COMUNICADO | Las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin avances en materia de acceso a la justicia.

Las ejecuciones extrajudiciales de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús siguen sin avances en materia de acceso a la justicia. 

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       Chilpancingo, Guerrero / San José, 12 de diciembre del 2017.- Hoy se cumplen seis años de la represión violenta contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la autopista de El Sol ⎯en el tramo conocido como Parador del Marqués–, mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela. La intervención violenta, por parte de la fuerza pública, dejó un saldo de dos estudiantes ejecutados extrajudicialmente: Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Hubo también, cinco heridos, 23 detenidos arbitrariamente, uno de ellos torturado para que se confesara culpable de haber disparado en la protesta.

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A la fecha, el caso se encuentra impune. Los únicos policías que estaban procesados fueron liberados por falta de pruebas, dado que el Ministerio Público realizó un trabajo deficiente en el resguardo de la escena del crimen y recolección de evidencias, que pudieron ser pruebas claves para demostrar la responsabilidad de los implicados.

Por esta falta de resultados en la investigación y el retardo de las pesquisas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, para que sea el Sistema Interamericano el que verifique si el Estado mexicano incurrió en responsabilidad internacional, al realizar actos de uso excesivo de la fuerza pública y uso de armas letales en la contención de manifestaciones públicas, lo que se traduce en violaciones a los derechos de libre expresión, asociación, integridad física y el derecho a la vida.

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Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por primera vez —haciendo uso de sus facultades constitucionales—emitió una recomendación por graves violaciones a los derechos humanos a varias autoridades federales y estatales, sin que a la fecha se haya dado el más mínimo cumplimiento.

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Como organizaciones firmantes, consideramos que la tragedia que nos envuelve se debe a una clase política indolente e insensible ante el dolor de las familias por las ejecuciones de jóvenes a manos de policías criminales. El Ejecutivo estatal en vez de impulsar las investigaciones de estos crímenes cometidos por las mismas corporaciones policiales, se empeña en impulsar una Ley de Seguridad Interior (LSI), que impone el uso de la fuerza con la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Este episodio de nuestra historia no fue el primero ni el último, sino que responde a una dinámica estructural y una cadena de violencia en la que se implican activamente la policía y el Ejército mexicano, con el objetivo de reprimir a través del uso desmedido de la fuerza y la violencia con resultados de impunidad flagrante. En Guerrero seguimos siendo víctimas de la acción violenta de un Estado, en donde la violencia y la impunidad se imponente, y en donde grupos caciquiles se han erigido como amos y señores en una región sumida en la pobreza.

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La historia, que está escrita con sangre en Guerrero, es el ejemplo más contundente del fracaso de una política de seguridad militarizada que arroja cifras alarmantes por el número de desaparecidos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la multiplicidad de testimonios de personas que fueron víctimas de tortura por parte de las fuerzas militares y de las mismas corporaciones policiacas. No podemos permitir que la violencia se legitime y se mantenga en impunidad como regla.

En ese sentido, a seis años de las graves violaciones contra los normalistas y a la luz de las discusiones actuales en torno a la Ley de Seguridad del Estado, las organizaciones firmantes exigimos:

-Cese a la impunidad, y garantías efectivas para el acceso a la justicia por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús;

-Castigo a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos;

-Cese la persecución contra la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; y

-Respeto al modelo educativo de las y los normales rurales del país.

Atentamente

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos”

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Boletín de Prensa | IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Boletín de Prensa

IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DESAPARICIÓN FORZADA Y BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

 

  • Exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.
  • Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años
  • reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas no localizadas que depende de la Fiscalía General del estado

 

   Chilapa de Álvarez, Guerrero, 10 de Diciembre de 2017.- Colectivos de Familiares de Desaparecidos y Organizaciones Civiles que defienden y promueven derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación ante la falta de consideración de nuestra opinión para la designación de la persona que esté al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas

por lo que exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.

Debido la magnitud y complejidad que en Guerrero representa la desaparición forzada y por particulares es importante que podamos contar con una  fiscalía que no dependa de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es decir, que sea autónoma y con recursos económicos, materiales y humanos propios, que le permita trabajar de manera transparente, eficaz y con sensibilidad humana hacia las familias porque, hasta el momento los resultados no han sido favorables para los colectivos y tampoco se le está haciendo frente a la desaparición.

Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años la cual les ha dejado una amplia experiencia y que les da la capacidad para proponer el perfil de quien estará al frente de la Fiscalía especializada.

Les recordamos una vez más el caso de Diana Paulina Rendón Alcaraz, niña de 13 años, desaparecida y posteriormente asesinada en Chilapa así como el de los tres hermanos desaparecidos y después encontrados asesinados, ambos casos en el barrio de la Villa.

Ha pasado mucho tiempo en que las instituciones del gobierno han permanecido inmóviles por depender económicamente de las participaciones federales de presupuesto, esto ha generado actos revictimizantes porque no están atendiendo debidamente los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas; en el caso de la Fiscalía regional, primero culpó al Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF de causar los malos olores que hay en el SEMEFO de Chilpancingo para impedir que realicen el trabajo de identificación de cadáveres que familias de Chilapa, Zitlala y Atlixtac solicitaron para hacer una búsqueda post mortem con cuerpos hallados en Zitlala, Chilapa y Tixtla que están en calidad de desconocidos para ver si alguno de ellos corresponde a sus desaparecidos; ahora esos trabajos de identificación se han pospuesto hasta que existan mejores condiciones.

Por ello reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas que depende de la Fiscalía General del estado, y para el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud, de lo contrario, el acceso a la verdad y la justicia siempre se encontrará bloqueada por falta de recursos.

En cuanto a la CEAV, los diputados han impuesto al Titular, Luis Camacho Mancilla y el presupuesto ha sido asignado sin consulta previa a las víctimas indirectas de desaparición ni a familias desplazadas y, sin un diagnostico real sobre las necesidades que tienen, por lo tanto, con dicho presupuesto imposible que puedan cubrir las necesidades básicas para ellos; recientemente, las víctimas de desplazamiento forzado, Salomón Lara y Crescencia Zapoteco acudieron al hospital general de Chilpancingo y la CEAV les otorgo ochenta pesos a cada uno para alimentarse dos días, lo cual es realmente indignante.

Por lo anterior insistimos que el estado de Guerrero requiere una CEAV que atienda a las víctimas de manera digna y no solo pague salarios a su plantilla de burócratas. Poniendo los ejemplos anteriores exhortamos a los Diputados del Congreso de estado de Guerrero a que se escuche la voz de los colectivos de víctimas y organismos civiles de derechos humanos para que quién sea elegido al cargo de fiscal especializado en desaparición forzada tenga el aval de los cientos de familias afectadas del estado de Guerrero.

Hoy 10 de diciembre, cuando se cumplen 69 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México y el estado de Guerrero viven una aguda crisis humanitaria relacionada a la violencia que ha dejado en los últimos 11 años más de 167 mil asesinados, 300 mil desplazados y cerca de 35 mil desaparecidos. El 2017 ha sido por mucho el año más violento desde el año 1997, donde se han cometido 20,878 homicidios lo que significa una tasa de 16.9 homicidios por 100 mil habitantes para el país, mientras que Guerrero alcanzó la segunda tasa más alta, 53.34 homicidios por 100 mil habitantes debido que han ocurrido más de 2,100 homicidios en el estado de Guerrero.

El fenómeno de violencia tiene como contexto que Guerrero es el primer productor de amapola, el segundo estado más violento y el tercer estado más pobre del país. Sin embargo todo esto no justifica pobreza ancestral y lacerante de Guerrero. En palabras de Louise Arbour, en 2006 como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “La extrema pobreza es una clara ilustración de la indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de los derechos humanos, ya que las personas que viven en la pobreza se ven enfrentadas a diario a violaciones de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, … la pobreza es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana… la responsabilidad primordial recae en los gobiernos.” Muestra de ello es el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundido hace 3 días y que señala que Acapulco como la demarcación municipal de todo el país con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema.

En el 69 aniversario de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos, exigimos a los diputados:

1.- NO APROBAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL FISCAL ESTATAL PARA ENCABEZAR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ACORDAR LA PUBLICACION DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA QUE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS, LA CIUDADANÍA, ASÌ COMO LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS PARA DICHA RESPONSABILIDAD.

2.- QUE SE LEGISLE PARA QUE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS PUEDAN CONTAR CON UNA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS QUE NO DEPENDA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO ES DECIR QUE SEA AUTÓNOMA Y CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS PROPIOS.

3.- QUE EL TITULAR DE LA CEAV NO UTILICE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR SU PLANTILLA DE BURÓCRATAS, LO QUE RESULTARÍA EN UN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS.

 

¡¡¡POR EL CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL E INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO!!!

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

“Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre la Muerte”

Colectivo de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus desaparecidos

“Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País”

“Familias de desaparecidos de Chilapa”

 

NO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

NO A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

#SeguridadSinGuerra.

         La militarización en Chilapa no es nueva, prácticamente desde que apareció el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994, los militares se desplegaron por toda la región, torturando a los hombres principalmente de comunidades del municipio de Ahuacuotzingo,  violando sexualmente a 2 mujeres me`phaa de una comunidad del municipio de Atlixtac a principios de diciembre, los derechos humanos de la población indígena principalmente fueron conculcados por los militares, con mayor crueldad en 1997 al combatir a la guerrilla del EPR y,    de hecho los militares nunca regresaron a sus cuarteles, a diez años, en el 2006 al declarar la guerra contra las drogas, se reactiva la presencia del ejército, supuestamente para dar seguridad a la población pero contrariamente a lo que se dijo, el problema de las desapariciones y la ejecuciones cobra cifras alarmantes y hoy son decenas de víctimas directas y mayor el número de víctimas indirectas, mientras cientos de militares y policías van y vienen, aun recordamos como del 9 al 14 de mayo del 2015 aun con la presencia de elementos de la gendarmería, militares, policías estatales y municipales, un grupo de civiles armados tomo la Ciudad de Chilapa y en presencia de policías y militares desaparecieron a más de 30 personas, lo cual por la manera en que sucedieron estas desapariciones deben ser consideradas como desapariciones forzadas.

De nada han servido las muestras de preocupación ante esta realidad por parte de organismos internacionales que han venido a Chilapa para conocer la crisis de derechos humanos que se vive en la región.

A todos nos queda claro que la estrategia del gobierno fue la de permitir que los grupos de la delincuencia organizada sembraran el terror para que la población aterrorizada por tanta violencia y las víctimas vean con simpatía la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la presencia de los militares haciendo tareas de seguridad como si fueran policías.

Aun recordamos que a escasos 4 días de que el 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y a pesar de la presencia de militares y policías, la niña Diana Paulina Rendon Alcaraz a quien ninguna ley nacional, ni recomendación internacional, sirvió para proteger su derecho a la vida y a la integridad física, fue desaparecida y posteriormente asesinada.

Lo que indigno a propios y extraños es que esto ocurriera a pesar de que Chilapa se encuentra militarizado.

Para la ciudadanía no pasa desapercibido el aparatoso despliegue militar del lunes 13 de noviembre, cuando el gobernador encabezó una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero, en las instalaciones de la Casa del Campesino en esta cabecera municipal, a la que asistieron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR), en ese momento el ministerio público estaba negando a la familia de Diana Laura tomar la denuncia por desaparición.

Repetimos, la perversa intención de permitir que el terror se impusiera la manera mas sangrienta posible, la vimos cuando los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior sin que les importara que su contenido contravenga el articulo primero constitucional y, sin tomar en cuenta que existen otros artículos que podrían ser aplicables en contextos como el de Chilapa y otros municipios de Guerrero, lo cual significa que esta puesta en marcha una estrategia de contrainsurgencia con miras no solo a los posibles conflictos poselectorales del próximo año sino que saben que las reformas estructurales apenas empiezan a poner de manifiesto el gran daño hacia la población mas vulnerable y el ejercito es el ultimo recurso para el control social, ante las manifestaciones de protesta.

No podemos permitir ni aceptar una ley que dará marcha atrás a los avances en materia de derechos humanos, pues las intenciones más visibles en lo inmediato son:  Neutralizar actos de resistencia no agresiva, Intervenir comunicaciones privadas, Utilizar cualquier método de recolección de información, Autoriza acciones preventivas con base en su criterio, No se plantean mecanismos efectivos de respeto de los derechos humanos, Intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas, No marca límites de tiempo a las afectaciones, Utiliza definiciones imprecisas, Vulnera los derechos humanos y por último,  El ejército no debe ser usado como mecanismo de persecución política.

 

Atentamente:

¡Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.!

 

Boletín de prensa | Es prioritario que el Gobernador de Guerrero atienda a la Misión Civil de Observación que ha documentado violencia en Chilapa

Boletín de prensa

 

Es prioritario que el Gobernador de Guerrero atienda a la Misión Civil de Observación que ha documentado violencia en Chilapa

         Chilpancingo, Gro, 28de Noviembre de 2017.- Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se reúnen con autoridades estatales encabezadas por el Secretario General de gobierno, cuando la insistencia a sido que sea el mismo gobernador quien recibiera a los representantes de las diversas organizaciones, a cuarenta días de que se llevara a cabo la Misión Civil de Observación en Chilapa donde se documentaron casos graves de violaciones de derechos humanos al reunirse con familiares de desaparecidos y acudiendo a las comunidades donde se ha dado el desplazamiento masivo forzado interno.

Como recordaremos la MCO se llevó a cabo durante dos días, el 19 y 20 de septiembre, el primer día se documentaron testimonios principalmente de mujeres indígenas que se enfrentan a la impunidad frente a la desaparición y el 20 se llevaría una reunión, ya agendada con el Gobernador Héctor Astudillo Flores y con otras autoridades estatales, sin embargo, esta se tuvo que  posponer debido a los daños que causó el sismo del 19 de Septiembre.

Durante la misión Civil de observación las organizaciones se percataron que las víctimas de delitos graves no son atendidas, hay una ausencia de verdad y justicia así como un fuerte contexto de inseguridad, desde hace aproximadamente tres semanas se nos informó que la audiencia solicitada seria atendida por el Secretario General de Gobierno, fijándose este día a la una de la tarde y, a pesar de que esa no fue la petición original decidimos acudir y aprovechar para plantear de manera general varios puntos que nos mantienen preocupados y que fueron planteados por las integrantes de Amnistía Internacional,  Servicios y Asesoría Para la Paz , y el Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,  entre los puntos mencionados se encuentran los siguiente; la violencia en Chilapa de Álvarez, el desplazamiento forzado interno, la desaparición forzada y cometida por particulares, agresiones a periodistas y a defensores comunitarios de derechos humanos. Siendo esta la causa de la insistencia de ser recibidos por el ejecutivo estatal, antes de que concluya el presente año.

Al final de la reunión el secretario general de gobierno nos manifestó que el gobernador lo había instruido para que nos diera a conocer que el está en total disposición de recibirnos antes del 15 de diciembre aunque no se fijo fecha, esperamos que en pocos días nos notifiquen cuando y a que hora nos recibirá, y así mismo el lugar.

Para las organizaciones civiles de derechos humanos esta reunión es de vital importancia porque la violación a los derechos humanos se ha vuelto sistemática y continuada y no basta con la creación de instancia de atención si los resultados no se traducen en beneficios para las víctimas.

Atentamente:

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN

Amnistía Internacional México

Servicios y Asesoría para la Paz “Serapaz”

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Red TDT”

Brigadas Internacionales para la Paz

Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad

Boletín de Prensa | LO QUE LA SOCIEDAD MEXICANA NECESITA NO ES LA MILITARIZACIÓN

Boletín de Prensa

LO QUE LA SOCIEDAD MEXICANA NECESITA NO ES LA MILITARIZACIÓN

   Chilapa de Álvarez, Gro, 30 de Noviembre de 2017.- La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con mucha discreción y sin considerar la opinión de las organizaciones civiles nacionales e internacionales que hemos manifestado la preocupación de lo que implica tener a los militares en la calle con toda libertad de ejercer actividades que le corresponde hacer a las policías municipal, estatal y federal y mucho más.

Lo que la sociedad mexicana necesita no es la militarización de esta, sino todo lo contrario, los militares tienen que dejar las calles de manera paulatina, devolviendo a las instituciones civiles el mando y conducción de la Seguridad Publica.

Si bien ya habíamos manifestado nuestra postura sobre la aprobación de la LSI hoy estamos más preocupados por la gravedad que implica la militarización porque el contexto violento se ha complicado este último año aun cuando ya hay una fuerte presencia militar en las calles, donde muchas veces los elementos del Ejército muestran una actitud prepotente hacia defensores de derechos humanos criminalizando la labor que realizan al acompañar a víctimas del crimen organizado o incluso del mismo Estado.

Ponemos como ejemplo el caso de Chilapa donde los militares han estado instalados como estrategia de seguridad desde hace más de dos años y ahora la violencia ha incrementado, incluso se han cometido delitos cerca de los retenes militares y la respuesta por su parte ha sido omisa.

Reiteramos que el panorama que nos espera al poner en marcha esta ley son múltiples violaciones de derechos humanos hacia defensores, periodistas y a la población en general que se manifieste en contra de las decisiones que toman quienes se encuentran al frente de los poderes sin que exista un contrapeso que pueda proteger a las víctimas.

Por ello reprobamos el voto de los Diputados que votaron a favor de esta ley cuando existen antecedentes donde los militares han protagonizado casos de tortura, tortura sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que han llegado a hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Atentamente:

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón

Colectivo Contrala Tortura y la Impunidad A. C.