LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN” A.C., HACEMOS RESPONSABLES AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y A LOS GRUPOS DE PODER FÁCTICO DE CUALQUIER ATENTADO QUE SUFRAMOS EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y EN CUALQUIER LUGAR.
07-04-2020
Primero queremos agradecer a los Organismos Civiles de derechos humanos y a los colectivos de familiares de desaparecidos del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos que nos han manifestado su solidaridad y apoyo, tambien agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación que han dado cobertura a nuestra labor que por 23 años hemos realizado, todos saben que nuestros principos y nuestra dignidad, así como nuestra certeza de la necesidad de un cambio economico y social nunca ha sido negociable y eso es lo que incomoda al gobierno.
En relación al pronunciamiento de solidaridad en nuestro favor, firmada por los grupos que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, queremos complementarlo con algunas cosas que no se incluyeron y que podría ser la punta de la hebra para dar con la madeja en caso de que algo nos sucediera;
1.- Durante la reunión sostenida con el teniente Badillo, fuera del auditorio municipal de Chichihualco donde la gente le reclamó el hecho de que el ejercito acompañara a al grupo armado autodenominado policia comunitaria en la toma de sus comunidades y que los desplazó, un dron filmo de manera intimidatoria a todas y todos los desplazados que se encontraban ahí, incluidos la Licenciada Teodomira Rosales y Sierra y Manuel Olivares Hernández, es de señalar el enojo del teniente Badillo ante la negativa de los desplazados a proporcionar sus datos, ya que para ellos es claro que existe complicidad entre el ejército y el grupo armado.
2.- Por otra parte, los compañeros y las compañeras del Centro Morelos hemos sido monitoreados por personal adscrito a Seguridad Nacional, personas a quienes desde hace varios años tenemos hubicadas y que siempre se han ostentado como “periodistas” y que ahora mantienen una relacion estructural con el grupo de civiles armados autodenominados “policia comunitaria” de tlacotepec que desplazo a las familias. Han identificado lo que consideran nuestros domicilios particulares y que se coordinan con personas que anteriormente estuvierón en el Centro Morelos y que ahora incluso les han brindado alojamiento durante el tiempo que ha durado su labor de “inteligencia” y las han llevado hasta las puertas de la oficina para conocer el modo como realizamos nuestro trabajo, los lugares que visitamos y los domicilios a donde llegamos. Es un seguimiento permanente con el fin de identificar a las personas con las que nos reunimos, sin duda preparando una acción mortal en nuestra contra.
3.- Recientemente, el 22 y 26 de marzo se han publicado reportajes con el fin de desacreditar el trabajo de Manuel Olivares, señalandolo irresponsablemente de tener algún vinculo con algún grupo de la delincuencia organizada, Es una campaña extremadamente peligrosa y sumamente dañina, que alienta la acción violenta contra la Licenciada Teodomira Rosales Sierra y el C. Manuel Olivares Hernández principalmente, por encabezar la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas. Para nosotros es claro que todo se orquesta desde las oficinas del gobierno del estado donde incluso se ha tratado de sembrar la duda respecto a la honestidad de Manuel Olivares Hernández, diciendole a las Víctimas y a personal del Centro Morelos que en varias ocaciones ha recibido apoyos del gobierno del estado.
Es menester recordarle al gobierno Federal y Estatal que desde que permanecimos acompañando a las familias desplazadas ante las puertas de Palacio Nacional por 38 días, en febrero- marzo de 2019, las demandas entre otras han sido; 1.- La Construcción de las condiciones de seguridad para el retorno de las familias a sus comunidades de origen, 2. – La instalación de un Perimetro de Seguridad entre los Municipios del General Eliodoro Castillo y el de Leonardo Bravo, 3. – Que la Guardia Nacional tome en sus manos el control de la seguridad pública, 4.- Que se haga un recuento casa por casa de las perdidas para resarcircelas a los dueños y, durante todo este tiempo, hemos sido fieles defensores de las demandas de las familias desplazadas.
Ahora le preguntamos al Gobierno Federal y Estatal y a su grupo de poder fáctico; ¿de donde ha salido la version perversa de que estamos al servicio de un grupo de la delincuencia organizada? Lo que si queda claro es que nuestro trabajo en apoyo de las víctimas de la violencia desatada por los grupos que se pelean el control del territorio, visibiliza la omisión y los intereses de algunos agentes del estado que apoyan a algún grupo delincuencial y, al mantener el tema ante la opinión pública y ante el escrutinio internacional no les permite concretar sus planes de posicionar a un solo grupo que tenga el control del territorio pero, los mas importante seria conocer que intereses hay detrás de esa intención.
Tambien es claro que nuestra postura firme como defensoras y defensores ante las diferentes instancias gubernamentales, ha generado malestar entre varios funcionarios que han obstaculizado el apoyo constante a las familias desplazadas para una estancia digna en la cabecera municipal de Chichihualco. Esta animadversión en nuestra contra, así como la agresión de la policía del estado y los amedrentamientos del ejército, acompañados de una campaña de denostación que deja entrever amenazas por el trabajo que realizamos en defensa de las familias desplazadas, nos colocan en una situación extremadamente grave temiendo por nuestra seguridad y nuestra vida.
Por último, en estos momentos en que se han intensificado los enfrentamientos muy cerca de Chichihualco, preguntamos a los gobiernos federal y estatal ¿hasta donde quieren que corra la sangre para poner un alto a tanta violencia? ¿Que tanto les cuesta replegar y desarticular a los grupos delincuenciales que han provocado tanta violencia, muertes, desaparecidos y desplazados y que la Guardia Nacional tome en sus manos la seguridad en los municipios de Leonardo Bravo y Eliodoro Castillo? ¿Por qué el interes de posicionar a un grupo para que ejerza el control en todo ese territorio?.
Atentamente
Lic. Teodomira Rosales Sierra
Directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”