Pronunciamiento | Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

asamplea-extraordinaria-2-png

Pronunciamiento

Defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente

 

Chilpancingo, Guerrero, 02 de Julio de 2017.- La realidad de Guerrero, como él en resto del país, nos confirma a cada instante que vivimos en una crisis humanitaria en materia de Derechos Humanos que nos ahoga en sangre e impunidad que, en los últimos años ha sido causada, aparentemente, por grupos del crimen organizado y permitida por  la inacción o aquiescencia de las autoridades y la falta de voluntad política de quienes gobiernan. Todo este contexto genera terror y desconfianza de la sociedad civil hacia cualquier autoridad o funcionario que  han velado por minimizar la violencia.

En Guerrero, tener autoridades que gobiernan de manera paralela a los poderes fácticos, pone en riesgo la vida y la integridad física  de quienes visibilizan los daños que ha causado la irresponsabilidad política del Gobernador Héctor Astudillo Flores para cumplir con sus compromisos de campaña y menos como gobernante en la entidad y, bajo estas circunstancias el rol de muchos trabajadores de los medios de comunicación  ha cambiado de manera drástica, así como para los Defensores de derechos humanos, ya que realizan su trabajo bajo condiciones de alto riesgo  al dar a conocer la realidad del estado y las graves violaciones cometidas principalmente por funcionarios públicos al tener una actitud omisa e impune.

Consideramos que defensores de derechos humanos y periodistas son dos pilares fundamentales que marchan a contra corriente dando voz a los invisibles, por ello condenamos que no exista una investigación real para castigar las 21 agresiones a trabajadores de la prensa en los dos últimos meses y el asesinato de los periodistas Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, el marzo pasado y Francisco  Pacheco, en Taxco,  en abril del 2016, condenamos también que el Mecanismo de protección se encuentre rebasado por el gran número de casos que se han quedado sin resolver, y lo cual dificulta cumplir con un funcionamiento eficaz e inmediato para evitar que más periodistas y defensores sean agredidos o asesinados.

Y es así, bajo toda esta red de omisión que queda impune una situación grave como el asesinato de periodistas y como lo ocurrido el 13 de mayo donde Sergio Ocampo, Jorge Martínez,  Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en Acapetlahuaya, por hombres armados que les despojaron de su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas, con la intención total de censurar la desvergüenza y salvajismo bajo la que viven.

Como organización que defiende y promueve derechos humanos, nos preocupa las amenazas de muerte, el hostigamiento, la discriminación, las agresiones, los asesinatos, la privación de la libertad y hasta el espionaje por parte de quienes deben garantizar una vida digna a la ciudadanía, entre ellos, a periodistas y defensores de derechos humanos.

En ese aspecto reiteramos que la creación de la Fiscalía Especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas no garantiza la seguridad y la salvaguarda de la integridad física y psicológica de quienes realizan la labor de informar, más bien lo que busca el gobierno federal al crear estos nuevos espacios, es deslindarse de los casos de violaciones de derechos humanos a periodistas. Dejar la responsabilidad a las entidades que no cuentan con los recursos humanos y económicos suficientes para resolver este tipo de delitos contra comunicadores, traerá como resultado más casos impunes y menos visibles.

Tenemos claro que el gobierno federal tiene la finalidad de acallar o en su caso exterminar todas las voces que exigen verdad y justicia inhibiendo la labor de  los medios que conservan su compromiso de informar con objetividad los hechos reales, por eso ha invertido tanto en programas de espionaje, para poder tener bajo control la información que pueda evidenciar al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a la Marina o al Ejército mexicano así como a las autoridades estatales.

El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” se suma a las demandas de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero, porque es violentado el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, Lo cual no ocurre y por eso es urgente que los organismos internacionales miren este problema grave de inseguridad que ha cobrado la vida de periodistas que se dedican a investigar a fondo e informar diferentes temas como la creciente violencia en el estado

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *