Comunicado | PERIODISTAS, VÍCTIMAS DE UN ESTADO FALLIDO

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PERIODISTAS,  VÍCTIMAS  DE UN ESTADO FALLIDO

Chilapa de Álvarez, Guerrero a 14 de Mayo de 2017.– Mientras la policía y el ejército someten a los pueblos que se organizan para auto-defenderse, desesperados ante un  narco-gobierno  que por lógica simple, nunca va a actuar en contra de los grupos de la delincuencia organizada.

 Con indignación nos enteramos de lo sucedido a siete trabajadores de la prensa cuando regresaban de cubrir hechos de interés público, siendo retenidos, golpeados, robados y amenazados de muerte por uno de los grupos que el gobierno dice combatir, y nos preguntamos;  ¿cómo es posible que con los cientos de policías y militares que se mueven por toda la región los delincuentes actúen con tanta libertad? Sin duda nos encontramos ante un gobernador por demás inepto, rebasado por las consecuencias de la corrupción. No es gratuito que el, Héctor Astudillo Flores manifieste que el gobierno no puede quedar en medio de la disputa de los grupos de la delincuencia organizada, sin duda se refiere a que el gobierno debe de estar de parte de alguno de dichos grupos, de acuerdo a los intereses personales y de grupo político que domine la región.

Debe ser de mucha preocupación que, el Relator Especial de Naciones Unidad sobre la Situación de Personas Defensoras y Periodistas, afirme que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, señalando a Guerrero como uno de los Estados con mayor agresiones contra periodistas, quienes al tratar de darle a los lectores información objetiva se ven obligados por su ética profesional a trasladarse a los lugares de los hechos y, siempre sin ninguna garantía o protección por parte del gobierno para asegurar su integridad física y la vida misma, por lo que desarrollan su labor en condiciones de alta vulnerabilidad, ya sea porque la información que brindan afecta o molesta a los gobernantes o por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada.

Esperemos que este hecho no quede en la impunidad, ratificando  que la presencia de los militares y policías solo son la parte visible de una estrategia de seguridad fallida como lo es el narco-estado.

Tengamos presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su último informe sobre México que; en “los crímenes contra periodistas, la ausencia de protocolos de investigación específicos para perseguir los casos que involucran posibles retaliaciones por el ejercicio periodístico…..la falta de independencia de la justicia permiten que la impunidad sea cada vez mayor, hasta el punto de constituirse una falla estructural de la administración de justicia.”

Manifestamos nuestra más amplia solidaridad para los compañeros: Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero,  Jorge Alberto Martínez, de la agencia Quadratín; Alejandro Ortiz, del diario digital Bajo Palabra y el periodista extranjero Hans Máximo Musielik, colaborador de Vice News, Pablo Pérez García, colaborador de Hispano Post, Jair Cabrera, colaborador de La Jornada y Ángel Galeana de Imagen TV, deseando que esta agresión no limite su compromiso de informar y, al gobierno le exigimos:

2.- Que se garantice el ejercicio de su labor periodística, su vida y su integridad física y de ser necesario, atraiga el caso la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.

3.- Que el Estado y sus instituciones cumplan, como lo manda el artículo 1° Constitucional con las recomendaciones hechas por diversos mecanismos internacionales en la materia.

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

 

Boletín de Prensa | Dos años de impunidad para las familias de desaparecidos de Chilapa

imagen2Boletín de Prensa | Dos años de impunidad para las familias de desaparecidos de Chilapa

 09 de Mayo de 2017, Chilpancingo, Guerrero.- se cumplen dos años de la desaparición forzada de por lo menos 30 personas que fueron privadas de su libertad de manera ilegal por un grupo de hombres armados que incursionaron a Chilapa el 09 de mayo del año 2015, sembrando el terror y el pánico a la toda la población.

Las víctimas se enfrentaron a la impunidad y la aquiescencia de las autoridades desde un primer momento cuando se permitió la violación de derechos humanos de las personas que hasta hoy se encuentran en calidad de desaparecidos, a pesar de la fuerte presencia de elementos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

Los familiares, principalmente las madres, comenzaron a encontrarse en la comandancia para reclamar a sus hijos, esposos o hermanos, sin embargo no hubo noticia de ellos. Como resultado de la inconformidad, se integró el Colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, encabezados por el profesor José Días Navarro, Vocero de la agrupación. A raíz de este hecho más familias que desde tiempo atrás padecían la desaparición de algún familiar se integraron al reclamo de su inconformidad e indignación.

Actualmente el Centro Morelos tiene coadyuvancia en 13 casos y asesora jurídicamente a más de 37 familias del Colectivo “Siempre Vivos”, misma razón que ha permitido que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) colabore en la búsqueda e identificación postmortem, cuya primera etapa ha sido la toma de muestras de los familiares de desaparecidos, la segunda etapa consiste en realizar la toma de muestra a los 11 cuerpos que fueron dejados en el crucero de Ayahualulco y los 33 cadáveres hallados en la fosa clandestina que se localizaba en el municipio de Zitlala, y posteriormente la confronta de resultados.

Es importante mencionar que el colectivo “Siempre vivos” está integrado en su mayoría por personas indígenas que viven en condiciones vulnerables que les impide exigir de manera constante a las autoridades la investigación de su caso para así poder dar con el paradero de su familiar, por el contrario, en estos 24 meses, las instancias de gobierno que deben atender esta problemática ha burocratizado toda la atención, tal es el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las familias del colectivo no cuentan como víctimas con atención médica, ni becas educativas para que sus niños o niñas sigan estudiando, tampoco cuentan con becas alimenticias que les ayude a sobrellevar la ausencia de quien solía ser el sostén del hogar.

Por otra parte resaltamos que el colectivo ha realizado diferentes acciones ante la negligencia de quienes deberían realizar las investigaciones, realizando búsquedas ciudadanas, localizaron restos de cuatro personas durante una búsqueda en el cerro Tepehuizco, en Chilapa de Álvarez; han realizado marchas en la capital del estado, e incluso se han reunido con el Gobernador, Héctor Astudillo Flores y con autoridades a nivel federal, sin embargo nada ha avanzado.

Nos preocupa que a pesar de las fotografías que circulan en las redes sociales sobre los hechos ocurridos del 9 al 14 de mayo de 2015 y los fuertes operativos del Ejército y la policía estatal, no hayan podido detener y procesar a los responsables y tampoco han podido localizar a ninguna persona desaparecida en esas fechas. Sin embargo, ha incrementado la criminalidad, el número de personas desaparecidas sigue incrementando y el alto número de  personas ejecutadas en estos primeros 4 meses y medio nos muestra que este año será igual o peor que el 2016.

ANTE ESA DRAMATICA REALIDAD MANIFESTAMOS NUESTRAS EXIGENCIAS

  • Que la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realmente funcione, dotándola de autonomía plena, con personal interdisciplinario y recursos económicos y materiales suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el Estado de Guerrero.
  • Que el Congreso del Estado reglamente  La Ley General de Víctimas 694 de víctimas del estado libre y soberano de Guerrero, apruebe la iniciativa sobre la Declaración de Ausencia de personas desaparecidas, para que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
  • Que a la Dirección General de Servicios Periciales se le dote de Autonomía e independencia y por lo tanto deje de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
  • Que en vista de que el análisis de ADN desempeña una función primordial para la identificación de cuerpos o restos y cuya confronta con el ADN de las familias de personas desaparecidas nos puede ayudar para dar con la identificación, es de suma importancia que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, que posibilite obtener los resultados de las confrontas en el menor tiempo posible y así mismo poder identificar los más de 400 cuerpos que hay en los SEMEFOS de Guerrero en calidad de desconocidos.
  • Que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero se le dote de los recursos materiales, económicos y humanos  para que las familias de las personas desaparecidas sean atendidas como lo  estable la Ley General de Victimas.
  • Que la Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, ya que hasta estas fechas no han tenido la sensibilidad para acercarse y apoyarlas de acuerdo a sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
  • Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con solo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual, debe de estar más completa las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense.

ATENTAMENTE

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A. C.

Colectivo de Familias de desaparecidos de Chilapa “Siempre Vivos”

Colectivo de Familias de Acapulco en búsqueda de sus desaparecidos

Colectivo de Familias de desaparecidos, secuestrados y asesinados en el estado y en el país

Padres y madres de los 43

 

Boletín | SE CUEMPLEN 6 MESES DEL ASESINATO DE NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

cm_altaSE CUEMPLEN 6 MESES DEL ASESINATO DE NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

03 de Abril de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- El día de mañana se cumple seis meses de la ejecución de Jonathan Morales y Filemon Tacuba, jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, asesinados durante un supuesto asalto a bordo de una urban del transporte público de la ruta Chilpancingo – Tixtla, donde resultaron gravemente heridos al menos otras tres personas.

De acuerdo a la memoria histórica, no sería descabellado pensar que el gobierno del estado o federal planearon este hecho violento en conjunto con algún grupo de hombres armados, pues con la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, se destaparon varios nexos entre grupos criminales y políticos con algún cargo público, como el caso del ex alcalde  José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo hasta el momento no se tiene una versión oficial.

Según los reportes,  no existe un avance claro en las investigaciones que se están realizando a los cinco presuntos responsables que se encuentran detenidos desde el 9 de octubre, mismos que se según la Fiscalía estatal se encuentran relacionados con al menos diez casos de homicidios dolosos, sin dejar a un lado que, hasta el momento no se tienen indicios de los responsables intelectuales de estos hechos violentos,  por lo tanto ni la Normal, ni los familiares han tenido acceso a la justicia.

Cabe señalar que el contexto de violencia se ha agravado durante los últimos años, y la carretera federal Chilpancingo – Chilapa ha sido uno de los puntos rojos donde se han dado diferentes hechos violentos y pese a los retenes militares que está a la salida de Chilpancingo y entrada de Chilapa, la seguridad de la ciudadanía en general no ha sido garantizada.

Es preocupante que una escuela que da acceso a la educación a cientos de jóvenes campesinos de bajos recursos sea atacada de esta manera y criminalizada con tanta fuerza por exigir sus derechos básicos educativos, como alimentación, mobiliario, transporte, becas, plazas, entro otros.

Resaltamos que la situación de violencia e inseguridad que vive el Estado está en aumento, contrario a lo que ha expresado el gobernador Héctor Astudillo Flores, en declaraciones recientes, situación que refleja número de eventos de similar naturaleza y que afectan día con día, las calles, carreteras  y habitantes de diversas zonas de Guerrero, quienes sufren los asaltos, secuestros, desapariciones y enfrentamientos.

 

Nuestra Exigencia:

1.- Que cese la criminalización hacia la Normal Rural de Ayotzinapa y a los Normalistas

2.- Una pronta, imparcial y exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en el tramo carretero Chilpancingo-Tixtla, así como la ubicación de los perpetradores

3.- Castigo a los responsables y garantías de seguridad en la zona para evitar a que estos actos se repitan.

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A. C.

 

 

Boletín | A CASI MEDIO SIGLO SERÁN ENTREGADOS RESTOS DE DOS LUCHADORES SOCIALES

 

 

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A CASI MEDIO SIGLO SERÁN ENTREGADOS RESTOS DE DOS LUCHADORES SOCIALES

05 de Abril de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- A más de 40 años de ser asesinados en manos del Ejército mexicano, serán entregados los restos de Eliseo Flores Vázquez y Martín Nario Orgánez, Originarios de Acuentla del municipio de Chilapa de Álvarez y San Andrés de Cruz, municipio de Atoyac, respectivamente, quienes resultaron sin vida durante la guerra sucia al compartir ideas y combatir con el Prof. Lucio Cabañas Barrientos, militantes del Partido de los Pobres.

Cuarenta y dos años después los restos serán entregados como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad (ComVerdad), una investigación ciudadana que conduce a un juicio popular que no castiga penalmente a los perpetuadores de la Guerra Sucia, pero que si sirve como antecedente que demuestra que el poder gubernamental y político han peleado por perpetuar las injusticas que sirven a sus intereses utilizando al Ejercito como instrumento de muerte, aniquilando y debilitando las organizaciones surgidas para defender y exigir los derechos humanos de los pueblos.

Después de permanecer en calidad de desaparecidos por casi medio siglo, los luchadores sociales serán recibidos por sus familias y podrán darles cristiana sepultura, sin embargo, no debería de negárseles la reparación del daño y el acceso a la justicia.

Actualmente en el país se conocen más de 30 mil desaparecidos, y la ola de violencia en Guerrero ha incrementado, por ello, en los casos actuales de desapariciones no podemos esperar que pasen tantos años para que una Comisión de la Verdad tenga que buscar el paradero de los desaparecidos. Es importante exigir que ante hechos de esta naturaleza no solo se dé con el paradero de desaparecidos, si no también se haga justicia.

Relacionar este tipo de hechos con las declaraciones de la Armada donde señala que Autodefensas, Guerrilla y Anarquistas son un peligro que desestabilizan al país, deja aún más en duda el papel que realizará el Ejercito mexicano una vez legalizada su estancia en las calles.

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

 

Foro sobre la Ley de Seguridad Interior

Foro sobre la Ley de Seguridad Interior

Derechos humanos y seguridad: una falsa dicotomía

28 de Marzo de 2017

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En meses recientes, el poder legislativo ha iniciado un debate poco efectivo y serio en el marco de varias propuestas legislativas para aprobar una Ley de Seguridad interior. Existe una tendencia de los poderes públicos de crear una Ley que de facto establecería un régimen de militarización de la seguridad pública y crearía estados de excepción, contraviniendo las recomendaciones y otros estándares internacionales de derechos humanos.

Desde la sociedad civil hemos expresado nuestra preocupación por la existencia de un marco legal que faculta a las fuerzas armadas a ejercer tareas que le son ajenas y que generan violaciones a los derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, perpetuando la impunidad.

Desde los años setentas el Estado de Guerrero ha sufrido en carne propia la militarización. El 70 por ciento de los desaparecidos de la época denominada “la guerra sucia”, tuvieron ocasión en esta Entidad y el Ejército Mexicano jugó un papel central en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Un caso emblemático que ilustra este contexto es el de Rosendo Radilla que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiendo una sentencia contra el Estado Mexicano. En años recientes la militarización en el Estado de Guerrero ha continuado, aconteciendo violaciones graves a los derechos humanos de mujeres indígenas y otras personas, como es el caso de las mujeres Me’phha Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. En todos estos casos la Corte Interamericana analizó el contexto de militarización que existe en Guerrero y declaró la existencia de un contexto de violencia institucional castrense, sobre todo en los casos de la indígenas Me’phaa.  No es casual que de los  cinco casos que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuatro son del Estado de Guerrero y los responsables son elementos del Ejército Mexicano.

En el marco de la violencia producida por los grupos de la delincuencia organizada y el combate que el estado dice desplegar, la militarización se ha extendido a todo el país, sin que el problema se logre revertir, por el contrario, lo que han aumentado son los índices de violaciones a los derechos humanos, sin que las mismas sean investigadas.

La experiencia empírica y el trabajo diario de las organizaciones de la sociedad civil y  de derechos humanos nos muestra que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vulnera los derechos humanos de las personas, pues a menudo cometen abusos contra la población, pero además, es una institución hermética, que se conduce en la opacidad en sus actuaciones y carece de controles civiles para que rinda cuentas.  Por ello vemos necesario que las afectaciones de la iniciativa, sus impactos y estrategias puedan ser discutidos en Guerrero que ha sufrido los embates de la militarización y sus efectos y en ese marco dar voz a todas las víctimas.