COMUNICADO | CONTRA LA IMPUNIDAD

CONTRA LA IMPUNIDAD

      Ayotzinapa, Guerrero a 25 de agosto de 2017.- A casi tres años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, las 4 líneas de investigación para localizar a los desaparecidos no avanzan. La PGR incurre en una dilación deliberada en el avance de las indagatorias que tiene como fin encaminar nuestro caso a la impunidad. Pero les decimos no nos desalientan la displicencia y la inacción de este Gobierno.Seguiremos como una piedra en el Zapato de éste régimen, exigiendo verdad y justicia.

A la fecha nuestra unidad es robusta e infranqueable y nuestro espíritu de lucha inclaudicable. Por estas razones en estos momentos las madres y padres de familia de los 43 protestan en todos los accesos de las instalaciones de la PGR ubicadas en avenida Reforma.

FRATERNALMENTE

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

COMITÉ DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS 43

Comunicado | Alerta máxima para pobladores de Quetzalcoatlan de las Palmas

Comunicado

Alerta máxima para pobladores de Quetzalcoatlan de las palmas

  • Las familias de Quetzalcoatlan confiaron en las autoridades y retornaron a su comunidad creyendo que estaba segura
  • el Centro Morelos, como Organismo Civil que Promueve y Defiende los Derechos Humanos, Insistimos mucho al gobierno el riesgo en que se encuentran las familias desplazadas que acompañamos, particularmente de Quetzalcoatlan de las Palmas.

    Chilapa de Álvarez, Guerrero 13 de Julio de 2017.- A un año y medio de ser atacada la comunidad de Quetzalcoatlan de las Palmas donde perdieron la vida seis personas, se suscitó otro atentado contra dos ciudadanos que permanecían en calidad de desplazados mientras se encontraban en la cabecera municipal de Zitlala, se trata de Benigno Marabel Tlatempa quien perdió la vida y Salomón Lara Tlatempa que resultó herido y permanece inconsciente  en el hospital de Chilapa.

Hace unos meses alertamos al gobierno del estado  de cualquier ataque que pudieran recibir la gente nahua de esta comunidad, pues al no satisfacer sus necesidades básicas establecidas en la Ley General 487 para prevenir y atender el deslazamiento forzado, los pobladores de Quetzalcoatlan se veían obligados a salir del perímetro de seguridad (que solo incluye su comunidad) de las medidas cautelares otorgadas por la CODEHUM, exponiéndose a todo tipo de riesgos.

Ahora, ante los lamentables hechos sucedidos el día de ayer, de los cuales responsabilizamos al  Gobernador Héctor Astudillo Flores, pues en sus discursos no solo ha minimizado el problema del desplazamiento forzado y el tema de la inseguridad, sino también porque ha mostrado un nulo interés por atender integralmente a las víctimas de este delito.

Las familias de Quetzalcoatlan confiaron en las autoridades y retornaron a su comunidad creyendo que estaba segura, lo cual no es así, por esa razón el llamado de las autoridades para que las familias recién desplazadas regresen a sus comunidades argumentado que la instalación de una Base de Operaciones Mixtas garantiza su integridad carece de toda objetividad  tal y como lo sostienen las familias que han decidido no regresar a sus comunidades de origen.

Reiteramos que el Centro Morelos, como Organismo Civil que Promueve y Defiende los Derechos Humanos, Insistimos mucho al gobierno del estado a través de la Dirección de Seguimiento Control y evaluación de derechos humanos, de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el riesgo en que se encuentran las familias desplazadas que acompañamos, particularmente de Quetzalcoatlan de las Palmas, insistimos también para que se les cubrieran sus necesidades y evitar que salieran de su comunidad, sin embargo, los titulares anteriores de estas instancias mostraron poco carácter humano para atender a las víctimas.

Manifestamos nuestra exigencia para que se realice una investigación seria que dé con el paradero de los responsables y sean juzgados; que se atienda de manera eficaz al señor Salomón Lara Tlatempa para que mejore su condición de salud y logre salir adelante, que se  amplíen las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya se les otorgo a los pobladores de Quetzalcoatlan y evitar que pase otro hecho similar, pues la población en estos momentos se encuentra en alto riesgo ya que no se puede descartar que el algún grupo  de hombres armados quieran incursionar nuevamente en la comunidad para atacarlos.

Por lo anterior, el Centro Morelos seguirá manifestando que el desplazamiento forzado es un problema real que están padeciendo cientos de familias de varios municipios del estado y no debe permanecer en la invisibilidad, porque si el gobierno no atiende este problema ahora, es muy probable que en un futuro las consecuencias se multipliquen.

En este sentido, como interlocutores ante las instancias gubernamentales exigimos los siguientes apoyos para las familias de Benigno Marabel Tlatempa y Salomón Lara Tlatempa:

1.- Apoyo de la atención medica; gastos del tratamiento especializado.

2.- Apoyo de los gastos de los familiares que van a estar al pendiente del señor Salomón Lara: Traslado, Hospedaje y alimentación.

3.- Apoyo de gastos funerarios: Ataúd, traslado, pago de impuestos o permiso para sepultar al finado

4.- Apoyo para la comunidad: Maíz y víveres.

5.- Ampliación de las medidas cautelares: Alimentación y seguridad

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

Pronunciamiento | Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

Pronunciamiento

Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

 

Chilpancingo, Guerrero, 02 de Julio de 2017.- La realidad de Guerrero, como él en resto del país, nos confirma a cada instante que vivimos en una crisis humanitaria en materia de Derechos Humanos que nos ahoga en sangre e impunidad que, en los últimos años ha sido causada, aparentemente, por grupos del crimen organizado y permitida por  la inacción o aquiescencia de las autoridades y la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Todo este contexto genera terror y desconfianza de la sociedad civil hacia cualquier autoridad o funcionario que  han velado por minimizar la violencia.

En Guerrero, tener autoridades que gobiernan de manera paralela a los poderes fácticos, pone en riesgo la vida y la integridad física  de quienes visibilizan los daños que ha causado la irresponsabilidad política del Gobernador Héctor Astudillo Flores para cumplir con sus compromisos de campaña y menos como gobernante en la entidad y, bajo estas circunstancias el rol de muchos trabajadores de los medios de comunicación  ha cambiado de manera drástica, así como para los Defensores de derechos humanos, ya que realizan su trabajo bajo condiciones de alto riesgo  al dar a conocer la realidad del estado y las graves violaciones cometidas principalmente por funcionarios públicos al tener una actitud omisa e impune.

Consideramos que defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente dando voz a los invisibles, por ello condenamos que no exista una investigación real para castigar las 21 agresiones a trabajadores de la prensa en los dos últimos meses y el asesinato de los periodistas Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, el marzo pasado y Francisco  Pacheco, en Taxco,  en abril del 2016, condenamos también que el Mecanismo de protección se encuentre rebasado por el gran número de casos que se han quedado sin resolver, y lo cual dificulta cumplir con un funcionamiento eficaz e inmediato para evitar que más periodistas y defensores sean agredidos o asesinados.

Y es así, bajo toda esta red de omisión que queda impune una situación grave como el asesinato de periodistas y como lo ocurrido el 13 de mayo donde Sergio Ocampo, Jorge Martínez,  Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por hombres armados que les despojaron de su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas, con la intención total de censurar la desvergüenza y salvajismo bajo la que viven.

Como organización que defiende y promueve derechos humanos, nos preocupa las amenazas de muerte, el hostigamiento, la discriminación, las agresiones, los asesinatos, la privación de la libertad y hasta el espionaje por parte de quienes deben garantizar una vida digna a la ciudadanía, entre ellos, a periodistas y defensores de derechos humanos.

En ese aspecto reiteramos que la creación de la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas no garantiza la seguridad y la salvaguarda de la integridad física y psicológica de quienes realizan la labor de informar, más bien lo que busca el gobierno federal al crear estos nuevos espacios, es deslindarse de los casos de violaciones de derechos humanos a periodistas. Dejar la responsabilidad a las entidades que no cuentan con los recursos humanos y económicos suficientes para resolver este tipo de delitos contra comunicadores, traerá como resultado más casos impunes y menos visibles.

Tenemos claro que el gobierno federal tiene la finalidad de acallar o en su caso exterminar todas las voces que exigen verdad y justicia inhibiendo la labor de  los medios que conservan su compromiso de informar con objetividad los hechos reales, por eso ha invertido tanto en programas de espionaje, para poder tener bajo control la información que pueda evidenciar al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a la Marina o al Ejército mexicano así como a las autoridades estatales.

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” se suma a las demandas de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, porque es violentado el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, Lo cual no ocurre y por eso es urgente que los organismos internacionales miren este problema grave de inseguridad que ha cobrado la vida de periodistas que se dedican a investigar a fondo e informar diferentes temas como la creciente violencia en el estado

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Comunicado | LA CEAV DE GUERRERO NACE MUERTA Y SIN AVAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

LA CEAV DE GUERRERO NACE MUERTA Y SIN AVAL DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS

-Sin legitimidad y sin trayectoria en derechos humanos se nombra al nuevo titular

-Denuncian ONG falta de compromiso del Ejecutivo Estatal para atender las propuestas de los colectivos de familiares, sobre el nombramiento del nuevo titular 

-Hacen falta acciones eficaces y autónomas para garantizar el acceso a la justicia, la debida reparación del daño y de no repetición

Chilpancingo, Guerrero a 22 de Junio de 2017.- Luis Camacho Mancilla fue nombrado como Titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero el pasado 19 de junio de 2017, sin embargo, su nombramiento se da en un contexto estatal en donde la violencia se ha enseñoreado, dejando en un estado de indefensión a las familias que a diario dan la batalla para dar con el paradero de sus hijos.

Es un nombramiento que nace muerto porque no cuenta con el respaldo de las personas que son directamente afectadas, y porque estos nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso diario con las personas que sufren el flagelo de la violencia.

Si bien la Ley de Atención a Víctimas establece que por única ocasión el Comisionado puede ser propuesto por el Gobernador al Congreso Local, y para el siguiente periodo deberá enviar una terna previa consulta a las y los familiares de las víctimas; ni el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ni el Congreso Local tuvieron a bien incluir en el proceso a quienes se han visto directamente afectados por las omisiones del estado, la violencia y la impunidad.

De manera unilateral y dejando de lado los planteamientos de los colectivos de víctimas se impuso la titularidad de Camacho Mancilla, de quien se desconoce una trayectoria a favor de los derechos humanos y no cuenta con antecedentes de trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino más bien su trabajo se reduce a haber sido parte de la Comisión para la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado.

Por otra parte, es preocupante el incremento de los desplazamientos forzados, los feminicidios, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de fosas clandestinas, lo que sin duda implica un reto en el que las víctimas deben ser tratadas con profesionalidad, sensibilidad y eficacia y no con acciones supeditadas al Gobierno Estatal, como se prevé con el reciente nombramiento.

Es indispensable que el titular de esta institución tenga un verdadero compromiso con las víctimas, sensibilidad humana, experiencia en ese tipo de atención, autonomía de decisión y los recursos necesarios para demostrar una atención profesional y con compromiso ético a favor de las víctimas y para dar una buena atención a las demandas de sus familias, pues ante la falta de estas características la población en general no confía en los elementos de seguridad ni en las autoridades.

A diferencia de la burocracia que persiste en nuestro estado, este cargo debe de cimentarse en la confianza y cercanía de la gente que ha sido ignorada y re victimizada en su lucha por defender su derecho a ser atendidos con respeto y dignidad.

Es preocupante que tanto el Gobernador de Guerrero como el Congreso Estatal, no hayan tomado en cuenta los criterios que han planteado los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la atención a víctimas y que hayan prevalecido más los intereses de grupo, una actitud irresponsable, insensible y autoritaria frente al dolor y las necesidades urgentes de las víctimas.

En ese sentido, las organizaciones civiles nos solidarizamos y hacemos eco de esta demanda dolida de las víctimas, por no sentirse representados y escuchados ante las instancias gubernamentales, por lo que pugnaremos para que el centro de la acción gubernamental sean las víctimas y sus familias y para que no se denigre ni se trivialice su lucha. Son ellos y ellas, las que hoy marcan el derrotero de lo que representa un cambio en el sistema de justicia y en la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, es importante mencionar que ante la ausencia de soluciones reales a las problemáticas que incrementan la violencia e impunidad en el estado, el número de víctimas continúa en aumento, sin que hasta la fecha se garantice su acceso a la justicia, la debida reparación del daño y mucho menos existen garantías de no repetición, por lo que desde los tres niveles de gobierno, de manera autónoma y de acuerdo a su competencia, es urgente que se tomen acciones que se encaminen hacia ese objetivo.

ATENTAMENTE:

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON”

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA”TLACHINOLLAN”

MARIO VERGARA HERNÁNDEZ

COLECTIVO “BUSCADORES DE FOSAS” DE IGUALA

EL COLECTIVO DE PADRES Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS SECUESTRADOS Y ASESINADOS EN EL ESTADO DE GUERRERO Y EL PAÍS.

COLECTIVO “FAMILIAS DE ACAPULCO EN BUSCA DE SUS DESAPARECIDOS”

 

Comunicado | Las agresiones contra las Normales Rurales que no cesan.

Las agresiones contra las Normales Rurales que no cesan.

Ayotzinapa, Guerrero a 21 de junio del año 2017.- El día de hoy alrededor de las trece horas, estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, protestaban en las inmediaciones de este poblado por el retraso en el pago de sus becas y otros adeudos que el gobierno tiene con la Escuela, cuando llegó la Policía Estatal y Federal y sin mediar diálogo alguno los agredieron. Los estudiantes se replegaron a su escuela. Los policías intentaron ingresar violentamente a las instalaciones de la Normal pero los normalistas lo evitaron intentando increpar a la Policía. Las fuerzas de seguridad al no lograr allanar la escuela empezaron a dispararles con armas de fuego de manera indiscriminada. En la agresión resultaron dos heridos y un estudiante detenido que hasta el momento se desconoce su paradero. El estudiante Gael Solorio Cruz de tercer grado, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo y se encuentra hospitalizado. Su estado de salud es grave, con un pronóstico médico reservado.

La acción anterior es atentado grave al derecho a la protesta social y la libertad de expresión que tienen todas las personas, en particular los estudiantes de las Normales Rurales. Estas prerrogativas, son los canales adecuados para dar a conocer la inacción y el incumplimiento del Gobierno Estatal y Federal con el derecho a una educación de calidad para los Normalistas Rurales de Tiripetío. Sin embargo, al dispararles con armas letales, se conculcan flagrantemente estos derechos, se silencian las voces de los estudiantes inconformes y se manda un mensaje que inhibe el derecho de asociación y organización estudiantil.

Hacer un uso desproporcionado de la fuerza pública y armas letales para contener las manifestaciones públicas es una acción ilegal, proscrita y prohibida por las Leyes y los tratados internacionales de Derechos Humanos, por lo tanto el proceder del Gobierno Estatal y Federal contra los Normalistas de Michoacán merece una investigación y una sanción correspondiente.

Aunado a lo anterior, esta agresión a los estudiantes de Tiripetío se inscribe en el marco de una criminalización y represión sistemática y generalizada que viven los Normalistas Rurales y que en los últimos años ha ido en ascenso. La estigmatización a los normalistas rurales y las agresiones que han sufrido seguidas de la impunidad que las caracteriza, crearon un marco permisible para la desaparición de los 43, el asesinato de 3 y las lesiones de 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Las propias palabras del Gobernador  de Michoacán Silvano Aureoles – “espero que después de la garrotiza que les pusieron en Aguas Calientes ya también le piensen un poco” – son una evidencia del desprecio a la educación pública y a los Normalistas Rurales y forman parte de la causa de estigmatización que se cierne contra los estudiantes.

No podemos permitir que graves violaciones a los derechos humanos como estas pasen desapercibidas, tenemos la obligación de denunciar y evidenciar que las agresiones de los gobiernos contra las normales rurales son ilegítimas e ilegales, que en nombre de un concepto abstracto y ambiguo de “orden público” se tiene permiso para disparar, matar, desaparecer y lesionar a jóvenes que lo que buscan es estudiar y contribuir al mejoramiento de la educación de este País.

Por todo lo anterior exigimos:

–        Una investigación pronta e imparcial para ubicar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones a los normalistas de Tiripetío, Michoacán.

–        Atención pronta de calidad para Gael Solorio Cruz

–        Resolver las demandas de los estudiantes Normalistas de Tiripetío.

–        Que la Cámara de Diputados abra de oficio un juicio Político contra el Gobernador de Michoacán para que se investigue su responsabilidad en los presentes actos violatorios a los derechos humanos.

–        Cese la represión contra la Normal de Tiripetío Michoacán y todas las Normales Rurales del País.

ATENTAMENTE

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humano “José María Morelos y Pavón

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.