La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) exige que no se apruebe ninguna Ley que permita la militarización en el país. 

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Reunidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 47 organizaciones sociales y de Derechos Humanos acordamos emitir el siguiente pronunciamiento en relación al riesgo de constitucionalizar la militarización del país.

La cámara de diputados, así como el Senado de la República han acordado que en menos de treinta días estará aprobada la Ley de Seguridad Interior, ante lo cual ya comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de la Ley de Seguridad Interior, lo cual genera mucha preocupación para   las 47 Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos que participamos en la reunión de la Asamblea Nacional Popular realizada este sábado 14 de Enero.                                                                                                                           Nuestra preocupación radica en que, de ser aprobada esta ley, será regresiva para los derechos humanos consagrados en la Constitución Política Mexicana desde el 10 de Junio del 2011, ya que significaría constitucionalizar la dictadura militar que, en los hechos ya existe en nuestro país, y que más la vemos como una medida de contrainsurgencia en contra del pueblo que se organiza para  protestar en contra de las reformas estructurales que afectan gravemente los Derechos Humanos de todos los mexicanos y, que hoy  se manifiestan en  contra del incremento del precio de la gasolina y que ha provocado una inflación galopante de los precios de alimentos, servicios públicos, medicina, educación, así como el pago de mayores impuestos, mientras que el insultante aumento al salario mínimo de quienes tiene la fortuna de contar con algún empleo solo fue del 3.9% y que en nada se compara con la elevación del precio de la gasolina y los aumentos que ha provocado, agregando que desde hace 10 años el país se encuentra colapsado por la crisis humanitaria producto de las violaciones a los derechos humanos generados por las decisiones equivocadas para combatir el narcotráfico, una guerra emprendida por Felipe Calderón que ha empeorado la situación de seguridad, tanto, que las cifras de homicidios, desaparecidos, torturas, feminicidios y desplazados se han multiplicado en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto.

La militarización en el país no es la solución para esta gran problemática que ha rebasado a las autoridades a lo largo de los últimos diez años, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a las víctimas y al pueblo de México nos ha quedado claro que en nuestro país, los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares siempre quedan en la impunidad, ya que a pesar de que sean las autoridades civiles las que conozcan del caso, siempre se supeditan a las ordenes castrenses y terminan exonerándolos, lo cual hace que se tenga que buscar justicia en el sistema penal internacional como sucedió en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega  si dejar de mencionar el caso de Tlatlaya y otros homicidios en donde se presume la participación de miembros del ejército mexicano,  por toda la experiencia acumulada a lo largo de la histórica, la sociedad en general tiene una completa desconfianza en que con la presencia del ejército en las calles la seguridad pública esté garantizada y si, por el contrario dicha Ley de Seguridad Interior signifique una garantía de impunidad para cuando el ejército cometa asesinatos, tortura, desapariciones, violación sexual, allanamiento de morada, hostigamiento en contra de la población en general o contra luchadores sociales, trabajadores de los medios de comunicación o defensoras y defensores de Derechos Humanos.

Reconocemos que se necesitan medidas inmediatas para contrarrestar los riesgos que se viven en nuestro país, sin embargo el camino que se quiere emprender, aprobando leyes de esta naturaleza no conducen a un bienestar social y, lejos de lograr la paz lo que se obtendrá será un país más colapsado.

Lar organizaciones firmantes nos unimos en la exigencia de que esta ley no sea aprobada sin estar debidamente analizada y tomando en cuenta las recomendaciones de Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales. Pedimos que nuestro país avance con políticas públicas que cumplan con las necesidades de cada entidad federativa. Que la Cámara de Diputados tomen decisiones con responsabilidad cuando se trata de salvaguardar la seguridad social.

Por todo lo anterior hacemos un llamado al pueblo en general, a las organizaciones sociales, a los organismos civiles de derechos humanos, a los integrantes de los congresos locales así como a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos humanos a pronunciarse en contra de la aprobación de la ley de Seguridad Interna.

 

EXIGIMOS AL PRESIDENTE DE MÉXICO, A LOS SENADORES Y DIPUTADOS.

Respeto al artículo 21 que  establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.

No confundir los conceptos de seguridad interior y seguridad pública porque pone en grave riesgo los derechos humanos.

No a la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”.

Impulsar un mecanismo de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.

Implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública que garantice el respeto a los derechos humanos.

 

Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

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Incremento al precio de la gasolina a estándares internacionales esta fuera de contexto y genera violación generalizada a Derechos Humanos

Chilapa de Álvarez, Gro. Enero 12 de 2017.- Ante el incremento del precio de la gasolina que se dio desde el primero de enero se reflejado el incremento al precio de la Gasolina a traído  consigo el incremento generalizado en el precio de otros productos como el gas LP, pasajes y alimentos que afectan el bolcillo de la ciudadanía, pues hay una gran diferencia con el deprimente incremento al salario mínimo de 7.00 pesos, lo cual contrasta con las grandes cantidades que se auto-asignan los diputados, senadores y otros funcionarios. Lo anterior ha dado como resultado que desde los primeros días de enero diversos sectores de la sociedad se manifiesten  en diferentes puntos del Estado y del país, como reflejo de la inconformidad social generalizada, pues con la cadena de incrementos en los precios de los diversos artículos en el mercado, los ciudadanos se verán imposibilitados para atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación, el vestido etc.

Consideramos que la lógica que el Presidente Enrique Peña Nieto, argumenta en su mensaje explicando los motivos por la alza de los precios, está fuera de contexto, pues la moneda mexicana no se puede comparar con la de otros países como Estados Unidos o de Europa. Es ilógico que un país que tiene regiones viviendo en pobreza extrema incremente el precio de la gasolina, pretendiendo igualarlo  a estándares internacionales, por lo tanto es totalmente entendible que la ciudadanía salga a las calles a manifestar su enojo e inconformidad, enfrentando la criminalización y los intentos gubernamentales de deslegitimar, estas manifestaciones no son más que la muestra de la impotencia y la rabia ante un política económica diseñada para seguir beneficiando a los ricos capitalistas a costa de hundir en una mayor miseria al pueblo, por lo tanto  su lucha además de ser legitima demuestra  su hartazgo del mal gobierno que encabezado hoy por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por otra parte, es preocupante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en vez de regular los costos de la gasolina de acuerdo al incremento del salario mínimo anuncie que tomará represalias contra quienes incrementen precios por el “gasolinazo”, cosa que es inevitable.

Por ello manifestamos nuestra solidaridad a los que manifiestan su inconformidad sin ningún interés político electoral de por medio, teniendo claro que los partidos políticos se han aprovechado de esta coyuntura para banderear movilizaciones cuando todos ellos han votado por reformas que afectan a los más pobres.

Consideramos que existen otras formas de contar con los recursos económicos suficientes para solventar las necesidades utilizadas como justificación para el aumento del precio de la gasolina, como ya se ha manifestado a través de las redes sociales como es acabar con la corrupción y dejar de otorgar recursos a quienes como parte del estado solo han servido para avalar una serie de reformas estructurales a modo del presidente y del sistema capitalista.

Hoy Enrique Peña Nieto acompañado de empresarios, sindicato y partidos políticos, todos ellos cómplices incondicionales, ha anunciado un plan de protección a la economía familiar, que, consiste en medidas y programas que solo quedaran como meros enunciados y que en nada aliviaran la crisis económica de los millones de mexicanos que viven en la miseria.

Finalmente manifestamos que nuestra preocupación reside en las afectaciones que se irán dando en el transcurso del 2017, el llamado “gasolinazo”  es un mal comienzo que traerá consigo un empeoramiento en la crisis de derechos humanos que ya se vive en el país, ya que el gobierno enfrentara el descontento del pueblo con mayor militarización y el huso de la fuerza con tal de no dar marcha atrás con su política económica que lesiona los más elementales derechos humanos.

Por lo que, nos mantendremos alerta ante los posibles actos de represión que se desaten en contra de los manifestantes, para documentar y apoyar las denuncias correspondientes.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

 

 

Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

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Balance de 2016: oportunidades perdidas y agudización de la crisis humanitaria.

Sin duda el año  2016 fue de lucha y grandes experiencias para el pueblo pero también  ocurrieron irreparables pérdidas de vidas humanas  para el movimiento social y popular de Guerrero la muerte de líderes históricos que forjaron un camino de lucha y dignidad, entre estas pérdidas tenemos la del líder campesino, Benigno Guzmán Martínez, uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; le siguió el Lic. José Sánchez Sánchez, quien participó en la lucha social de los años 90’s, particularmente en la denuncia de la masacre de Aguas Blancas, también perdimos al Doctor Bertoldo Martínez Cruz, fundador de varias organizaciones de carácter local, regional y estatal. Los tres se enfrentaron al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y fueron perseguidos y encarcelados. Benigno y Bertoldo sobrevivieron a la tortura y a la cárcel de exterminio de máxima seguridad y retomaron su activismo al recuperar su libertad.

Para quienes hemos alcanzado a ver el fin del 2016, es necesario hacer un balance del tema de Derechos Humanos en el estado de Guerrero.

Empecemos por el respeto al derecho a la vida: 2016 ha sido un año en que ha repuntado la violencia con más de 2, 200 asesinados, al grado de alcanzar los niveles de 2011, el año más violento desde 2006. Tanto si se trata de violencia del crimen organizado, delincuencia común o de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el dato nos señala una ineludible responsabilidad del Estado mexicano al no proteger ni castigar estos homicidios, en la que hay que resaltar los feminicídios a los que el gobierno del estado de Guerrero ha invisibilizado negándose a aplicar una alerta de género. Como ha sido norma en estos diez años de violencia en el país (11 en Guerrero si se considera el inicio de la violencia con la balacera de La Garita), la mayor parte de los ejecutados son hombres jóvenes, en edad productiva, de baja escolaridad, y de los estratos socioeconómicos más desprotegidos. No eludimos ni olvidaremos mencionar que ha habido muertos de todas las edades, de ambos sexos y de las diferentes preferencias sexuales.

Muy preocupante es el hecho de las ejecuciones de maestros y  alumnos (Jhonatan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro) de la normal rural de Ayotzinapa, de miembros de los grupos de policías comunitarias de Tixtla,

Otro atentado al derecho a la vida son las desapariciones forzadas, tanto aquellas en que se sospecha la participación de elementos del estado, como las realizadas por los grupos del crimen organizado y poderes fácticos. Solo para darnos una idea de la gravedad del problema podemos decir que las asociaciones de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Zitlala y Acapulco tienen en sus registros casi mil casos de desaparecidos, y no se tiene un cálculo real del número de casos dentro del estado.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin resolverse ni en la búsqueda ni en la investigación. El GIEI logró demostrar grandes y muy graves intenciones de desviar líneas de investigación,  en el proceso jurídico contra presuntos responsables, a quienes ahora hay que considerar como víctimas de tortura y de ser obligados a armar la verdad histórica con confesiones sacadas bajo tortura. La resistencia del Estado mexicano a permitir la coadyuvancia del GIEI y aceptar las recomendaciones que dejaron ante su cuasi-expulsión, así como las acciones para retrasar al Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana demuestran la nula voluntad política de resolver el caso conforme a derecho. Por el contrario, se dilucida la intención de encubrir a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición masiva de los normalistas. Y así, han dejado a los familiares, igual que en todos los casos de desapariciones forzadas, en total indefensión y sin acceso a la justicia y la verdad.

Es obligatorio mencionar los casos de desaparición  que han culminado trágicamente con el hallazgo de cadáveres a los pocos días de la desaparición: como en el caso del maestro y miembro de la CRAC-PC Irineo Salmerón Dircio y del líder de la CETIG Juan Mendoza Tapia y su esposa; de estudiantes y trabajadores de la UAGro.

Otro fenómeno que contribuye a la crisis del “estado de derecho” y la crisis humanitaria en que vivimos en Guerrero es el desplazamiento forzoso interno; ubicamos este fenómeno desde 2007 por lo menos en que se daba un desplazamiento “hormiga” en la sierra de la Costa Grande y Tierra Caliente. En 2016 el fenómeno ha afectado más a las regiones de Centro, Norte y Tierra Caliente. Estas regiones se caracterizan por la ausencia de Estado y el control territorial de facciones del crimen organizado. Ejemplo de ello son los pueblos fantasma que se van multiplicando en el campo guerrerense. Los desplazados logran salir por sus medios a algún pueblo o ciudad y son puestos en algún espacio público y los van dejando en el olvido a pesar de haber una ley sobre desplazamiento a nivel estatal.

En los tres temas: ejecuciones, desapariciones y desplazamiento se dan algunas constantes como son la falta de investigación, la criminalización hacia las víctimas, la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades conforme a tratados y convenciones internacionales y al propio derechos interno. Otro eje que atraviesa esta problemática es la militarización de la seguridad pública y de la vida civil: La propuesta de crear un marco inconstitucional  para avalar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es prácticamente una garantía de impunidad. Hay que mencionar la reciente reglamentación del artículo 29 de la Constitución, ordenamiento que permitiría al presidente de la República declarar el estado de excepción, o suspensión de garantías, acotando los derechos humanos más básicos como parte de ese proceso de militarización que se complementaría con la Ley de Seguridad Interna. Además la falta de aprobación de leyes generales en materia de desaparición forzada y de tortura  le sigue dejando al Estado mexicano un amplio margen de discrecionalidad contraria a la protección y defensa de los derechos humanos.

El tema de seguridad tiene otras facetas no menos importantes como las extorsiones o “derecho de piso”, los secuestros y los robos.  A diferencia de la opinión de las autoridades, que lo tratan como un asunto de percepción, el problema ha aumentado.

Si bien aparentemente la reforma educativa fue frenada en el estado, el costo para la organización magisterial (CETEG y otros sindicatos) ha sido muy alto en relación a su división y fragmentación, lo que los ha dejado en un alto grado de vulnerabilidad. Basta ver como a 3 años de la escalada gubernamental (en 2013) contra la CRAC-PC aun ha dejado secuelas de división, desconfianza y reflujo de las bases sociales. Tal circunstancia ha sido aprovechada por otras formas de organización, como la UPOEG, FUSDEG y otras policías o guardias comunitarias que no necesariamente se mantienen en el ámbito de la ley 701 ni responden a los usos y costumbre de los pueblos originarios presentes en Guerrero (nahua,  me’phaa, na savi, ñomndaa). Lo que conlleva al riesgo evidente de que el fenómeno se desarrolle hacia narco-paramilitares que le hagan las tareas sucias al gobierno agrediendo a activistas, militantes y defensores de Derechos Humanos. De esta impunidad, complicidad dan cuenta las relaciones de la clase política estatal y nacional con el crimen organizado, de tal manera vinculados que no puede haber crimen organizado sin participación del Estado o de un gran número de agentes del estado (ejecutivos, legislativo y judicial; federal, estatal y municipal).

De alguna forma, dicha agresión gubernamental hizo lo mismo con el CECOP, que se encuentra  disminuido y dividido.

En el campo del derecho a la salud tampoco se ven avances significativos, más bien lo que fue palpable fue la disminución del presupuesto destinado a la salud y el intento del estado de impulsar la “universalización de la salud” que tarde o temprano privatizara no solo el acceso sino el derecho a la salud.

En lo relativo a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en los Derechos de los Pueblos no existe ningún avance significativo: Guerrero sigue en los últimos lugares de desarrollo humano, expulsando a migrantes que de otra forma morirían de hambre o por falta de servicios básicos.

Las oportunidades perdidas por el Estado mexicano en 2016 están marcadas por el discurso triunfalista de que nada pasa,  todo está bien, las reformas funcionan y la negación de una realidad que indigna y lastima a la mayoría del pueblo. El gobierno de México pierde las oportunidades de avanzar a un real estado de derecho, con separación e independencia de poderes, transparencia y rendición de cuentas, respeto a la voluntad popular emitida a través del voto y la protección y defensa de los derechos humanos.

El 2017 inicia con una profundización de la pobreza representada en el gasolinazo y el aumento de precio de gas y electricidad que inevitablemente alejara las líneas de bienestar a varios millones de mexicanos.

2017 puede ser una oportunidad para que los millones de mexicanos empobrecidos se decidan a organizarse y defender sus derechos, logrando verdad y justicia para los familiares de los desaparecidos, que los desplazados por fin sea a tendidos de acuerdo a la Ley 487 Para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno.

Por lo anterior externamos las siguientes:

 

EXIGENCIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS DESAPARECIDOS

 

  • Que la recién creada Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realmente funcione, que se le dote de personal interdisciplinario y recursos económicos suficientes para su funcionamiento y eficacia en todo el Estado de Guerrero.
  • Que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de Ley presentada por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja sobre la Declaración de Ausencia de personas desaparecidas, para que las familias puedan acceder a la protección de los bienes de los desparecidos.
  • Que a la Dirección General de Servicios Periciales se le dote de Autonomía e independencia y por lo tanto deje de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
  • Que en vista de que el análisis de ADN desempeña una función primordial para la identificación de cuerpos o restos y cuya confronta con el ADN de las familias de personas desaparecidas nos puede dar con la localización de las personas desaparecidas, es de suma importancia que se establezca una base de datos de ADN en el Estado de Guerrero, que posibilite obtener los resultados de las confrontas en menor tiempo posible y asi mismo poder identificar los más de 400 cuerpos que hay en los SEMEFOS de Guerrero en calidad de desconocidos.
  • Que las familias de las personas desaparecidas sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y se les proporcionen los apoyos que estable la Ley General de Victimas.
  • Que la Secretaria de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometan a acompañar y apoyar a las familias de víctimas de desaparición que pertenezcan a población indígena, ya que hasta estas fechas no han tenido la sensibilidad para acercarse y apoyarlas de acuerdo a sus facultades tal y como lo establece la Ley General de Víctimas.
  • Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, deje de querer entregar a las familias de desaparecidos cuerpos con solo el resultado positivo del ADN de uno de sus familiares, lo cual, debe de estar más completa las confrontas de ADN y se deben hacer los peritajes de otras especialidades como el de Odontología y Antropología Forense.

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

 

 

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

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Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, acompañados por integrantes de diversa organizaciones sociales recorrieron Iguala y Taxco del estado de Guerrero, Xoxocotla, Cuernavaca, Tepoztlan y Amilcingo del estado de Morelos y hoy están en la Ciudad de México para decirle al gobierno de Enrique peña Nieto que, a pesar de los 27 meses de impunidad en que se ha mantenido el caso, la lucha continua y no se detendrá hasta encontrarlos logrando verdad y justicia. Por eso, acudieron hoy a la Basílica de Guadalupe a renovar la fe y pedir a la virgen que les de fuerza y energía para que el próximo año logren encontrar a sus hijos a pesar de todos los obstáculos pues, saben que el 2017 será un año difícil y se enfrentaran a muchas adversidades, por ejemplo será un año en donde el tema electoral opacara muchas luchas, pues la prensa escrita dedicara mucho espacio y tiempo cubriendo el activismo de quienes pretendan ser candidatos por cualquiera de los partidos políticos o candidatos “independientes”, mientras que, en lugar de investigar a los militares por los hechos de Iguala  se pretende blindar el accionar del ejército mexicano mediante una reforma constitucional para otorgarle una carta de impunidad en su participación en tareas de seguridad pública, impunidad que le permitirá asesinar, desaparecer, torturar, realizar allanamiento de moradas, violar sexualmente a las mujeres, todo esto sin ser castigados, mientras que el proceso de privatización de todos los servicios sociales sigue su marcha concretando las reformas estructurales de este gobierno.

A eso y más tendrán que enfrentarse las miles de familias que buscan a sus seres queridos, por eso requieren fuerza y fortaleza espiritual, para seguir luchando en contra de la impunidad, el olvido y los intentos de las autoridades por desviar la atención y la exigencia de castigo a los verdaderos responsables pero, para esto es necesario no dejarlos solos pues, hoy por hoy la lucha de las 43 madres y padres posee toda la legitimidad para llegar hasta donde sea necesario, sin embargo necesitan que los diferentes movimientos sociales se acuerpen en torno a ellos, no dejarlos solos y blindarlos para que no sean afectados por el gobierno y sus esbirros.

EXIGIMOS:

AVANZAR EN LAS LINEAS DE INVESTIGACION  RECOMENDADAS POR EL GIEI.

INVESTIGAR AL EJERCITO MEXICANO.

DETENER A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO, POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43.

JUZGAR Y CASTIGAR ATODOS LOS RESPONSABLES DE LA MANIPULACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y FABRICACIÓN DE LA INSOSTENIBLE VERDAD HISTORICA.

BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

 

 

ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

BOLETÍN|ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

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  • Esposa e hijos han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.
  • No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia.

Ayutla de los Libre, Diciembre 19 de 2016.- El día domingo 18 de Diciembre hombres armados a bordo de un Tsuru blanco privaron de la vida a Constantino Díaz Pérez, uno de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán desde marzo de 2013. El hecho acontecido aproximadamente a las diez de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados.

Constantino Díaz de 36 años, realizaba trabajos eléctricos, razón por la cual acudió a Ayutla para comprar piezas. De acuerdo a la versión de los testigos, él se encontraba comprando algunas refacciones para arreglar el motor de una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida, cuando  un auto  Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, descendiendo un hombre encapuchado con un ak 47 y le disparo en varias ocasiones asestándole 6 balazos  que terminaron con su vida quedando ahí mismo otra persona herida, de inmediato el auto arranco con dirección a la salida que va hacia Tecoanapa.

Esposa, tres hijas y dos hijos de Constantino, han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.

Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente El día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10:00 el señor Hermelindo Díaz Pérez, se encontraba realizando sus labores del campo, en el paraje denominado La Palma II de la Unión, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la  espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el sujeto que estaba parado se dio la vuelta, y Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le empezó a disparar en ráfaga, por lo que él se tiró al suelo y rodó por la loma hasta que logró escapar, sus hermanos salieron en su defensa y con un rifle calibre .22” que utilizan para cazar animales del campo, repelieron la agresión y ante los disparos acudieron en su apoyo los Policías Ciudadanos de La Unión quienes repelieron la agresión, quedando en el tiroteo dos de los agresores muertos y un detenido.  A uno de los muertos se le encontró su credencial de elector, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de La Barrita, Municipio de Petatlán, Guerrero, por el origen de esta persona se confirmó que era cierta la amenaza de que los iban a seguir hasta donde estuvieran para acabar con ellos.

No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez  sea una represalia, ya que el viernes 9 de Diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de 1ª instancia del ramo penal del  Distrito Judicial de Mina.

Puntualizamos que el Gobierno del Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados de la Unión, pues según sus testimonios recalcan que las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 ha disminuido poco a poco hasta quedar sólo un elemento de la policía Estatal haciendo guardia.

De esta manera es muy importante que el Gobierno del Estado no deje el asesinato de Constantino Díaz Pérez como un hecho aislado, por ello, recalcamos las siguientes demandas:

-Investigación y castigo a los responsables.

-Solución a las necesidades de las familias desplazadas de acuerdo a los estándares internacionales.

 

 

 

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

 

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A. C.