Comunicado de Prensa | LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS SIGUEN ESPERANDO RESPUESTA DE DIPUTADOS SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Comunicado de Prensa

 

LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS SIGUEN ESPERANDO RESPUESTA DE DIPUTADOS SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FISCAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

 

      Chilapa de Álvarez, Guerrero a 10 de enero de 2018.- El lunes pasado representantes de los colectivos de familiares de desparecidos de Chilapa, Chilpancingo, Iguala y Acapulco, respaldados por el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, José Ma. Morelos y Pavón,  realizaron ”La marcha de los reyes” donde participaron principalmente niños y niñas que, en su mayoria han vivido años con la desesperación  de tener a un familiar desaparecido, sin que la Unidad Especializada en Busqueda de Personas no Localizadas de la cual aún es titular la Lic. Guadalupe Rendon Ramírez haya implementado estrategias de busqueda y localización de los desaparecidos.

La marcha de los reyes concluyo en el Congreso del estado de Guerrero donde se entregó un documento a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para sugerirle que se abra una convocatoria de tal manera que los colectivos de familias de desaparecidos sean tomados en cuenta al momento de nombrar a quien esté al frente de la fiscalía.

El día de ayer los Diputados realizaron la primer sesión del año y no incluyeron el tema de la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo si en 30 días hábiles no se da el visto bueno o se rechaza la propuesta, automáticamente se da por  aprobada la propuesta enviada por el Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, para poner al frente a María Guadalupe Rendón Ramírez en dicha fiscalía especializada.

El plazo de los 30 días hábiles vence el 12 de enero y el día de mañana 11 sesionara nuevamente el congreso y existe el fundado temor de que se avale la propuesta del fiscal pues,  hasta el momento ningún miembro de la Junta de Coordinación Política ha dado respuesta, ni de manera pública ni particular a las familias de los colectivos para informar sobre las decisiones que han tomado con respecto a este tema, que es de suma importancia para garantizar a las familias el derecho al acceso a la justicia.

Esta situación es sumamente preocupante porque las familias de los colectivos han recurrido a todas las instancias del estado de Guerrero y en ninguna han tenido respuestas favorables, por el contrario, han sido revictimizados y estigmatizados además de que se ven obligados a ser ellos quienes realicen las investigaciones, dando todos los elementos a las autoridades siendo esta información lo único que aparece en las averiguaciones previas o carpetas de investigación.

La desesperación e impotencia de las familias que enfrentan el dolor inmenso que representa la ausencia de un familiar se vio reflejado en los rostros de los niños que deberían estar en la escuela regresando a clases y sin embargo estaban en las calles acompañando a sus mamás con la esperanza de recibir una buena noticia de los diputados pero solo se encontraron con las puertas del congreso cerradas pues los elementos de seguridad que resguardaban la entrada colocaron candados para evitar el acceso.

Por consiguiente, nuevamente exhortamos a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a todos los diputados a que se sensibilicen y que consideren las peticiones que hacen las familias que viven con el martirio de tener a un familiar desaparecido.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

“Colectivos de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo, Gro.”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

COMUNICADO DE PRENSA | Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

COMUNICADO DE PRENSA

Inicia el año de manera sangrienta y se muestra como se aplicara la Ley de Seguridad Interior.

 

      Chilpancingo, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Siguiendo con la estrategia de imponer el proyecto hidroeléctrico “La Parota” el gobierno federal y estatal, pretende acabar con la resistencia de los opositores a ceder sus tierras para este megaproyecto, en ese contexto, la madrugada del domingo 07 de enero fueron asesinados dos policías comunitarios, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria CRAC-PC de la comunidad la Concepción, municipio de Acapulco, durante un enfrentamiento luego de ser emboscados por hombres armados que podrían pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada. Este hecho ocurrió durante la festividad en la población mientras las autoridades comunitarias realizaban sus rondines como parte de la seguridad.

Horas después fueron detenidos 38 policías comunitarios de la CRAC-PC, entre ellos Marco Antonio Suastegui Muñoz y Vicente Suastegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, tras un operativo del gobierno del estado de Guerrero, donde aproximadamente 100 elementos de la policía estatal, ministerial y militares arribaron a la comunidad donde además de proceder a realizar las primeras diligencias se desplegaron a los domicilios de los miembros de la CECOP para ser cateados de manera arbitraria, sin ninguna orden que así lo señalara y posteriormente durante un tiroteo provocado por un policía estatal dieron lugar a tres ejecuciones extrajudiciales.

Ante esos hechos manifestamos nuestra profunda preocupación pues el actuar sangriento de los elementos castrenses violan todos los derechos humanos de quienes se organizan para mantener sus comunidades a salvo de la violencia pese a las miradas nacionales e internacionales de organismos de Derechos Humanos que han manifestado su preocupación por la crisis de derechos humanos que ha prevalecido en Guerrero y que ahora aumenta.

Como colectivos de familias de desaparecidos y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos consideramos que estos actos son una amenaza para el futuro de todos los que se organizan, pues Marco Antonio Suastegui ha sido detenido anteriormente por defender a su comunidad y ahora vuelve a ser detenido y criminalizado por las autoridades, estigmatizando la existencia de la CRAC-PC mientras que a los grupos de supuestos policías comunitarios que han sido señalados de pertenecer a la delincuencia organizada permanecen intactos.

Por si fuera poco, los policías estatales agredieron a más de 5 periodistas y foto periodistas que se encontraban cubriendo los hechos con insultos, uno de ellos Bernardino Hernández quien fue golpeado por dos elementos de la policía estatal, fue despojado de memorias SD y amenazando de ser desaparecido.

Lo anterior es una pequeña muestra de cómo se aplicara la Ley de Seguridad Interior en contra de todo movimiento de resistencia y contra los defensores de derechos humanos, luchadores sociales y periodistas, por lo tanto exigimos:

1.- Libertad inmediata de todos los detenidos.

2.- Garantías para el debido proceso y el derecho al acceso a la justicia.

3.- Alto a la represión en contra del CECOP y el sistema de justicia Comunitario CRAC-PC.

4.- Respeto a la labor de los comunicadores.

5.- Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior.

 

Atentamente:

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

“Colectivo de familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

“Familias de desaparecidos de Iguala”

“Familias en búsqueda de sus desaparecidos de Acapulco”

 

Veto a la palabra presidencial

Veto a la palabra presidencial

  • La promulgación de la Ley de Seguridad Interior significa un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos en México

Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre de 2017.- La tarde de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior

Por la verdad y la justicia: ¡No a la Ley de Seguridad Interior!

 

  • La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior
  • Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada.

Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre de 2017. El pasado 15 de diciembre de 2017 después de una sesión de más de 15 horas la Cámara de Senadores aprobó el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, en una discusión que careció de un debate profundo, transparente y honesto sobre las implicaciones de una legislación de esta naturaleza y sin que se realizaran cambios significativos.

Las voces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de cientos de organizaciones nacionales y cientos de miles de personas no fueron escuchadas.

Para un estado que ha sufrido los embates del ejército durante años, el avance de esta ley representa la legitimación de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y que tribunales internacionales han condenado. La desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en Atoyac, la ejecución extrajudicial de 11 campesinos indígenas en El Charco, la tortura a los campesinos ecologistas en Ajuchitán, la tortura sexual de las mujeres indígenas me’ phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa son algunos de los ejemplos de que las fuerzas armadas no son aptas para las tareas de seguridad pública y por el contrario, su despliegue representa una amenaza clara a los derechos humanos.

El falso discurso de seguridad con el que se está promoviendo esta ley no tiene sustento. Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada. Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Chilapa y Coyuca de Benítez, las cinco ciudades más peligrosas del estado, cuentan con un gran número de militares; sin embargo, la violencia ha hecho que muchos de estos territorios sean intransitables. Las miles de víctimas de la violencia claman por el fin de la impunidad y el clima de permisividad en favor de los perpetradores.

Por ello, ante la falta de responsabilidad expresada por el Congreso mexicano en la aprobación de esta ley exigimos a Enrique Peña Nieto que en su facultad de veto señalada en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de promulgarla y se abra un proceso de diálogo adecuado con la sociedad para crear una legislación que permita hacer frente a la situación de inseguridad del país apuntalando sus causas más profundas, el fortalecimiento de las policías y del sistema de justicia, así como la progresiva retirada de las fuerzas armadas de la seguridad pública.

 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

Llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de protesta en contra de la publicación de la “ley de seguridad Interior”.

  • Es una ley que definitivamente no debe ponerse en marcha porque de ser así los derechos humanos individuales y colectivos estarían doblemente violados.
  • Preocupa el incremento a la criminalización y agresión no sólo de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también a los movimientos de protesta social, y a la población en general.

      Chilapa de Álvarez, Guerrero, 17 de Dic de 2017.- De manera apresurada y después de un dialogo simulado se aprobó la LSI que será publicada sin dilación en el Diario Oficial de la Federación, en contra de las recomendaciones de quienes han tenido que luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en otros países y en México, cuando se les permite actuar en tareas que no le son propias, por lo que, como Organismo Civil no compartimos la aprobación de esta ley anticonstitucional que suspende todos nuestros derechos humanos instaurando un régimen militar.

Durante el presente año, personas expertas en la materia, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales hemos manifestado nuestro rechazo a esta ley porque, al ser aprobada los derechos humanos estarían doble o triplemente violados y con las garantías individuales totalmente suspendidas.

Sabemos que se instaura un estado de excepción al legalizar la presencia del Ejército en las calles para llevar a cabo acciones de contención social y, por eso insistimos en que ninguna reglamentación de esta ley serviría para garantizar los derechos humanos de los mexicanos y mucho menos garantiza la seguridad pública porque sí eso fuera el objetivo hubieran aplicado el artículo 39 constitucional previa reglamentación, por otro lado, no va a solucionarse la violencia que ha generado el narcotráfico porque esto se debe a la corrupción de funcionarios o ex funcionarios que se han visto involucrados con los delincuenciales, funcionarios que incluso son responsables de haber participado en crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales además de que se incrementaran estos actos sin ningún contrapeso que regule el actuar de los militares.

Sin duda existen grandes intereses de por medio, pues es claro el sometimiento del poder Legislativo ante los poderes fácticos de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina pasando por encima de los derechos humanos.

Varias regiones del estado de Guerrero, en la actualidad, están viviendo verdaderas crisis humanitarias, producto de la corrupción de los tres niveles de gobierno, e históricamente es una de las entidades que ha sufrido diferentes violaciones de derechos humanos en las que el ejército es el responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y tortura, como consecuencia de la extrema militarización desde el periodo conocido como “la década de la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

 Es importante insistir en que, desde el estado se generó una Crisis de seguridad pública en donde las instituciones civiles por acción u omisión dejaron a los grupos delincuenciales actuar libremente para generar las condiciones en las cuales la ciudadanía viera con simpatía la presencia del ejército en las calles e incluso llegara a solicitar la aprobación de la ley de seguridad interior sin saber las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, además de que nuestra preocupación no está descontextualizada, pues en la visita de relatores de las Naciones Unidas, han advertido que, tener a los militares en las calles representa un peligro grave.

Por otra parte nos preocupa el incremento de la criminalización y agresión no sólo en contra de organismos civiles de defensores de derechos humanos, sino también contra los movimientos de protesta social, y a la población en general pues, absolutamente todos vamos a ser vistos como enemigos o un riesgo para la seguridad interior, por lo tanto siempre estaremos en riesgo de sufrir alguna agresión o un allanamiento de morada, detención arbitraria, tortura u ejecución extrajudicial ya que nadie podrá contenerlos.

Por todo lo anterior hacemos un llamado a todas las organizaciones a preparar acciones legales y políticas de manera inmediata en contra de la publicación de esta “ley de seguridad Interior” en el diario oficial de la federación y los invitamos a organizar reuniones organizativas para definir las actividades a realizar.

 

ATENTAMENTE:

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C