más profundas, el fortalecimiento de las policías y del sistema de justicia, así como la progresiva retirada de las fuerzas armadas de la seguridad pública.

 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

  • Es una ley que definitivamente no debe ponerse en marcha porque de ser así los derechos humanos individuales y colectivos estarían doblemente violados.
  • Preocupa el incremento a la criminalización y agresión no sólo de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también a los movimientos de protesta social, y a la población en general.

      Chilapa de Álvarez, Guerrero, 17 de Dic de 2017.- De manera apresurada y después de un dialogo simulado se aprobó la LSI que será publicada sin dilación en el Diario Oficial de la Federación, en contra de las recomendaciones de quienes han tenido que luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en otros países y en México, cuando se les permite actuar en tareas que no le son propias, por lo que, como Organismo Civil no compartimos la aprobación de esta ley anticonstitucional que suspende todos nuestros derechos humanos instaurando un régimen militar.

Durante el presente año, personas expertas en la materia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales hemos manifestado nuestro rechazo a esta ley porque, al ser aprobada los derechos humanos estarían doble o triplemente violados y con las garantías individuales totalmente suspendidas.

Sabemos que se instaura un estado de excepción al legalizar la presencia del Ejército en las calles para llevar a cabo acciones de contención social y, por eso insistimos en que ninguna reglamentación de esta ley serviría para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y mucho menos garantiza la seguridad pública porque sí eso fuera el objetivo hubieran aplicado el artículo 39 constitucional previa reglamentación, por otro lado, no va a solucionarse la violencia que ha generado el narcotráfico porque esto se debe a la corrupción de funcionarios o ex funcionarios que se han visto involucrados con los delincuenciales, funcionarios que incluso son responsables de haber participado en crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales además de que se incrementaran estos actos sin ningún contrapeso que regule el actuar de los militares.

Sin duda existen grandes intereses de por medio, pues es claro el sometimiento del poder Legislativo ante los poderes fácticos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina pasando por encima de los derechos humanos.

Varias regiones del estado de Guerrero, en la actualidad, están viviendo verdaderas crisis humanitarias, producto de la corrupción de los tres niveles de gobierno, e históricamente es una de las entidades que ha sufrido diferentes violaciones de derechos humanos en las que el ejército es el responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y tortura, como consecuencia de la extrema militarización desde el periodo conocido como “la década de la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

 Es importante insistir en que, desde el estado se generó una Crisis de seguridad pública en donde las instituciones civiles por acción u omisión dejaron a los grupos delincuenciales actuar libremente para generar las condiciones en las cuales la ciudadanía viera con simpatía la presencia del ejército en las calles e incluso llegara a solicitar la aprobación de la ley de seguridad interior sin saber las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, además de que nuestra preocupación no está descontextualizada, pues en la visita de relatores de las Naciones Unidas, han advertido que, tener a los militares en las calles representa un peligro grave.

Por otra parte nos preocupa el incremento de la criminalización y agresión no sólo en contra de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también contra los movimientos de protesta social, y a la población en general pues, absolutamente todos vamos a ser vistos como enemigos o un riesgo para la seguridad interior, por lo tanto siempre estaremos en riesgo de sufrir alguna agresión o un allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura u ejecución extrajudicial ya que nadie podrá contenerlos.

Por todo lo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de manera inmediata en contra de la publicación de esta “ley de seguridad Interior” en el diario oficial de la federación y los invitamos a organizar reuniones organizativas para definir las actividades a realizar.

 

ATENTAMENTE:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C

Comunicado | México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

     GINEBRA (14 de Diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.  Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.

FIN

* Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitrariael Sr. Joe CannataciRelator Especial sobre el derecho a la privacidadel Sr. Michel ForstRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanosla Sra. Agnès CallamardRelatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasel Sr. Pablo de GreiffRelator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David KayeRelator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
 
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. 

ONU Derechos Humanos, página de país: México 

 
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:
el Sr. Jon Izagirre García (+41 22 917 9715 / jizagirre@ohchr.org).

 
Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Jeremy Laurence – Sección de Medios (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

¿Te preocupa el mundo en que vivimos? Entonces DEFIENDE hoy los derechos de los demás. #Standup4humanrights y visita la página web: http://www.standup4humanrights.org/sp/

 

COMUNICADO | Las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin avances en materia de acceso a la justicia.

Las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin avances en materia de acceso a la justicia. 

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       Chilpancingo, Guerrero / San José, 12 de diciembre del 2017.- Hoy se cumplen seis años de la represión violenta contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la autopista de El Sol ⎯en el tramo conocido como Parador del Marqués–, mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela. La intervención violenta, por parte de la fuerza pública, dejó un saldo de dos estudiantes ejecutados extrajudicialmente: Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Hubo también, cinco heridos, 23 detenidos arbitrariamente, uno de ellos torturado para que se confesara culpable de haber disparado en la protesta.

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A la fecha, el caso se encuentra impune. Los únicos policías que estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de evidencias, que pudieron ser pruebas claves para demostrar la responsabilidad de los implicados.

Por esta falta de resultados en la investigación y el retardo de las pesquisas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, para que sea el Sistema Interamericano el que verifique si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional, al realizar actos de uso excesivo de la fuerza pública y uso de armas letales en la contención de manifestaciones públicas, lo que se traduce en violaciones a los derechos de libre expresión, asociación, integridad física y el derecho a la vida.

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Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por primera vez —haciendo uso de sus facultades constitucionales—emitió una recomendación por graves violaciones a los derechos humanos a varias autoridades federales y estatales, sin que a la fecha se haya dado el más mínimo cumplimiento.

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Como organizaciones firmantes, consideramos que la tragedia que nos envuelve se debe a una clase política indolente e insensible ante el dolor de las familias por las ejecuciones de jóvenes a manos de policías criminales. El Ejecutivo estatal en vez de impulsar las investigaciones de estos crímenes cometidos por las mismas corporaciones policiales, se empeña en impulsar una Ley de Seguridad Interior (LSI), que impone el uso de la fuerza con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Este episodio de nuestra historia no fue el primero ni el último, sino que responde a una dinámica estructural y una cadena de violencia en la que se implican activamente la policía y el Ejército mexicano, con el objetivo de reprimir a través del uso desmedido de la fuerza y la violencia con resultados de impunidad flagrante. En Guerrero seguimos siendo víctimas de la acción violenta de un Estado, en donde la violencia y la impunidad se imponente, y en donde grupos caciquiles se han erigido como amos y señores en una región sumida en la pobreza.

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La historia, que está escrita con sangre en Guerrero, es el ejemplo más contundente del fracaso de una política de seguridad militarizada que arroja cifras alarmantes por el número de desaparecidos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de testimonios de personas que fueron víctimas de tortura por parte de las fuerzas militares y de las mismas corporaciones policiacas. No podemos permitir que la violencia se legitime y se mantenga en impunidad como regla.

En ese sentido, a seis años de las graves violaciones contra los normalistas y a la luz de las discusiones actuales en torno a la Ley de Seguridad del Estado, las organizaciones firmantes exigimos:

-Cese a la impunidad, y garantías efectivas para el acceso a la justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;

-Castigo a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos;

-Cese la persecución contra la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; y

-Respeto al modelo educativo de las y los normales rurales del país.

Atentamente

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Boletín de Prensa | IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Boletín de Prensa

IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

 

  • Exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.
  • Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años
  • reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas no localizadas que depende de la Fiscalía General del estado

 

   Chilapa de Álvarez, Guerrero, 10 de Diciembre de 2017.- Colectivos de Familiares de Desaparecidos y Organizaciones Civiles que defienden y promueven derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación ante la falta de consideración de nuestra opinión para la designación de la persona que esté al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas

por lo que exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.

Debido la magnitud y complejidad que en Guerrero representa la desaparición forzada y por particulares es importante que podamos contar con una  fiscalía que no dependa de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es decir, que sea autónoma y con recursos económicos, materiales y humanos propios, que le permita trabajar de manera transparente, eficaz y con sensibilidad humana hacia las familias porque, hasta el momento los resultados no han sido favorables para los colectivos y tampoco se le está haciendo frente a la desaparición.

Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años la cual les ha dejado una amplia experiencia y que les da la capacidad para proponer el perfil de quien estará al frente de la Fiscalía especializada.

Les recordamos una vez más el caso de Diana Paulina Rendón Alcaraz, niña de 13 años, desaparecida y posteriormente asesinada en Chilapa así como el de los tres hermanos desaparecidos y después encontrados asesinados, ambos casos en el barrio de la Villa.

Ha pasado mucho tiempo en que las instituciones del gobierno han permanecido inmóviles por depender económicamente de las participaciones federales de presupuesto, esto ha generado actos revictimizantes porque no están atendiendo debidamente los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas; en el caso de la Fiscalía regional, primero culpó al Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF de causar los malos olores que hay en el SEMEFO de Chilpancingo para impedir que realicen el trabajo de identificación de cadáveres que familias de Chilapa, Zitlala y Atlixtac solicitaron para hacer una búsqueda post mortem con cuerpos hallados en Zitlala, Chilapa y Tixtla que están en calidad de desconocidos para ver si alguno de ellos corresponde a sus desaparecidos; ahora esos trabajos de identificación se han pospuesto hasta que existan mejores condiciones.

Por ello reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas que depende de la Fiscalía General del estado, y para el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud, de lo contrario, el acceso a la verdad y la justicia siempre se encontrará bloqueada por falta de recursos.

En cuanto a la CEAV, los diputados han impuesto al Titular, Luis Camacho Mancilla y el presupuesto ha sido asignado sin consulta previa a las víctimas indirectas de desaparición ni a familias desplazadas y, sin un diagnostico real sobre las necesidades que tienen, por lo tanto, con dicho presupuesto imposible que puedan cubrir las necesidades básicas para ellos; recientemente, las víctimas de desplazamiento forzado, Salomón Lara y Crescencia Zapoteco acudieron al hospital general de Chilpancingo y la CEAV les otorgo ochenta pesos a cada uno para alimentarse dos días, lo cual es realmente indignante.

Por lo anterior insistimos que el estado de Guerrero requiere una CEAV que atienda a las víctimas de manera digna y no solo pague salarios a su plantilla de burócratas. Poniendo los ejemplos anteriores exhortamos a los Diputados del Congreso de estado de Guerrero a que se escuche la voz de los colectivos de víctimas y organismos civiles de derechos humanos para que quién sea elegido al cargo de fiscal especializado en desaparición forzada tenga el aval de los cientos de familias afectadas del estado de Guerrero.

Hoy 10 de diciembre, cuando se cumplen 69 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México y el estado de Guerrero viven una aguda crisis humanitaria relacionada a la violencia que ha dejado en los últimos 11 años más de 167 mil asesinados, 300 mil desplazados y cerca de 35 mil desaparecidos. El 2017 ha sido por mucho el año más violento desde el año 1997, donde se han cometido 20,878 homicidios lo que significa una tasa de 16.9 homicidios por 100 mil habitantes para el país, mientras que Guerrero alcanzó la segunda tasa más alta, 53.34 homicidios por 100 mil habitantes debido que han ocurrido más de 2,100 homicidios en el estado de Guerrero.

El fenómeno de violencia tiene como contexto que Guerrero es el primer productor de amapola, el segundo estado más violento y el tercer estado más pobre del país. Sin embargo todo esto no justifica pobreza ancestral y lacerante de Guerrero. En palabras de Louise Arbour, en 2006 como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “La extrema pobreza es una clara ilustración de la indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de los derechos humanos, ya que las personas que viven en la pobreza se ven enfrentadas a diario a violaciones de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, … la pobreza es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana… la responsabilidad primordial recae en los gobiernos.” Muestra de ello es el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundido hace 3 días y que señala que Acapulco como la demarcación municipal de todo el país con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema.

En el 69 aniversario de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos, exigimos a los diputados:

1.- NO APROBAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL FISCAL ESTATAL PARA ENCABEZAR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ACORDAR LA PUBLICACION DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA QUE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS, LA CIUDADANÍA, ASÌ COMO LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS PARA DICHA RESPONSABILIDAD.

2.- QUE SE LEGISLE PARA QUE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS PUEDAN CONTAR CON UNA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS QUE NO DEPENDA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO ES DECIR QUE SEA AUTÓNOMA Y CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS PROPIOS.

3.- QUE EL TITULAR DE LA CEAV NO UTILICE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR SU PLANTILLA DE BURÓCRATAS, LO QUE RESULTARÍA EN UN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS.

 

¡¡¡POR EL CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL E INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO!!!

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

“Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre la Muerte”

Colectivo de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus desaparecidos

“Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”