El gobierno del estado de Guerrero presume que de noviembre de 2021 a junio de 2024 han logrado reducir en un 34 por ciento los homicidios dolosos en la entidad. Han implementado alta tecnología como videograbaciones C5 y drones. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes. La violencia brutal interpela a las autoridades a seguir estrategias de seguridad efectivas para protección de la ciudadanía.
Las imágenes del terror que implantan los grupos del crimen organizado son atroces. Los cuerpos de personas a menudo yacen en las banquetas, calles, en cajuelas de taxis, en baldíos a la luz del día, generando un ambiente de normalidad. La forma en que son asesinadas rebasa la realidad en si misma: personas decapitadas y descuartizadas.
Las autoridades continúan navegando en olas turbulentas. Las promesas de seguridad se traducen en asesinatos y desapariciones. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2024 en Guerrero se registraron 845 homicidios dolosos. En enero 145, en febrero 156, marzo 109, abril 129, mayo 137 y junio 169. La modalidad: con arma de fuego, arma blanca, no especificado y con otro elemento.
Los municipios más violentos de Guerrero son: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Teloloapan, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, La Unión Isidoro Montes de Oca y Chilapa. El corredor de la Costa Chica, desde Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Cruz Grande, Marquelia, Ometepec y Cuajinicuilapa aparentemente goza de una tranquilidad espantosa porque los grupos criminales tienen controlada a la población. La ruta de Azoyú a San Luis Acatlán el negocio de la droga como el cristal, anfetaminas y marihuana llega hasta Iliatenco y Santa Cruz del Rincón, rumbo a la Montaña Alta. La otra ruta que aparenta silencio es Tlapa-Chilpancingo y Tlapa-Puebla. La ruta de muerte, pero que no figura en la atención de las autoridades estatales y federales, empieza en Zapotitlán Tablas, Acatepec, José Joaquín de Herrera, Mochitlán y llega a Petaquillas.
Las estadísticas de la violencia nos dan una lectura apenas cercana a la realidad, sin embargo, está muy lejos de explicar el impacto que los hechos de violencia tienen en el imaginario colectivo. En una comunidad los asesinatos son esporádicos, resulta difícil comprender las agresiones con tanta saña. Un asesinato causa un escándalo en los núcleos comunitarios, dos o tres queda marcado en la memoria para siempre. Desde la concepción de los pueblos originarios las prácticas de la delincuencia organizada es un horror porque no hay un aprecio a la vida. Esta lógica es incomprendida por las autoridades estatales y federales. No se trata de reducir los índices de violencia, sino de proponer un proyecto de vida. Se justifican señalando a gobiernos anteriores de la casi insalvable situación.
Chilapa era uno de los municipios donde se respiraba tranquilidad. Muy famoso por su mercado regional, muchos turistas acudían para caminar en sus calles donde lucían canastos y otras artesanías. Familias indígenas llevaban sus productos para venderlos. Los campesinos sembraban flores para ir a venderlos en ese mercado dominical. Desde el 2016 ya no fue posible por la disputa que libraban los grupos de la delincuencia organizada. Ahora los terrenos eran para sembrar cuerpos de personas.
El SESNSP registró 11 homicidios de enero a junio de 2024 en Chilapa. Enero con 4, febrero 2, marzo 3, abril 1, mayo 0 y junio 1 asesinatos. Mientras que con un conteo hemerográfico que realizamos contabilizamos 13 asesinatos de personas de enero al 18 de julio.
El 7 de enero Ofelia N, Ángela N y Mercedes N, quienes se dedicaban a la venta de pollo, fueron asesinadas por hombres armados cuando realizaban la tradicional levantada del niño Dios. El 12 de febrero fueron encontrados en la carretera Chilapa-Tlapa los cuerpos de Roberto, Gaudencio, José y Cecilia que habían sido reportados como desaparecidos desde el 19 de enero. Era una familia que fueron privados de su libertad por hombres armados en la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. El martes 12 de marzo el indígena nahua Tomás Morales Patrón, aspirante por Morena a la alcaldía de Chilapa, fue asesinado a balazos por una persona sobre la calle 10 Norte, esquina con Río Ajolotero, en el barrio Dulce Nombre. A pesar de que la comandancia de la policía municipal estaba cerca no actuaron. Una semana después en el mismo municipio fue asesinado a balazos Antonio Crespo Bolaños, regidor nahua de Morena del cabildo de Chilapa, cerca de las 13:30 horas sobre la avenida Municipio Libre.
El 23 de mayo perdió la vida Pedro Vázquez Matías, quien iba con un grupo de 300 indígenas nahuas que pertenecen al Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), cuando se armaron de valor para tomar la comunidad de San Gerónimo Palantla, municipio de Chilapa. Se enfrentaron con el grupo delincuencial Los Ardillos que llevaban metralletas Barret de 50mm. El 30 de abril el gobierno municipal y estatal se comprometieron en vigilar el territorio de San Gerónimo Palantla, Nuevo Amanecer y Xochitempa, por los ataques de la primera con estas dos últimas comunidades. No pasó nada. Suman 26 ataques con arma de fuego en lo que va de 2024. Las amenazas y los ataques son frecuentes del grupo delincuencial que impera en la zona. A la autoridad poco le interesa la paz, prefieren que sigan asesinando a la gente pobre.
El 11 de junio alrededor de las 19:00 horas una llamada de emergencia reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre baleado en un terreno baldío entre las colonias Loma Linda y Nueva Orleans en Chilapa. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido. El 18 de julio María de Jesús Pesa de la comunidad nahua de Alcozacán y su ahijado Roberto Verales de Buenavista fueron asesinados a balazos en el entronque de El Jagüey, cerca de un retén del ejército y la Guardia Nacional. Estas agresiones llevan años. De 2018 al 2024 han sido asesinados por lo menos 56 integrantes del CIPOG-EZ y la policía comunitaria de la CRAC-PF, y 23 personas están desaparecidas. La violencia es un lastre que viene de años, pero que se mantiene en los últimos seis años con el gobierno de la cuarta transformación. Los grupos de la delincuencia organizada permanecen enquistados en las estructuras del poder político y controlan los flujos económicos en los centros turísticos y en las comunidades. Sus estructuras están enraizadas en los tejidos sociales y comunitarios. Tienen el permiso de las autoridades y de los políticos para matar y desaparecer. La economía criminal es una de las más grandes en el mundo y en los Estados. Es una red compleja que las mismas autoridades mantienen por intereses oscuros. La complejidad para la construcción de la paz se encuentra en los vínculos que tienen las autoridades con los grupos delincuenciales. Por eso en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es rebasada por la violencia generada por los poderes fácticos, los grupos del crimen organizado. Todo sería posible si estuvieran dispuestos a desarticular a las bandas delincuenciales que tienen controlados territorios y si su política de seguridad estuviera centrada en la protección de las ciudadanas y ciudadanos de a pie.