Foro sobre la Ley de Seguridad Interior

Foro sobre la Ley de Seguridad Interior

Derechos humanos y seguridad: una falsa dicotomía

28 de Marzo de 2017

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En meses recientes, el poder legislativo ha iniciado un debate poco efectivo y serio en el marco de varias propuestas legislativas para aprobar una Ley de Seguridad interior. Existe una tendencia de los poderes públicos de crear una Ley que de facto establecería un régimen de militarización de la seguridad pública y crearía estados de excepción, contraviniendo las recomendaciones y otros estándares internacionales de derechos humanos.

Desde la sociedad civil hemos expresado nuestra preocupación por la existencia de un marco legal que faculta a las fuerzas armadas a ejercer tareas que le son ajenas y que generan violaciones a los derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, perpetuando la impunidad.

Desde los años setentas el Estado de Guerrero ha sufrido en carne propia la militarización. El 70 por ciento de los desaparecidos de la época denominada “la guerra sucia”, tuvieron ocasión en esta Entidad y el Ejército Mexicano jugó un papel central en la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos. Un caso emblemático que ilustra este contexto es el de Rosendo Radilla que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiendo una sentencia contra el Estado Mexicano. En años recientes la militarización en el Estado de Guerrero ha continuado, aconteciendo violaciones graves a los derechos humanos de mujeres indígenas y otras personas, como es el caso de las mujeres Me’phha Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. En todos estos casos la Corte Interamericana analizó el contexto de militarización que existe en Guerrero y declaró la existencia de un contexto de violencia institucional castrense, sobre todo en los casos de la indígenas Me’phaa.  No es casual que de los  cinco casos que han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuatro son del Estado de Guerrero y los responsables son elementos del Ejército Mexicano.

En el marco de la violencia producida por los grupos de la delincuencia organizada y el combate que el estado dice desplegar, la militarización se ha extendido a todo el país, sin que el problema se logre revertir, por el contrario, lo que han aumentado son los índices de violaciones a los derechos humanos, sin que las mismas sean investigadas.

La experiencia empírica y el trabajo diario de las organizaciones de la sociedad civil y  de derechos humanos nos muestra que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública vulnera los derechos humanos de las personas, pues a menudo cometen abusos contra la población, pero además, es una institución hermética, que se conduce en la opacidad en sus actuaciones y carece de controles civiles para que rinda cuentas.  Por ello vemos necesario que las afectaciones de la iniciativa, sus impactos y estrategias puedan ser discutidos en Guerrero que ha sufrido los embates de la militarización y sus efectos y en ese marco dar voz a todas las víctimas.

LAS MUJERES DE HOY: LEVANTAN LA VOZ EN DEFENSA DE LA VIDA

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LAS MUJERES DE HOY: LEVANTAN LA VOZ EN DEFENSA DE LA VIDA

 

       08 de Marzo de 2017, Chilapa de Álvarez, Guerrero.- Caminan en tierra suelta, veredas, cerros, en las  calles empedrados y pavimentadas de las ciudades, suben y bajan escalones, el sol no les detiene, la lluvia les acompaña en su llanto, pocos saben sus nombres, sus rostros son olvidados, pero el grito que las ha mantenido vivas se escucha en las calles, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, saben perfectamente que el enemigo está presente en cada movimiento, pero no las intimida. Así es la lucha de las mujeres de hoy, que se han sumado por cada desaparecido, ejecutado, torturado o preso político.

Desde hace una década el incremento de personas desaparecidas aumento de manera alarmante, tanto que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) se conoce que son aproximadamente 30 mil 942 desaparecidos en el país. Padres, hermanos, esposos e hijos desaparecidos han sido hallados en fosas clandestinas, en bolsas, en cajuelas de automóviles, en barrancas o simplemente sobre la carretera, de los otros más se desconoce su paradero. Posiblemente se encuentren reclutados forzadamente por el crimen organizado.

Ante La mirada de estas mujeres han transitado desfiles enteros de cuerpos desmembrados, calcinados, ejecutados, decapitados o desollados que tienen que soportar con un nudo en la garganta, siempre rogando para que su familiar no se encuentre entre esos cadáveres o restos. “Seguro en algo andaban”, “mejor ya no lo busquen porque les puede ir peor” o “mejor no se metan en más problemas” son unas de las frases con la que las autoridades  buscan quebrar la esperanza, el coraje y la dignidad de las mujeres que luchan y que exigen, a pesar de ser criminalizadas, que se organizan para realizar búsquedas ciudadanas, reuniones, mítines o marchas.

 En el estado de Guerrero existen siete colectivos de familiares de desaparecidos y cinco de ellas encabezados por mujeres, sin embargo en todas existen madres que han dejado todo por exigir la presentación con vida de sus familiares, verdad y justicia, como es el caso de las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, mujeres que han recorrido el país entero y otros países con la misma consigna, con la que han inspirado a más mujeres a levantar la voz a pesar del miedo a enfrentarse al más sangriento enemigo, el Estado.

Por otro lado el colectivo de familiares de Chilpancingo se armaron de valor para denunciar públicamente a sus desaparecidos comunicándose con otros colectivos para sumar fuerzas. De todas ellas, donde sin lugar a dudas las mujeres indígenas son mucho más vulnerables, como el caso del colectivo “Siempre Vivos”, pues la mayoría no habla ni comprende el castellano, y tener que lidiar con la insensibilidad de los ministerios públicos, la revictimizacion del Gobernador y la minimización de su dolor por parte de las autoridades les dificulta aún más acceder a la justicia. Es importante mencionar que incluso las mismas mujeres que trabajan en las instituciones del gobierno han tratado de manera indigna a familiares de las víctimas.

 Tienen bien claro quién es el enemigo, el Estado y todos quienes sirven a sus intereses voraces, que sin empatía alguna al dolor de esta mujeres no han parado de perseguirlas y hostigarlas siendo revictimizadas, han tratado de pararlas y desvirtuar su movimiento pero no han logrado vencer la fuerza que emana del sentimiento de una madre, esposa, hermana o hija que ve en la desaparición de un hijo o familiar  el dolor más grande que pueda experimentar un ser humano.

La impunidad nunca ha dejado de ser una amenaza. Son mujeres que  bajo el sol, para buscar a sus hijos, hermanos, esposos o padres han dejado sus intereses personales para dedicarse exclusivamente a la defensa por el derecho a la vida y libertad de sus familiares, su lucha es inclaudicable y constante, son defensoras de derechos humanos de tiempo completo y el amor a sus seres queridos es tal que están dispuestas a dar su vida por obtener verdad y justicia, no solo para sus seres queridos sino también para que otras personas no pasen  por lo que ellas están pasando, pues no fue su elección más han asumido dignamente su papel de defensoras de la vida.

Por esa razón en el marco del Día Internacional de las mujeres, el Centro Morelos reconoce la lucha de ellas, que han mostrado su dignidad en la exigencia de lo justo “la presentación con vida de sus familiares y castigo a los culpables”, sabemos que estas mujeres no se dejarán vencer por el cansancio, que la lucha de ellas ha sido, es y seguirá siendo la cuna de nuevos puños en alto.

Atentamente:

¡Por una sociedad fraterna y una vida digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

27 MESES DE DOLOR E IMPUNIDAD: EL ESTADO MEXICANO Y SUS INSTITUCIONES HAN HECHO SU MEJOR ESFUERZO PARA EVITAR SER DESCUBIERTOS.

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Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, acompañados por integrantes de diversa organizaciones sociales recorrieron Iguala y Taxco del estado de Guerrero, Xoxocotla, Cuernavaca, Tepoztlan y Amilcingo del estado de Morelos y hoy están en la Ciudad de México para decirle al gobierno de Enrique peña Nieto que, a pesar de los 27 meses de impunidad en que se ha mantenido el caso, la lucha continua y no se detendrá hasta encontrarlos logrando verdad y justicia. Por eso, acudieron hoy a la Basílica de Guadalupe a renovar la fe y pedir a la virgen que les de fuerza y energía para que el próximo año logren encontrar a sus hijos a pesar de todos los obstáculos pues, saben que el 2017 será un año difícil y se enfrentaran a muchas adversidades, por ejemplo será un año en donde el tema electoral opacara muchas luchas, pues la prensa escrita dedicara mucho espacio y tiempo cubriendo el activismo de quienes pretendan ser candidatos por cualquiera de los partidos políticos o candidatos “independientes”, mientras que, en lugar de investigar a los militares por los hechos de Iguala  se pretende blindar el accionar del ejército mexicano mediante una reforma constitucional para otorgarle una carta de impunidad en su participación en tareas de seguridad pública, impunidad que le permitirá asesinar, desaparecer, torturar, realizar allanamiento de moradas, violar sexualmente a las mujeres, todo esto sin ser castigados, mientras que el proceso de privatización de todos los servicios sociales sigue su marcha concretando las reformas estructurales de este gobierno.

A eso y más tendrán que enfrentarse las miles de familias que buscan a sus seres queridos, por eso requieren fuerza y fortaleza espiritual, para seguir luchando en contra de la impunidad, el olvido y los intentos de las autoridades por desviar la atención y la exigencia de castigo a los verdaderos responsables pero, para esto es necesario no dejarlos solos pues, hoy por hoy la lucha de las 43 madres y padres posee toda la legitimidad para llegar hasta donde sea necesario, sin embargo necesitan que los diferentes movimientos sociales se acuerpen en torno a ellos, no dejarlos solos y blindarlos para que no sean afectados por el gobierno y sus esbirros.

EXIGIMOS:

AVANZAR EN LAS LINEAS DE INVESTIGACION  RECOMENDADAS POR EL GIEI.

INVESTIGAR AL EJERCITO MEXICANO.

DETENER A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE HUITZUCO, POLICIAS ESTATALES Y FEDERALES QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN DE LOS 43.

JUZGAR Y CASTIGAR ATODOS LOS RESPONSABLES DE LA MANIPULACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y FABRICACIÓN DE LA INSOSTENIBLE VERDAD HISTORICA.

BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LOS INTEGRANTES DEL MECANISMO ESPECIAL DE SEGUIMIENTO.

 

¡POR UNA SOCIEDAD FRATERNA Y UNA VIDA DIGNA!

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

 

 

ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

BOLETÍN|ASESINATO DE DESPLAZADO NO ES CASO AISLADO

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  • Esposa e hijos han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.
  • No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez sea una represalia.

Ayutla de los Libre, Diciembre 19 de 2016.- El día domingo 18 de Diciembre hombres armados a bordo de un Tsuru blanco privaron de la vida a Constantino Díaz Pérez, uno de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán desde marzo de 2013. El hecho acontecido aproximadamente a las diez de la mañana en el centro de Ayutla ha causado preocupación a los pobladores de la colonia La Libertad, donde actualmente se encuentran reubicados los desplazados.

Constantino Díaz de 36 años, realizaba trabajos eléctricos, razón por la cual acudió a Ayutla para comprar piezas. De acuerdo a la versión de los testigos, él se encontraba comprando algunas refacciones para arreglar el motor de una motosierra, pues de esa manera se ganaba la vida, cuando  un auto  Tsuru blanco con cuatro personas a bordo se detuvo, descendiendo un hombre encapuchado con un ak 47 y le disparo en varias ocasiones asestándole 6 balazos  que terminaron con su vida quedando ahí mismo otra persona herida, de inmediato el auto arranco con dirección a la salida que va hacia Tecoanapa.

Esposa, tres hijas y dos hijos de Constantino, han quedado en un estado de mayor vulnerabilidad pues las condiciones en las que han vivido desde 2013 soy muy precarias.

Ante estos hechos es preciso señalar que no es la primera vez que sufren un atentado ya que justamente El día domingo 21 de julio de 2013, siendo aproximadamente las 10:00 el señor Hermelindo Díaz Pérez, se encontraba realizando sus labores del campo, en el paraje denominado La Palma II de la Unión, Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuando vio que en la loma del cerro se encontraban tres personas y cuando lo vieron dos de ellos se agacharon y el otro se quedó parado dándole la  espalda, Hermelindo le gritó “¿qué hacen allí?” y el sujeto que estaba parado se dio la vuelta, y Hermelindo se percató que en sus manos portaba un rifle de alto poder y le empezó a disparar en ráfaga, por lo que él se tiró al suelo y rodó por la loma hasta que logró escapar, sus hermanos salieron en su defensa y con un rifle calibre .22” que utilizan para cazar animales del campo, repelieron la agresión y ante los disparos acudieron en su apoyo los Policías Ciudadanos de La Unión quienes repelieron la agresión, quedando en el tiroteo dos de los agresores muertos y un detenido.  A uno de los muertos se le encontró su credencial de elector, se llamaba Rodrigo Valdovinos Palacios, vecino de La Barrita, Municipio de Petatlán, Guerrero, por el origen de esta persona se confirmó que era cierta la amenaza de que los iban a seguir hasta donde estuvieran para acabar con ellos.

No se descarta que el asesinato de Constantino Díaz Pérez  sea una represalia, ya que el viernes 9 de Diciembre la señora Catalina Pérez Duque acudió al juzgado de primera instancia a una diligencia en contra del C. Tereso Díaz Núñez quien se encuentra procesado por el asesinato de doña Juventina Villa Mojica, bajo la causa penal 21/2013 en el juzgado de 1ª instancia del ramo penal del  Distrito Judicial de Mina.

Puntualizamos que el Gobierno del Estado es el único responsable de garantizar la seguridad de los desplazados de la Unión, pues según sus testimonios recalcan que las medidas cautelares con las que cuentan desde el 20 de julio de 2013 ha disminuido poco a poco hasta quedar sólo un elemento de la policía Estatal haciendo guardia.

De esta manera es muy importante que el Gobierno del Estado no deje el asesinato de Constantino Díaz Pérez como un hecho aislado, por ello, recalcamos las siguientes demandas:

-Investigación y castigo a los responsables.

-Solución a las necesidades de las familias desplazadas de acuerdo a los estándares internacionales.

 

 

 

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

 

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN” A. C.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A. C.

Comunicado: Ley de seguridad Interior, una amenaza a los derechos humanos: OSC-Centro Morelos

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Ley de Seguridad Interior: una amenaza para los derechos humanos OSC

  • La iniciativa de Ley de Seguridad Interna representa una forma de convalidar la impunidad ante casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por elementos militares.
  • A años de la militarización del Estado de Guerrero la entidad representa el epicentro de la crisis a derechos humanos en el país.

Chilpancingo, Guerrero, a 15 de diciembre de 2016.- Las organizaciones de sociedad civil locales estamos atentos a las iniciativas que pretenden crear una Ley de Seguridad Interna presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional ante la Cámara de Diputados, en las cuales se prioriza y da pie a la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y control social interno. Sobre estas, reconocemos el grave riesgo que representan para el respeto de los derechos humanos y sobre todo ante la grave crisis que presenta el Estado y el país en cuanto a éstos.

La aprobación de una ley de este tipo, permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, en situaciones que no les corresponde, lo que  desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste.

El tener al Ejército en las calles no es una “urgencia” como lo ha manifestado el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Alejandro Ramos, por el contrario, es un peligro para la sociedad en general; los movimientos sociales y organizaciones civiles que defienden y promueven derechos humanos pues su actuar arbitrario se fundamentarían jurídicamente.

La Ley de Seguridad Interior permitiría que las fuerzas armadas tuvieran más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, un escenario propicio para la impunidad. Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana.

Sobre esto cabe señalar que la actuación del Ejército en el Estado de Guerrero desde hace años ha demostrado que la extrema militarización propicia escenarios para masacres y un sinnúmero de violaciones a derechos humanos. Desde el periodo conocido como “la Guerra Sucia” en los años 70, la entidad ha sido testigo de un varios hechos lamentables a manos del Ejército, ejemplo de ello son: la desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en 1974, la ejecución de 11 jóvenes en El Charco en 1998, la tortura de campesinos ecologistas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, ocurridos en 1999, la tortura sexual por elementos militares en contra de varias mujeres en diciembre de 1997 en el municipio de Atlixtac, así como los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, en febrero del 2002; sin olvidar el caso de la desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde también se vieron involucrados.

Varios de estos casos han llegado hasta espacios y tribunales a nivel internacional por su gravedad, siendo en 3 de ellos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra el Estado mexicano en donde señalara las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en el estado de Guerrero y recalcará la preocupación ante su atención de labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, en todos estos casos ha persistido la impunidad en juicios llevados ante el fuero castrense que sólo ha convalidado la “legalidad” de sus atroces actuaciones.

Por todo lo anterior, resulta preocupante que este tipo de leyes puedan ser aprobadas, ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar.

Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios, en especial, por la experiencia que ha tenido la entidad. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos.

 

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C.

Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI)